CPDH ALERTA PERSECUCIÓN POLÍTICA Y JUDICIAL CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Pronunciamiento No. 20251230

A los medios de comunicación
A la opinión pública

Nuestro Comité Popular de Derechos Humanos (CPDH) alerta sobre una tendencia gubernamental contra el ejercicio de la profesión del periodismo y la libertad de expresión en México, ya que varios casos donde funcionarios públicos han sido objeto de críticas, estos han ejercido acción penal con el fin de acallar toda voz incómoda y castigar política y judicialmente el ejercicio del periodismo honesto.

En Veracruz el periodista Rafael León Segovia es acusado de terrorismo por la Fiscalía General del Estado de Veracruz, delito grave que no tiene sustento mas que la consigna política y pretensión de la gobernadora Rocío Nahle que le da un trato de delincuente de alta peligrosidad al imponerle la inhumana medida de prisión preventiva oficiosa. Rafael León Segovia es integrante de la Asociación de Periodistas de Coatzacoalcos (APEC) y diversas voces han señalado que las acusaciones por las que se encuentra privado de su libertad han sido fabricadas.

Mientras tanto el periodista Rodolfo Ruiz, director del medio digital e-consulta, fue vinculado a proceso bajo acusación de manejo de recursos de procedencia ilícita, sin embargo, la verdadera motivación está en el ejercicio de la labor periodística al documentar sobre la corrupción al interior del gobierno del estado encabezado entonces por Miguel Barbosa Huerta, escribir sobre actos de corrupción y extorsión por la Fiscalía General del Estado de Puebla y denunciar las redes de operadores destinados a mantener limpia la imagen del actual gobernador Alejandro Armenta Mier.

Otro ejemplo es el estado de Michoacán, donde la Fiscalía del Estado de Michoacán obtuvo de un Juez de Control la orden de aprehensión para detener a una persona por cometer el delito de “ataques al honor” en perjuicio de un funcionario municipal de San Juan Nuevo Parangaricutiro. El motivo fundamental es perjudicar la “reputación” o “fama” del servidor público que junto con la fiscalía michoacana, abren la puerta para imponer la persecución judicial hacia toda persona que exprese su descontento o disidencia.

Así se comprueba una vez más que el aparato judicial es utilizado para ejercer la represión contra toda voz crítica, es decir, se judicializa el ejercicio de la libertad de expresión como una manera de imponer la censura y una única narrativa desde el poder público que, en este momento, está mayoritariamente representado por el partido MORENA.

Para lograr esto se recurre a jueces que actúan bajo consigna política para terminar avalando desde la nefasta practica de fabricación de pruebas hasta la prevaricación por medio de resoluciones y sentencias injustas.

Por tales motivos señalamos que en México la libertad de expresión se encuentra en grave riesgo y ante ello debemos actuar denunciando toda injusticia contra este derecho conquistado.

Atentamente:
Comité Popular de Derechos Humanos
CPDH