La ejecución extrajudicial de nuestro compañero Gregorio de la Cruz de la Cruz es un crimen de Estado.

Morelia, Michoacán. Octubre de 2025.

La ejecución extrajudicial de nuestro compañero Gregorio de la Cruz de la Cruz es un crimen de Estado.

La impunidad en que se encuentra el caso de la ejecución extrajudicial de nuestro compañero Gregorio de la Cruz evidencia que se trata de un crimen de Estado con propósito contrainsurgente. La tortura, tratos crueles y degradantes cometidos contra su humanidad, antes de ser ejecutado, es práctica recurrente de efectivos policíacos y militares pertenecientes a grupos especializados.

El 26 de julio de 2023, el entonces gobernador de Veracruz Cuitláhuac García Jiménez (CGJ), mediante una conferencia de prensa convocada en el palacio de gobierno de la entidad declaraba con un lenguaje atropellado, lerdo y, sobre todo, equivocado que, Gregorio fue asesinado por sus compañeros en una borrachera.

Declaración pública que, por un lado, fue el salvo conducto de impunidad para los agentes perpetradores, y por el otro, la pauta para que la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGEV) operara la protección a los criminales y pretendiera ocultar la responsabilidad de Estado en el crimen de lesa humanidad.

El ejecutivo estatal, en esa conferencia de prensa y desde la mesa de seguridad flanqueado por jefes del Ejército mexicano, de la Secretaria de Seguridad Pública y la Fiscal de la entidad, pretendió imponer una línea dictada desde el Estado que consistió en eludir su responsabilidad, perpetuar impunidad y justificar la represión contra el FNLS.

La declaración pública se convirtió en la transmisión de la orden de Estado para instituciones, dependencias, aparatos y agentes de Estado de los distintos niveles para ser ejecutada, principalmente por el Poder Judicial del Estado de Veracruz (PJEV).

Previo a la dolosa e incriminatoria actuación pública de CGJ, se efectuó la operación de Estado, por lo consiguiente, planeada con antelación y articulada por políticos de oficio y agentes de Estado de alto nivel, es decir, funcionarios públicos de la administración pública y PJ, así como mandos de las fuerzas armadas y grupos policiacos. Dicha maquinación se consumó la noche del 22 o madrugada del 23 de julio de 2023 cuando agentes de Estado se ensañaron contra nuestro compañero Gregorio.

De esa fecha hasta hoy no existe ninguna información de parte de la FGEV de Tantoyuca o el gobierno de la entidad veracruzana. La investigación o la situación judicial actual del caso es de un estancamiento premeditado, aunado a la negativa injustificada de entregar la Carpeta de Investigación (CI), a familiares, abogados y a nuestro FNLS, abuso de poder que se justifica al clasificar CI como información reservada.

La CI no ha sido judicializada y las partes componentes de ésta como el levantamiento del cadáver, el reporte pericial (descripción escrita detallada de las condiciones del cuerpo (tortura y heridas letales(, de la escena del crimen, la secuencia fotográfica del cuerpo) y, las breves declaraciones del hijo de Gregorio y la compañera Cecilia, su esposa, no han sido suficientes para ello.

Toda información necesaria que, por derecho corresponde, le es negada a la compañera Cecilia y su abogado; estamos hablando de un caso que permanece en completa secrecía ¿Qué esconde el Estado o qué es lo que traman? Los argumentos son discriminatorios e incriminatorios: por “ser indígena campesino y estar detrás de Gregorio una organización”.

Para comprender el por qué se trata de un crimen de Estado es necesario hablar del contexto. Este hecho deleznable fue ejecutado en un contexto de represión contra nuestra organización a nivel nacional, es decir, contra las comunidades y pueblos que conforman el FNLS, por ello, tal atrocidad de esta magnitud fue un atentado directo contra el FNLS.

El 20 de febrero de 2023 instalamos un platón en la Plaza Regina (PR) ubicada en la zona centro de la Ciudad de Xalapa, Veracruz; acción política realizada con el propósito de exigir solución a las demandas locales y nacionales, entre ellas: la libertad de nuestro compañero Higinio Bustos Navarro, presentación con vida de los revolucionarios Edmundo y Gabriel, la de nuestro compañero Fidencio Gómez Sántiz, cese a la persecución política contra nuestros compañeros y alto a la represión contra el FNLS.

El plantón fue objeto de varios intentos de desalojo por parte el gobierno estatal morenista, acciones gubernamentales que pretendieron coartar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos y constitucionales, sin lograrlo. Nos referimos a la libre expresión de ideas, manifestación y exigencia de nuestras legítimas demandas.

Entre esos intentos destacan:

1. El 20 de febrero trataron de impedir la instalación del plantón con numeroso despliegue de policías municipales y estales de civil y uniformados, encabezados por agentes policíacos de las oficinas de Política Regional (Pol-Reg);

2. En abril pretendieron enfrenarnos con vendedores de artesanías, porque supuestamente esa exposición se realiza cada año. Con información, denuncia y volanteo entre los vendedores, donde proponíamos que se podía ocupar el espacio, abortamos la maniobra del gobierno.

3. Días previos al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con el argumento oficial de evitar que las mujeres nos agredieran durante la marcha por ese día reivindicativo, mediante política regional, pretendieron “convencernos” que nos quitáramos. A esto se sumaron otros llamados, algunos con buena intención, otros por su incomprensión política, inexperiencia en la lucha popular; y, de los argumentos más siniestros eran los que decían que era sólo una lucha de mujeres que en el fondo escondían posiciones política-ideológicas que minan la unidad popular;

4. Pasado un mes, antes de la conmemoración del 1º de Mayo, Día Internacional del Trabajo, de nueva cuenta regresan al plantón los agentes de Pol-Reg, ahora con un despliegue más amplio de estos individuos amagando que sino abandonábamos de manera “voluntaria” PR el desalojo se efectuaría con la fuerza pública, a lo que respondimos intensificando la denuncia en la ciudad capital y en otras regiones del país.

5. Nos rodearon con una estructura de madera con el pretexto de hacer un templete para la prensa, en realidad era para que no fuéramos visibles para el presídium oficial y los contingentes de los trabajadores, medida que no cumplió el reaccionario fin, porque subimos en las escalinatas de la catedral y quedamos a la altura necesaria para ser visibles al presídium del gabinete del gobierno estatal y, lo más importante, nuestras demandas nacionales plasmadas en las mantas fueron percibidas por miles de trabajadores.
Al no lograr “limpiar” PR para ese día, el autoritarismo del gobierno estatal morenista reaccionó, en esta ocasión como VENGANZA política personal de CGJ, el 2 de mayo de 2023 fue trasladado nuestro compañero Higinio Bustos Navarro de manera arbitraria e injustificada al CERESO Duport “Ostión” de Coatzacoalcos, Veracruz.

6. El tres de mayo del mismo año se difundió, por vía Wats app, una calumnia contra nosotros por parte del Ayuntamiento de Ixhuatlán de Madero, Veracruz, al difundir en un audio la falsa acusación de ser responsables de la suspensión de una jornada médica por “haber retenido las unidades que conformaban esa caravana”.

7. Para el mes de julio, la acción política había logrado simpatía en diferentes sectores populares que se mostraban con distintas expresiones y formas de solidaridad. A la par, se logra dejar en claro ante los diversos segmentos de la sociedad que nuestras demandas nacionales son legítimas y que la negación del gobierno estatal morenista de atenderlas y solucionarlas tiene un sustento político hasta la fecha.

La respuesta represiva del Estado, vía administración de CGJ, a la coyuntura política generada en la región de Xalapa por nuestra acción política permanente fue la tortura, tratos crueles y ejecución extrajudicial de nuestro compañero Gregorio de la Cruz de la Cruz, entre la noche del 22 y madrugada del 23 de julio de ese mismo año, un crimen de Estado y de Lesa Humanidad. Lejos de desistir en el plantón, entorno a él, se materializaba la coordinación con los esfuerzos organizativos locales más representativos y combativos.

