La persecución política es una práctica vigente en México

Michoacán, a 18 de enero de 2026

A los medios de comunicación
A la opinión pública

El caso de la detención arbitraria, privación ilegal de la libertad y persecución política del ex rector de la Universidad Autónoma de Campeche (UACAM), José Alberto Abud, es una muestra de la existencia de la persecución política en el país; en este caso, por consigna del gobierno morenista de Campeche encabezado por Layda Sansores San Román, quien también ha utilizado el Poder Judicial para criminalizar a periodistas críticos e imponer una política de censura hacia toda voz crítica y disidente a su administración.

Posterior a que la detención del ex rector José Alberto Abud se diera conocer y fuera repudiada por diversas voces de la academia, en la Ciudad de México la presidente Claudia Sheimbaum Pardo niega que dicho acto sea persecución política y otorga completo respaldo a la gobernadora campechana al mismo tiempo que sentencia que si una persona (sea quien fuera) es detenida, es porque en efecto cometió un delito.

Sin embargo, remitiéndonos a los hechos, el Sr. José Alberto Abud mantenía una posición crítica al gobierno de Campeche que intentaba violar la autonomía universitaria para ejercer control sobre la UACAM, al momento de su detención el 12 de enero no se le encontró ninguna droga o sustancia ilegal, por lo que le fueron sembradas por elementos policiacos, posteriormente y de manera sumaria fue destituido de su función de rector. Estos elementos nos hablan de una venganza política del gobierno morenista bajo la consigna de ejercer la persecución política.

Así como el Sr. José Alberto Abud existen varios casos de persecución política en todo el territorio nacional, donde el Estado Mexicano orquesta y ejecuta la detención arbitraria, la fabricación de delitos y/o apertura de carpetas de investigación en contra de periodistas, defensores de derechos humanos, luchadores sociales, activistas y personalidades de opinión crítica o disidente al presente régimen capitalista.

En Oaxaca tenemos el caso de los indígenas mazatecos de la comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón en el estado de Oaxaca, quienes enfrentan más de 200 órdenes de aprehensión y tienen presos políticos por oponerse al cacicazgo de la región; en Yucatán se mantiene el acoso judicial hacia Wilberth Alfonso Nahuat Puc, autoridad indígena de la comunidad maya de Santa María Chi; en Chiapas existe la amenaza de carpetas de investigación en contra de compañeros de nuestro Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) así como, la persecución política y judicial en contra de los compañeros del estado de Michoacán Leobardo Reyes Meza, Noemia Calles Ríos y Jorge Ceja Ramos, además de la prisión de Higinio Bustos Navarro en Veracrúz.

Esta práctica de persecución política no es nueva, los gobiernos del PRI la ejecutaron a través de prácticas autoritarias y represivas como lo fueron la existencia del delito de “disolución social” que criminalizaba la protesta, bajo la administración del PAN el ex secretario de seguridad pública Genaro García Luna abrió carpetas de investigación en contra de luchadores sociales y, ahora que el gobierno está representado por las siglas de MORENA, se hace uso del imperio de la ley para criminalizar la protesta y el descontento popular.

Así la persecución política es violatoria a los derechos humanos y constitucionales, parte del engranaje jurídico utilizado para ejecutarla es la tergiversación del Derecho, la negación del principio pro persona, la violación de los principios que regulan la prueba en todo proceso judicial y la existencia de jueces de consigna que se posicionan a favor de las pretensiones políticas del poder ejecutivo o las élites empresariales; todo este conjunto de elementos nos dejan en claro que bajo el capitalismo, todo el peso de la ley se deja caer contra el pueblo mientras que conocidos criminales de Estado gozan de completa impunidad. Así es como funciona el Derecho Burgués.

Esto nos permite concluir que la persecución política en México existe y se ejecuta contra los explotados y oprimidos, es decir, es una forma de represión con la que se intenta acallar toda voz de protesta y descontento popular.

Ante esta práctica autoritaria debemos de alzar la voz, en donde no hay denuncia política o se impone la censura no hay conocimiento sobre la existencia de más casos, lo cual permite a quienes ostentan el poder negar esta realidad que vive el pueblo mexicano.

También se hace necesario salir a las calles a ejercer el derecho a la protesta, la propia experiencia popular indica que la combinación de la lucha política y la lucha jurídica permiten frenar la persecución política y conquistar la libertad de los presos políticos.

Atentamente:
¡Por la Unidad Obrera, Campesina, Indígena y Popular!

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS