Análisis. De nueva cuenta la jornada electoral refleja la crisis política del régimen

Michoacán, a 1 de junio de 2025

A la opinión pública

Este primero de junio se llevaron a cabo las elecciones extraordinarias del Poder Judicial de la Federación y votaciones para cargos locales en los estados Durango, Puebla y Veracruz ; al finalizar el día y en contradicción a lo que se está difundiendo en los canales informativos oficialistas, salta a la vista el grado de descomposición política del régimen.

Como en los procesos electorales pasados, el abstencionismo electoral se hace presente ya sea en forma de protesta, desconfianza o apatía, esta realidad se confirma con los datos expuestos por la Presidente Consejera del INE, quien en cadena nacional anuncia una esperada participación ciudadana entre 12.57 a 13.32 por ciento y, por otro lado, la presidente Claudia Sheinbaum Pardo celebra la participación de cerca de 13 millones de personas (aunque la población mayor de 18 años en México es de más de 126 millones). Por lo tanto, los personajes que por la venia del partido de Estado (MORENA) ocuparán algún cargo como ministros, magistrados o jueces, lo harán sin respaldo popular, es decir, serán impuestos como juzgadores de consigna.

Ante la falta de legitimidad de estos juzgadores, desde el gobierno federal se han invertido millonarios esfuerzos para invitar a la ciudadanía a emitir el voto, su desesperación se refleja desde el momento que bombardean los medios de comunicación con propaganda gubernamental, distribuyen “acordeones” para “facilitar” el proceso y las cadenas empresariales ofrecen ofertas y cafés gratis para quien acuda a las casillas.

Este proceso electoral se desarrolla en medio de protestas a nivel nacional, en el caso concreto, el paro y jornada de lucha de los trabajadores de la educación para exigir solución a sus demandas y la derogación de la ley neoliberal del ISSSTE del 2007. Desde el gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) se realizaron esfuerzos para desmovilizar a las bases magisteriales, al no poder conseguirlo, desde el púlpito presidencial se vertió una campaña de difamación, desinformación, calumnias e incluso acusaciones de sabotear la elección al poder judicial. En medio de esto el secretario de Educación Mario Delgado manifiesta su convicción reaccionaria hacia el magisterio democrático y la presidente de la república, Claudia Sheinbaum Pardo, expresa con mayor demagogia el mismo grado de autoritarismo que caracterizó tanto a los gobiernos del PRI y del PAN.

El objetivo del gobierno federal es legitimar la imposición, sin embargo, dado el grado de la crisis económica y política del capitalismo, por sí solas afloraron las viejas formas burguesas de hacer política, la violencia electoral, las acostumbradas “trampas” y en esta ocasión, que las boletas que no se utilicen en esta jornada electoral no sean invalidadas ni destruidas. Dicho conjunto de cosas demuestra el grado de descomposición de la democracia burguesa, así como la desconfianza popular a la misma.

En el caso de las elecciones locales en los estados de Durango, Puebla y Veracruz, el derramamiento de sangre de candidatos, la presencia de personas armadas en las casillas, la existencia de viejos feudos políticos, el acarreo, quema de boletas y la corporativización social surgen de forma inherente a la crisis política que no ha superado el régimen.

En medida que la democracia burguesa pierde su funcionalidad para sostener el engaños sobre que nuestro país es el "más democrático del mundo" y por ello se nos llama a darle toda la confianza a la institucionalidad burguesa, se imponen medidas más autoritarias y de carácter fascista como la presencia de personal del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional en la sesión del Consejo General del INE y en casillas electorales, así como, la propuesta del diputado federal Luis Enrique Miranda Barrera del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quien busca la aprobación de una iniciativa que sancione a través de la cancelación de la credencial de los ciudadanos que se abstengan de votar. ¿Cuánto falta entonces para que el abstencionismo electoral sea castigado como delito, se impongan sanciones administrativas (multas) o por medio de los cuerpos policiacos y militares se obligue a las personas de sus casas para votar ?

Por el momento y a manera de conclusión, estos ejemplos exponen con claridad y grado de la crisis política del régimen y concluyen que la democracia burguesa no figura como alternativa para los oprimidos y explotados del país, esto se confirma con el más de 90 por ciento de abstencionismo, por lo que todo gobernante o juzgador que emane de ella (con sus contadísimas excepciones), estará revestido del mismo carácter antipopular del régimen y serán funcionales al mismo.

Atentamente :
¡Por la Unidad Obrera, Campesina, Indígena y Popular !
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS