Tinta socialista No. 169 Situación del caso de desaparición forzada de los revolucionarios Edmundo Reyes Amaya Y Gabriel Alberto Cruz Sánchez

Ciudad de México, a 29 de septiembre de 2025

La desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya Y Gabriel Alberto Cruz Sánchez es un crimen que sigue su cometido porque las instituciones obligadas a realizar la búsqueda y localización con vida de ambas víctimas no aportan elementos para agilizar el proceso de investigación y búsqueda para conocer la situación actual de las víctimas de la desaparición forzada.

Desde el momento en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió a favor de las víctimas y sus familiares, el amparo en revisión 51/2020 y dictó medidas de satisfacción, reparación y de no repetición, la obligación de las instituciones del Estado consiste en agilizar el proceso que mandató realizar el máximo tribunal de justicia en el país y reponer los derechos violados en la humanidad de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.

A más de 18 años de su desaparición forzada, el obstáculo ha sido el propio Estado mexicano, porque no ha realizado las acciones que pueden generar información importante que conduzca a conocer el paradero actual de las víctimas, ni que se enjuicie y castigue a los perpetradores. Cada una de las instituciones del Estado que están obligadas aportar elementos para el avance del caso han puesto obstáculos para que la desaparición forzada de Edmundo y Gabriel siga causando daño entre sus familiares y en la población en general.

Los primeros en poner obstáculos para acatar la sentencia que emitió la SCJN ha sido la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Secretaría de Gobernación (SEGOB), en un acto de ponerse por encima de la legislación mexicana y los tratados internacionales, instrumentos con los que se fundamenta que en la humanidad de dos revolucionarios se cometió una desaparición forzada cuya autoría material e intelectual es del Estado mexicano, sabotearon la conformación de la Comisión Especial de Búsqueda (CEB), en la primera reunión en la que se concretaría su formación.

La dilación de la Fiscalía General de la República (FGR) para agilizar la investigación y recabar información para tal efecto muestra la intensión de perpetuar el crimen de la desaparición forzada. A pesar de que la sentencia de la SCJN es clara al señalar que dicha institución está obligada a investigar de manera imparcial y exhaustiva el delito de la desaparición forzada, y el ejercicio de la acción penal para que se restablezcan los derechos violados, no ha querido girar ordenes de aprehensión contra todos los implicados en el crimen de la desaparición forzada de dos de los militantes del Partido Democrático Popular Revolucionario- Ejército Popular Revolucionario (PDPR-EPR), así como judicializar actos de investigación; obligación de la dependencia federal.

Por su parte la Secretaría de Gobernación (SEGOB) al ser responsable de la política interna del país, tiene la obligación de vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales al pie de la letra, sin embargo, en el caso de la sentencia que emitió el máximo tribunal de justicia en el país, su actuar es de indiferencia porque en lugar de hacer los llamados necesarios a las instituciones obligadas a cumplir la sentencia que tiene que ver con la restitución de los derechos violados a las víctimas y sus familiares, permite y avala con su indiferencia e indolencia que la grave violación a los derechos humanos siga su cometido.

En ese actuar se dirige la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) que, aunque los familiares de los revolucionarios Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez le han solicitado a la titular de dicha dependencia que contrate a peritos independiente de su entera confianza para realizar las acciones de prospección y búsqueda en los lugares donde se presume puedan encontrarse indicios del paradero de ambas víctimas, hasta el momento no se ha considerado la petición de los familiares, representación jurídica y organizaciones que se han solidarizado con los familiares en la exigencia de presentación con vida de los revolucionarios.

Ante el panorama en el que se encuentra el caso de desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, no se debe olvidar el contexto histórico social en el que se cometió la desaparición forzada de los revolucionarios Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez; además del carácter de sus desaparición forzada, porque ahí vamos a encontrar las razones por las que el Estado mexicano se niega a impartir justicia por un caso tan aberrante de violación a los derechos humanos.

Gabriel y Edmundo son dos revolucionarios que fueron detenidos desaparecidos el 25 de mayo de 2007 por agentes del Estado; por sus convicciones político ideológicas, por lo que su desaparición forzada fue planeada desde las altas estructuras de poder. La negativa a presentar pruebas en manos de la SEDENA y el asesinato de funcionarios públicos que fueron testigos presenciales del hecho prueban esa tesis.

La falta de acción de la FGR muestra que dicha institución no tiene el compromiso, ni la intensión de asegurar el derecho de los familiares a conocer la verdad de los hechos, las circunstancias en las que se cometió la desaparición forzada, el paradero y condición actual de las víctimas; como tampoco que se enjuicie y castigue a los responsables de la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, mucho menos reparar el daño causado en las víctimas, su familiares y pueblo en general.

La SEGOB es una institución que en los hechos no está de lado de las víctimas ni de sus familiares como mediáticamente lo ha manifestado en varias ocasiones la titular de esa dependencia, a pesar de que tiene como una de las funciones en el ámbito federal, coordinar las distintas secretarías del Estado, sus acciones en el caso de Gabriel y Edmundo se basan más bien en coordinar el desacato de la sentencia que emitió la SCJN hace 3 años.

El Estado mexicano muestra que con tal de perpetuar un crimen de naturaleza deleznable como es la desaparición forzada, es capaz de violar su propio marco jurídico; máxime al tratarse de dos militantes del Partido Democrático Popular Revolucionario- Ejército Popular Revolucionario (PDPR-EPR). Aunque esta desaparición forzada no fue perpetrada en la administración morenista, ésta tiene la obligación de acatar el ordenamiento judicial que emitió el peldaño más alto de la justicia mexicana.

Al no acatar la sentencia que emitió la SCJN, en el caso de desaparición forzada de los revolucionarios Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez el gobierno morenista de la “transformación” se convierte en corresponsable del cometido del crimen de lesa humanidad porque con conocimiento de causa desacata medidas importantes para resarcir el daño causado en la humanidad de dos hombres que decidieron luchar por métodos revolucionarios para la superación del régimen de explotación y opresión.

Al dar continuidad al crimen de la desaparición forzada de dos revolucionarios que decidieron luchar por la vía revolucionaria ante la magnitud de la violencia institucional, significa que no es un gobierno que luche por la transformación de las condiciones oprobiosas que genera el régimen oprobioso, sino para dar continuidad al capitalismo como régimen económico y político que sigue cobrando víctimas entre las masas trabajadoras.

No se puede hablar de que en el gobierno actual ya no existe la desaparición forzada, cuando en la práctica se entorpece conocer la verdad de los hechos que derivaron en la desaparición forzada de dos revolucionarios, mucho menos si no se avanza en la implementación de la justicia para los responsables un crimen que lesiona a la humanidad en su conjunto.

FRENTE NACIONAL DE LUCHA POR EL SOCIALISMO

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