Posicionamiento de la REDDH ante el paro estudiantil en la BUAP: Entre demandas legítimas y el oportunismo de grupos de poder al interior y fuera de la universidad rumbo a la elección a Rector

H. Puebla de Zaragoza a 3 de Marzo de 2025

Posicionamiento de la REDDH ante el paro estudiantil en la BUAP: Entre demandas legítimas y el oportunismo de grupos de poder al interior y fuera de la universidad rumbo a la elección a Rector

La Red de Defensa De los Derechos Humanos (REDDH), organización popular independiente y comprometida con la protección y promoción de los derechos fundamentales de todas las personas, manifiesta su postura frente a los recientes acontecimientos en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), a raíz del movimiento estudiantil iniciado el pasado 24 de febrero en la Facultad de Medicina y que se ha extendido a diversas facultades y preparatorias.

CONTEXTO

El pasado 24 de febrero estudiantes de la Facultad de Medicina iniciaron una serie de protestas por reivindicaciones académicas que pusieron nuevamente en evidencia la responsabilidad de los directivos de esa unidad académica y de la administración central de la BUAP de la violación del derecho humano al desarrollo de los jóvenes universitarios. Demandas básicas como la reducción en el número de plazas para el internado y las prácticas clínicas demuestran una deplorable y conveniente burocracia institucionalizada y una muestra más del grave problema de desmantelamiento del sistema de salud público.

En los días subsecuentes, las manifestaciones se ampliaron a otras facultades y preparatorias que decidieron irse a paro al mismo tiempo que presentaron pliegos petitorios dirigidos a la rectoría de la Universidad; de manera general plasmaron demandas básicas tanto académicas, como de infraestructura; también problemas latentes como el acoso sexual principalmente y temas de seguridad pública. Algunas de las demandas son: mejores dinámicas de enseñanza-aprendizaje, insumos y mejoras en laboratorios, transparencia en las plazas otorgadas a profesores familiares de directivos que no cumplen con las necesidades académicas, además de tener actitudes prepotentes y hasta discriminatorias; de las unidades académicas que están reubicando en CU2, transparencia ante la reorganización y sus implicaciones en insumos, movilidad y seguridad; pronta atención universitaria como vínculo con el Ministerio Público por los casos de acoso dentro de facultades y preparatorias; acciones prontas que garantice la integridad física, psicológica y moral ante el incremento de la violencia delincuencial en las colonias aledañas a las instituciones universitarias.

La respuesta de la autoridad universitaria fue la de la rápida y superficial resolución del conflicto mediante el compromiso de cumplir algunas demandas de los pliegos, sentando diálogo por cada unidad académica. Si bien pareciera una medida adecuada para las partes; existe una ventaja importante para quienes detentan el poder al interior de la universidad pues impide que la lucha trascienda facultades y que se unifiquen criterios y demandas a fin de fortalecerse el movimiento estudiantil en su conjunto.

LA VILEZA DEL OPORTUNISMO

Para este primer fin de semana de marzo diversos medios de comunicación y los propios estudiantes en paro han denunciado a personajes ligados a grupos politiqueros tanto dentro y fuera de la BUAP, incluso reconocidos por el propio gobernador Alejandro Armenta Mier. Por ejemplo Alfonso Esparza Ortíz invitado por el gobernador a su toma de protesta con la justificación de que mandaron invitaciones a los ex rectores porque no había “orden de aprehensión o sentencia”. Este ex rector, vinculado con el entonces gobernador Rafael Moreno Valle, tienen una liga en común: La Constructora San Marón, misma que construyó la Torre de Rectoría por 732 millones de pesos, la cual con el equipamiento terminó costando 1,300 millones de pesos, uno de tantos proyectos dados en ese sexenio a la misma empresa. Así que no es novedad que operadores ligados a este ex rector pretendan encauzar el movimiento estudiantil a la máxima confrontación para ellos posicionarse frente a las próximas elecciones al cargo de rector.
También no olvidar al entonces rector Enrique Agüera y sus millonarias propiedades en Puebla y diferentes partes del país, incluso en el extranjero, que con salario de rector difícilmente podría adquirir. De la familia Doger como ex rectores tienen en su haber ser quienes impusieron por medio de la represión el dictado neoliberal de privatización de la universidad pública “Proyecto Fénix” que se pretendía extender a todas las universidades públicas del país. José Doger Corte fue el que dio el golpe de estado en la BUAP, desarticuló sindicatos, casas de estudiante y organizaciones estudiantiles para imponer dicho lineamiento neoliberal. Su primo Enrique Doger Guerrero profundizó la ruptura del núcleo social estudiantil por medio del sistema de créditos, lo cual promueve el individualismo exacerbado y la falsa expectativa de mejores condiciones de vida por medio de la narrativa empresarial “ser de excelencia”. Coincidentemente los ex rectores Doger han sido del equipo del actual gobernador Alejandro Armenta Mier.

La actual administración representada por Lilia Cedillo se institucionaliza en el periodo del gobernador Miguel Barbosa, en la efervescencia de MORENA como fuerza política a nivel nacional. Llama la atención que parte de su estructura administrativa principal integra funcionarios que estuvieron en su momento con el ex rector Agüera y ahora también vinculados a MORENA, los cuales promovieron entre la base estudiantil prácticas de división, cooptación e incorporación como operadores con órdenes dirigidas a desarticular a los movimientos estudiantiles democráticos e independientes que iban surgiendo.

En la historia reciente de nuestro país hemos visto que las universidades públicas también fungen de “cajas chicas” de los grupos de poder en el gobierno. El caso estafa maestra en donde ocho universidades del país triangularon dinero a empresas fantasma, ahora utilizando la justificación con obra pública, son un claro ejemplo de que la “autonomía universitaria” es utilizada de acuerdo a la conveniencia económica-política de estos grupos que pretenden mantener el control de la Universidad Pública indefinidamente. Por ello no es raro que estos grupos como operadores de la Rectoría sean los que lancen cuetones por las noches dentro de CU, vigilen con drones, tomen fotografías vestidos de civil, o que de manera perversa manipulen las asambleas e impongan sus objetivos, o que amenacen selectivamente a estudiantes de que no podrán terminar la carrera si siguen participando en el paro, además del corte de luz e internet en las instalaciones de CU, lo cual convierte a los universitarios en lucha, presas fáciles de violencia física y psicológica. Incluso la medida de la rectoría de decretar clases virtuales para desarticular la manifestación estudiantil es otra forma de intentar debilitar el paro.

Por todo lo anterior consideramos:

1. Que el derecho a la protesta social, a la libre expresión, al desarrollo y a la educación digna son derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución y en los tratados internacionales de los que México es parte.

2. Que los reclamos estudiantiles nacen de problemáticas estructurales legítimas que deben ser atendidas con diálogo y no con represión.
3. Que históricamente, los movimientos estudiantiles en México han sido criminalizados, reprimidos y utilizados como pretexto para intervenciones autoritarias de actores con poder económico-político violando la autonomía universitaria.

4. Que en el contexto actual, existe el riesgo de que tanto autoridades universitarias, estatales, partidos políticos y personajes ocultos de la actual y pasadas administraciones recurran a medidas represivas, coercitivas y clientelares para sofocar la protesta legítima.

LA REDDH DECLARA:

PRIMERO. Expresamos nuestra solidaridad con el movimiento estudiantil independiente y democrático, reconocemos la legitimidad de sus demandas por una educación de calidad, transparencia en el manejo de recursos, frenar la impunidad ante las prácticas de acoso sexual y democratización de los espacios universitarios.

SEGUNDO. Exigimos de manera enérgica a las autoridades de la Rectoría de la BUAP para que se abstengan de implementar cualquier medida represiva contra los estudiantes movilizados, incluyendo sanciones académicas, expulsiones o el uso de fuerzas de seguridad universitarias o externas, así como grupos de choque o parapoliciales.

TERCERO. Exigimos al Gobierno del Estado de Puebla que respete irrestrictamente el legítimo derecho a organizarse y protestar del movimiento estudiantil y se abstenga de cualquier tipo de intervención con fines de criminalización o represión del movimiento estudiantil.

CUARTO. Estaremos vigilantes ante cualquier intento de utilizar la fuerza pública contra los estudiantes o de infiltrar provocadores que justifiquen una intervención violenta. De la misma manera, estaremos atentos a denunciar cualquier intento de manipulación del movimiento por parte de grupos de interés que busquen instrumentalizarlo para sus propios fines políticos o económicos. La historia nos ha enseñado que las luchas estudiantiles genuinas frecuentemente son distorsionadas o secuestradas por el vil oportunismo de mafias y cúpulas que aprovechan el descontento para sus propios ajustes de cuentas, desvirtuando las demandas originales.

QUINTO. Denunciamos enérgicamente los intentos de grupos de poder y mafias dentro y fuera de la universidad por utilizar el legítimo descontento estudiantil como moneda de cambio en sus disputas por el control político y económico de la institución. Alertamos a la comunidad universitaria sobre el riesgo de que el movimiento sea cooptado y desviado hacia intereses ajenos a las demandas estudiantiles, convirtiéndose en instrumento para golpeteos entre cúpulas de poder que buscan posiciones y recursos.

SEXTO. Señalamos que detrás del modelo universitario subyace el capitalismo imperialista en su fase neoliberal, causa principal del actual envilecimiento de la educación pública, cuyas dinámicas son la reducción del presupuesto de las áreas del pensamiento afín al cuestionamiento de las condiciones económicas y políticas de nuestro país, la mercantilización del conocimiento, su instrumentalización para seguir las directrices capitalistas del lucro, despojo, explotación y marginación de las masas pauperizadas, todas estas in crescendo en la BUAP y en las universidades públicas de México. Situación que paulatinamente socava el carácter de la universidad como espacio del conocimiento crítico, científico y de formación de la clase trabajadora.

SÉPTIMO. Exhortamos a todas las partes a privilegiar el diálogo político horizontal, transparente y con garantías de no represalias para los participantes en el movimiento como mecanismo de resolución del conflicto.

OCTAVO. Hacemos un llamado a las personalidades democráticas e independientes y a los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales para que mantengan su atención en el desarrollo de estos acontecimientos y contribuyan a garantizar el respeto a los derechos fundamentales de los estudiantes.

DÉCIMO. Denunciamos que la precarización laboral de los docentes y trabajadores universitarios, la falta de transparencia en el manejo de recursos y el deterioro de la infraestructura educativa son problemas estructurales producto de un modelo que privilegia la administración empresarial de la universidad por encima de su función social y educativa.

La REDDH reitera su compromiso de mantenerse vigilante y de documentar cualquier violación a los derechos humanos que pudiera suscitarse en el contexto de este movimiento estudiantil.

Hacemos también un llamado a todo medio de comunicación que difunda información del movimiento universitario a evitar la reproducción de discursos estigmatizantes que criminalizan la protesta estudiantil y justifican la represión.

¡Mesa de diálogo horizontal, transparente y con garantías de no represalias!

Dignidad, Justicia, Libertad
Red de Defensa De los Derechos Humanos
REDDH