8. Otro intento que hizo la administración morenista estatal para desalojarnos de PR, aconteció cuatro días antes de los festejos oficiales del 15 y 16 de septiembre, para lo cual, la policiaca oficina de Pol-Reg como punta de la lanza de la represión recurre de nuevo a la utilización de sus agentes en labores de “sutil persuasión”, subiendo el nivel de dichos funcionarios al llegar al plantón el director de esa dependencia; de Protección Civil, de eventos, entre otros achichintles, para exponer propuestas tramposas e inconcebibles:

A) “Retírense porque van a ser arrasados por una avalancha de más 15 mil gentes”;

B) “La pirotecnia puede incendiar su campamento, porque hay mucho material inflamable (papel y plástico)”;

C) “Movemos el campamento (¿?) sólo unos días y regresan el 17”, “si quieren nosotros los trasladamos (¿?) e instalamos (¿?) de nuevo en PR”. El 14 de septiembre los agentes de Política Regional y funcionarios de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz (CEDHV) acuden al plantón a informar que no habrá desalojo.

9. El último intento fue el 8 de marzo de 2024 cuando el titular de política regional pretendió condicionar el traslado de nuestro compañero Higinio a un CERESO de la región con el levantamiento del plantón. Propuesta que lanza en el contexto del cierre de campaña de la hoy gobernadora.

La acción política la sostuvimos por más de 400 días y que su continuidad fue trasladarlo a la Ciudad de México, plantándose frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el 2 de abril de 2024. La permanencia ininterrumpida en la ciudad capital de Veracruz, Xalapa, se logra por la firmeza de las distintas comisiones de compañeros ( sin importar la cantidad de éstos( quienes participaron en las actividades políticas diarias del plantón.

Es un importante pasaje de lucha que logramos desarrollar por la solidaridad incondicional de colectivos populares y sectoriales, así como, el concurso de personalidades progresistas comprometidas con las causas justas, de la región conurbada Banderilla-San Andrés Tlalnelhuayocan-Xalapa; nos referimos a: profesores, estudiantes de la Universidad Veracruzana (UV), jubilados de los trabajadores de la educación, colectivos de familiares de detenidos desaparecidos, comerciantes ambulantes y fijos, organizados y no organizados, artistas independientes y bases del partido político electoral Morena.

Dentro de toda esa práctica de la solidaridad imprescindible, solidaridad popular a la lucha por las legítimas demandas del pueblo y sus organizaciones, en este caso hacia nuestro FNLS, y, de manera particular destaca la contribución en el sostenimiento del plantón, por más de un año, la participación abnegada de la compañera Esther Esparza (qepd) quien estuvo con nosotros desde los primeros días hasta el día del traslado a la ciudad de México. A todos estos compañeros, reiteramos un reconocimiento por su respaldo incondicional, con algunos de ellos aún seguimos coordinando actividades.

La respuesta represiva no sólo se centró en el ámbito de la región huasteca y Xalapa, sino que, fue y es dirigida al conjunto de nuestro FNLS en las regiones del país donde tenemos presencia y arraigo. Las agresiones por parte de los paramilitares en pueblos y comunidades en Chiapas continúan; mientras que, en Michoacán se reactiva la persecución política y acoso judicial contra el compañero Leobardo.

Fueron varios intentos de detener nuestra lucha a nivel nacional durante el sexenio morenista de Andrés Manuel López Obrador como Ejecutivo federal; que ejecutaron sus correligionarios de partido, los gobernadores Rutilio Escandón Cadenas, en Chiapas; y, Cuitláhuac García Jiménez, en Veracruz; lo mismo aconteció en Michoacán, en el sexenio del perredista Silvano Aureoles Conejo.

Agresiones que se agudizaron a partir del año 2019 con la detención arbitraria y encarcelamiento injusto de nuestros compañeros en las entidades referidas, seis presos políticos de nuestro FNLS, en los tiempos de administraciones de la izquierda electoral autodenominada progresistas y falsamente populares.

Regresando al caso que nos ocupa: la tortura, tratos crueles y degradantes, y, posterior ejecución extrajudicial de nuestro compañero Gregorio de la Cruz de la Cruz, víctima directa de este crimen de Estado, preciso es destacar que, desde ese día, su familia y nuestro FNLS hemos sido objeto de revictimización, discriminación y criminalización de parte de funcionarios del gobierno estatal, Poder Judicial del Estado de Veracruz (PJEV) y FGEV.

