La lucha por la presentación con vida de sus familiares y justicia para las víctimas de feminicidio en Chiapas

MADRES EN RESISTENCIA DE CHIAPAS. DE LA JUSTA RAZÓN A LA POLÍTICA DILATORIA.

San Cristóbal de las Casas, noviembre de 2025.

Al pueblo en general.

"...nuestra lucha no busca protagonismo, busca respuestas..."
Madres En Resistencia

Más de un tercio de los estados de este país han constituido colectivos de búsqueda de personas detenidas desaparecida; lo anterior como un instrumento honesto ante la inoperancia oficialista para encontrar respuestas sobre sus familiares desaparecidos. Dichas organizaciones experimentan en carne propia el dolor inconmensurable de no saber sobre el paradero de sus familiares a la par de encontrar a su paso fosas con cuerpos y una descarada displicencia de Instituciones responsables de atender y resolver estos casos.

La situación actual en la política burguesa mexicana protagonizada por la ola morenista de la 4T, en la que se pregonan vientos de paz y humanismo se tiñen de desprecio e indiferencia ante los crímenes de lesa humanidad. Esta es la fórmula del Estado en contra del pueblo trabajador, donde miles de familias son orilladas a las calamidades e incertidumbre de una violencia institucional , plagada de corrupción e injusticia que normaliza los lastres sociales que crean tensión y divisionismo popular a su favor.

El 6 de octubre del presente año, el colectivo Madres en Resistencia de Chiapas, inició un bloqueo/plantón frente a la Fiscalía General del Estado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Nada fortuita está acción ya que sus integrantes desde hace años tocaron las puertas institucionales para denunciar los casos de desapariciones y casos de feminicidio como el de la adolescente Jade Guadalupe Yuing Gómez dentro de las instalaciones del Instituto del Deporte en Chiapas, y ante eso, sólo encontraron letargos de atención y obstrucción en las investigaciones correspondientes.

La reacción del Estado frente a esta protesta fue inmediata, pero no en la atención con carácter resolutivo hacia la exigencia de las Madres Buscadoras, sino en la intentona de silenciar y dividir a este esfuerzo colectivo a través de medidas coercitivas con el objetivo de apagar las voces de descontento que ponen al descubierto la omisión, aquiescencia y comisión de los distintos niveles de gobierno en estos crímenes.

Desde la Fiscalía General del Estado (FGE) encabezada por Jorge Luis Llaven Abarca se intentó ejecutar el desalojo violento hacia el plantón el día 7 de octubre y se asignó esta vergonzosa tarea a la policía municipal de Tuxtla Gutiérrez, (un alto mando de esta corporación indica que la orden "vino de arriba") producto de esta embestida deliberada resultó la agresión por parte de personal policiaco armado hacia integrantes del colectivo de Madres en Resistencia, hecho que se conjunta con distintas acciones represivas y con el uso de la fuerza desproporcionada en diversas partes del estado de Chiapas.

Es decir, macana y represión impartida por el Órgano de Justicia, la FGE con la aquiescencia del gobernador de Chiapas Oscar Eduardo Ramírez Aguilar y la presidente de la República Mexicana Claudia Sheinbaum Pardo por omisión.

Después de este deleznable hecho, las Madres en Resistencia, apoyadas por una gran mayoría de la sociedad, dentro y fuera de Chiapas, mantuvieron la convicción de su lucha, que es lucha de todos, como hermanos de clase, dejando en claro que "...no nos vamos a callar, no nos vamos a calmar, porque el Estado nos debe mucho, nos debe a nuestras hijas, nos deben la memoria de ellas...".

Ante esta actitud combativa que fue respaldada por diversas voces en la exigencia de acceso a la verdad, justicia y memoria por crímenes de lesa humanidad, el Fiscal General del Estado se vio obligado a salir para escuchar las demandas de las Madres en Resistencia, simulando atención y sin un planteamiento que resolviera, hecho que obedeció más a la presión social y uso mediático acostumbrado por los políticos de oficio que en esta coyuntura deslindara al funcionario de la agresión perpetrada el día anterior, eso lo constata el tiempo transcurrido hasta la fecha, sin alguna solución para los casos expuestos, dicho en otras palabras, la política de oídos sordos que lucra con las víctimas mediante la simulación.

Lo mismo hizo, orillado por las circunstancias, el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez Ángel Carlos Torres Culebro lo que evidencia su complicidad en el desalojo perpetrado y la falta de atención a la exigencia de justicia de los familiares en el plantón.

Así pues, el Estado administra los tiempos para sí, da carpetazos, aplica la dilación y hace uso de grupos de choque a través de sujetos desclasados para amenazar y atentar contra quienes ejercen su legitimó derecho a la protesta, sin escatimar recursos para generar una corriente de opinión favorable en personas que no muestran empatía y no comprenden la magnitud del fenómeno.

El caso de las madres buscadoras en Chiapas y de los colectivos de búsqueda a nivel nacional, da testimonio de la realidad que del pueblo mexicano que vive en carne propia la desaparición forzada de algún familiar, cuya responsabilidad recae en el Estado mexicano, ya que éste crimen de lesa humanidad no prescribe.

La actitud contradictoria de las autoridades federales frente a los familiares de víctimas de los desaparecidos confirma una política de impunidad y protección de los perpetradores, que lejos de investigar el paradero de las víctimas se criminaliza a los familiares, colectivos y organizaciones que exigen su presentación con vida, juicio y castigo a los responsables y las garantías de no repetición.

Quienes nos organizamos desde el movimiento independiente nos solidarizamos y sostenemos la exigencia de los familiares de los detenidos desaparecidos, porque el delito de desaparición forzada tiene que erradicarse de toda política de Estado.

Por ello, debemos de mantener la denuncia permanente para darle a conocer al pueblo la existencia de los detenidos desaparecidos, víctimas de una política de Estado cuya negación de este fenómeno solo alienta a los responsables a seguir en el cometido de sus crímenes.

No es con el desentendimiento del problema como se resuelve la exigencia de los familiares de las víctimas, muchos menos con la criminalización de quienes ejercen el derecho a la protesta, requiere de voluntad política para concretar mecanismos de búsqueda con los colectivos de familiares, investigar y castigar a los responsables y conocer la verdad de los hechos, y solamente de esta manera, se garantizará la no repetición en el cometido de los crímenes de lesa humanidad.

¡Por la unidad obrera, campesina, indígena y popular!

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo

FNLS