Tinta Socialista. No. 180. EL REGISTRO DE LÍNEAS TELEFÓNICAS EN MÉXICO COMO MEDIDA DE CONTRAINSURGENCIA

El registro de las líneas de teléfono móvil con la Clave Única de Registro de Población (CURP) biométrica, credencial de elector, pasaporte o cédula profesional del usuario del servicio de la compañía celular legaliza la medida contrainsurgente de espionaje político, porque permite al Estado acceder a información personal a través de la intervención de dispositivos móviles sin una orden judicial para el control social, principalmente de luchadores sociales, defensores de derechos humanos y periodistas críticos.

Bajo la justificación de contener el alza en los delitos relacionados con las extorsiones y el crimen organizado en México, el gobierno morenista impuso la reforma a la ley de telecomunicaciones aprobada por el Congreso de la Unión para establecer de manera obligatoria el registro de líneas telefónicas celulares, sin mayor oposición.

El espionaje político en México como medida de contrainsurgencia no es nuevo, comenzó a desarrollarse a principios del siglo XX por medio de la Sección Primera de Gobernación como departamento de información política, y se consolidó en 1947 con la creación de la Dirección Federal de Seguridad (DFS). La citada agencia de inteligencia se creó con el objetivo de operar como policía política y se encargó, entre otras tareas, de espiar, investigar y perseguir a luchadores sociales, revolucionarios y a periodistas críticos.

La DFS fue un organismo creado por el Estado que operó con total impunidad en el cometido de detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas durante el periodo conocido como la guerra sucia para combatir organizaciones revolucionarias, supuesta amenaza de un enemigo interno a vencer.

Tras su disolución en 1985, la DFS se convirtió en Dirección General de Investigación y Seguridad Nacional (DISEN), en 1989 cambió su denominación a Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), y en 2018, por mandato del Lic. Andrés Manuel López Obrador, se renombró nuevamente a Centro Nacional de Inteligencia (CNI), situación que demuestra la continuidad del espionaje político como medida contrainsurgente del Estado mexicano.

El espionaje político es una medida contrainsurgente a través del cual el Estado busca detectar esfuerzos organizativos para desarticular y desmovilizar al pueblo que se inconforma ante las condiciones de violencia, miseria y explotación económica que enfrenta cotidianamente, por esa razón el Estado mexicano se convirtió en uno de los mayores usuarios de la tecnología para el espionaje en el mundo. La adquisición del software Pegasus, utilizado para infiltrar dispositivos móviles es botón de muestra de esta política de Estado.

Pegasus es un programa desarrollado por NSO Group, empresa de origen israelí, que ha sido utilizado por gobiernos autorizados para infiltrar de forma encubierta dispositivos electrónicos de comunicación con el propósito de rastrear la geolocalización en tiempo real, acceder a la correspondencia, escuchar llamadas y extraer información sensible de los teléfonos celulares intervenidos.

Bajo el argumento de velar por la seguridad nacional y prevenir delitos relacionados con el terrorismo, el narcotráfico y la delincuencia organizada, el uso de este software quedó en manos de la Secretaría de la Defensa Nacional y del CISEN, principalmente, pero en los hechos utilizaron dicho programa para intervenir dispositivos celulares de periodistas críticos, defensores de derechos humanos y luchadores sociales durante los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.

A pesar de las promesas de campaña del Lic. Andrés Manuel López Obrador de culminar con la era del espionaje político, el gobierno morenista mantiene activa la contrainsurgencia sin que hasta la fecha existan sanciones legales pese a las múltiples denuncias interpuestas por las víctimas ante organismos nacionales e internacionales defensores de derechos humanos, situación que genera un ambiente de impunidad en torno al espionaje sobre quienes ejercen el derecho a la crítica política.

Con la disposición de vincular el número telefónico a datos de identificación oficial y el aviso de suspender la línea por desacato, la administración morenista de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo coronó la política de contrainsurgencia al legalizar esta medida de control social que en gobiernos anteriores se efectuó de forma extrajudicial, ya que en este país el grueso de la población tiene a su disposición por lo menos un teléfono celular a través del cual se comunica diariamente y en el que guarda información personal y de toda índole.

El registro de las líneas telefónicas no responde a la necesidad de asegurar al pueblo una vida libre de violencia, por el contrario, atiende a la preocupación del Estado mexicano por salvaguardar los intereses de clase que administra. Por ese motivo conviene al Estado mantener cierto control sobre la población ante las contradicciones por las que atraviesa el capital monopolista transnacional. En ese tenor, el espionaje político es una forma de materializar la violencia de clase que se ejerce en contra de las masas oprimidas y explotadas.

Es tarea de las organizaciones populares denunciar el uso del espionaje político en México, ya que se ha utilizado a lo largo de la historia para criminalizar la protesta popular y configurar el cometido de detenciones arbitrarias y nuevos crímenes de lesa humanidad contra periodistas críticos, defensores de derechos humanos y luchadores sociales. Por tal razón, cualquier medida de contrainsurgencia que pretenda imponerse debe afrontarse con resistencia y combatividad popular.

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo

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