Por consiguiente, los funcionarios, tratan con saña el caso de nuestro compañero por ser indígena campesino y por su militancia política, así como, con su familia al momento de levantar la denuncia en la Fiscalía de Tantoyuca, en particular y, contra las comunidades organizadas en la huasteca.

En los hechos, respecto al caso, no se ha cumplido ninguno de los compromisos adquiridos por parte de las autoridades judiciales y gubernamentales. Contrario a lo manifestado por el fiscal noveno y la de distrito que, nuestra compañera Cecilia tenía acceso a la CI, ésta fue negada de golpe y a nuestras espaldas con una argucia legaloide que formalizan como resolución de un juez de control en la que establece dejar la CI en reserva de información.

Una y otra vez han negado información a la familia de nuestro compañero Gregorio, no obstante, agentes de la fiscalía se han desplegado en el poblado de Chapopote Chico, Veracruz para identificar a compañeros con la intención de obtener datos para posible incriminación, detención arbitraria o el cometido de otros crímenes.

En la última reunión sostenida en la Fiscalía de Tantoyuca con la titular de la zona norte, una representante de gobierno del estado encargada de Pol-Reg, propusieron a nuestra compañera Cecilia, su abogado y una comisión del FNLS, asumir el compromiso de parte del gobierno del estado y la Fiscalía de “combatir” la resolución del juez de control mediante un abogado de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), que se asignaría a nuestra compañera Cecilia para las diligencias necesarias.
Compromiso que después de cinco meses no han atendido los funcionarios de la institución y dependencia comprometidos, a grado tal que, no han concretado ni la primera parte del procedimiento judicial propuesto por ellos.

Por el contrario, persiste la actitud de indolencia, las prácticas de dilación, simulación y negación de información. Solo ante la denuncia y presión política responden con posibilidades a realizar, por ejemplo, nos enterarnos de que se había nombrado un abogado de CEAV para representar a la compañera, no obstante, ignoramos la actuación de la representación jurídica, por la secrecía y unilateralidad perversa con que se mueve la dependencia y funcionarios para tratar el caso.

La comunicación directa con nuestra compañera Cecilia, que pretenden establecer los funcionarios del estado de Veracruz, es una medida perversa para sacar al sujeto político organizado de su instrumento de representación y defensa al que tiene derecho, es decir de su organización, alejarlo de sus compañeros para tenerlo en una condición de indefensión, para maniobrar, dividir y enfrentarnos.

En lugar de hacer justicia se pretende, por todos los medios, criminalizar al FNLS, negar información para la defensa y obstaculizar la verdad y justicia; ocultar el crimen de lesa humanidad y suplantarlo por un homicidio del fuero común, pleito de “borrachos”; proteger a los perpetradores y; ahogar el caso en la maraña burocrática judicial.

En resumen, todo el aparato del Estado fue dirigido a cometer un crimen de lesa humanidad y de Estado, operado por la administración estatal morenista durante el sexenio de CGJ, en complicidad con la FGEV y PJEV con fines políticos y contrainsurgentes. Para dar continuidad a los planes represivos contra nuestro FNLS, a una distancia de dos años de perpetuado este abominable crimen, sigue bajo el manto de la impunidad tendido y sostenido desde las cúpulas del Estado.

Ni la ejecución extrajudicial del compañero Gregorio; ni la prisión injusta y condena inmerecida de que es víctima el compañero Higinio; ni el asesinato político de Pablo Gómez; ni la persecución política y acoso judicial contra los compañeros Leobardo Reyes Meza, Nohemia Calles Ríos, Jorge Ceja Ramos y contra los trabajadores de la educación de la Sección 40 de Chiapas, es decir, los crímenes de Estado y represión sistemática no detendrán nuestra organización y lucha por nuestras demandas locales y nacionales.

FRATERNAL Y COMBATIVAMENTE
¡Por la Unidad Obrero, Campesino, Indigena y Popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS