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Día Internacional de las Víctimas de la Desaparición Forzada

Sábado 30 de agosto de 2025, por Ciudad de México

Ciudad de México, a 30 de agosto de 2025
A la opinión pública

El 30 de agosto se reivindica a nivel internacional como el día internacional de las víctimas de la desaparición forzada; por la iniciativa y lucha de los familiares, y organizaciones populares independientes, algunas de ellas aglutinadas en la Federación Latinoamericana de asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (FEDEFAM), es que la Organización de las naciones Unidas (ONU) reconoció esta fecha como un día de lucha y de protesta para visibilizar la existencia de éste crimen, por lo que a nivel internacional se realizan movilizaciones políticas para exigir la presentación con vida de los detenidos desaparecidos.

En México, en el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), retomamos este día junto con familiares de las víctimas, de derechos humanos y personalidades progresistas para visibilizar la existencia y continuidad de las desapariciones forzadas como práctica de terrorismo de Estado, a través de actividades de protesta, denuncia y acciones políticas de masas en diferentes estados del país para exigir la presentación con vida de los detenidos desaparecidos, el juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales.

La desaparición forzada de personas es un crimen de lesa humanidad porque a la víctima se le desconocen sus derechos humanos reconocidos no solamente en la legislación mexicana, sino también en el ámbito internacional, lo que significa que se le borra la personalidad jurídica y el reconocimiento de su esencia humana, situación que genera un daño irreversible que marca la vida de los familiares, conocidos y comunidad internacional.

Se cometen sin importar quien se encuentre en la silla presidencial, lo que se traduce en la continuidad del cometido de este crimen que impulsaron los gobiernos anteriores como política de gobierno, y que hoy permanece como práctica del terrorismo de Estado para ocultar la responsabilidad directa de las estructuras de gobierno que participan en el cometido de un crimen tan deleznable.

En el gobierno actual se cometen por todo el país y las víctimas son fundamentalmente trabajadores del campo y la ciudad; su cometido tiene el mismo objetivo desde los gobiernos priistas y panistas, el de mantener el control en la población mediante el terror que genera una desaparición forzada, que en México se ha generalizado los últimos años a partir de la legitimación de la militarización del país.

La cifra actual, reconocida de manera oficial, es de más de 127 mil las víctimas de este flagelo, lo que nos devela que las desapariciones forzadas no cesan, al contrario, aumentan de manera considerable, por lo que no hay justificación para negar su existencia y la responsabilidad que guarda el Estado mexicano en la participación de su cometido.

Desde el momento en el que se comete una desaparición forzada en el que está implicado un agente de Estado, sea de una corporación municipal, estatal o federal incluso un servidor público, el Estado es el único responsable sea por omisión, comisión o aquiescencia.

Investigaciones periodísticas señalan que ahí donde existe mayor contingente de la Guardia Nacional y el ejército, son los lugres donde más violencia institucional se presenta, incluso se da el mayor número de personas detenidas desaparecidas, por lo que afirmamos, que la política de seguridad nacional no es para proteger a la población, la “pacificación” del país ha significado un incremento grandísimo de las graves violaciones a los derechos humanos.

Ante la grave problemática que aqueja al país en materia de desaparición forzada, el gobierno en turno lejos de resolver responde con simulación, indiferencia e indolencia, como lo dejo ver al momento de utilizar las reuniones que tuvo la titular de la Secretaria de Gobernación (SEGOB) con los familiares de las víctimas, para hacer modificaciones s la ley contra la Desaparición Forzada de Personas y presentarla como iniciativa de ellos, que en nada sirve para la búsqueda de las víctimas, mucho menos para que la justicia alcance a los perpetradores de este flagelo.

La justificación es que con la concentración de datos biométricos en la Plataforma única de identidad será más fácil dar con el paradero de los desaparecidos, lo que se oculta es la verdadera intención de ésta, porque el objetivo es tener mayor control de la población para identificar a quienes luchan por mejorar las condiciones de vida del pueblo y dentro de ello la presentación con vida de los miles de detenidos desaparecidos.

En el caso de los revolucionarios Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, a pesar de que existe una sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a favor de ambos y sus familiares, no se agiliza la investigación del caso para conocer la verdad de los hechos y que la justiciase haga efectiva para castigar a los responsables materiales e intelectuales.

Respecto a la situación del compañero Fidencio Gómez Sántiz, ésta sigue sin ser esclarecida, se desconoce su situación actual y paradero porque la Fiscalía de Chiapas, dice haber extraviado la carpeta de investigación, nada más ruin y perverso para mantener en la impunidad a los responsables, a pesar de que henos solicitado a la SEGOB que atraiga el caso ésta ha mostrado indiferencia, bajo la argucia del respeto a la autonomía entre instituciones gubernamentales.

De la misma manera se encuentran los casos de las indígenas triquis Daniela y Virginia Ortiz Ramírez, de Leticia Galarza Campos, el indígena chatino Lauro Juárez, del activista político Teodulfo Torres Soriano, del defensor de derechos humanos Francisco Paredes Ruiz, del profesor Carlos René Román Salazar, de los 43 normalistas de Ayotzinapa y los miles de detenidos desaparecidos que siguen sin ser resueltos.

Sin importar el tiempo de su cometido, al no conocerse las circunstancias de los hechos, la situación actual de las víctimas y mantener la impunidad a los perpetradores del crimen, éste se sigue profundizando, de ahí su carácter continuado e imprescriptible.

El cometido de más crímenes de lesa humanidad contra los familiares que exigen justicia, no habla del nulo compromiso para con ellos y con el pueblo de México, primero para esclarecer el crimen, y posteriormente para reparar el daño con acciones contundentes en la localización y paradero de las víctimas, las garantías de no repetición y en la erradicación de un hecho que lastima a la humanidad en su conjunto.

Este 30 de agosto salimos a las calles de la capital del país para repudiar los crímenes de lesa humanidad como lo es la desaparición forzada de personas, porque no estamos de acuerdo en que se ponga en peligro el derecho a la vida y los derechos conquistados en largas jornadas de lucha de las masas trabajadoras, por lo que el llamado es a mantener la exigencia de presentación con vida con denuncia y acciones de protesta a nivel nacional.

Atentamente
¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!
¡Presentación con vida de los revolucionarios Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez!
¡Presentación con vida de nuestro compañero Fidencio Gómez Sántiz!
¡Presentación con vida de los más de cien mil desaparecidos de manera forzada en el país!
¡Por la unidad Obrera, Campesina, Indígena y Popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS

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