Desapariciones forzadas van en aumento porque son política de Estado

Pronunciamiento Núm. 20250211

A los medios de comunicación
A la opinión pública

En su participación en el Congreso del Estado de Michoacán ,el titular de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán, José Alfredo Tapia Navarrete, declaró que el número de desapariciones forzadas en el estado han aumentado porque “hay más denuncias” y que “Hay una serie de problemáticas familiares, sociales, económicas que implican que la gente tenga también ausencia voluntaria”. Tales declaraciones buscan minimizar el fenómeno de la desaparición forzada en el estado y el país.

Desde los gobiernos del PRI y del PAN, la detención desaparición forzada se ejerce por motivos sociales y políticos, donde las principales víctimas son las masas populares, quienes sienten de forma directa la consecuencia de esta práctica del Terrorismo de Estado. Bajo los gobiernos de MORENA práctica persiste a un nivel que a nivel nacional, la cifra de detenidos desaparecidos es de más de 500 mil. En el caso de Michoacán, en 2024 hubo más de 5 mil detenidos desaparecidos, la mayoría perteneciente a los municipios de Morelia, Uruapan, Zamora, Lázaro Cárdenas, entre otros.

El estado de Michoacán se ubica en el cuarto lugar entre los estados con más desapariciones forzadas, donde a nivel nacional, la mayoría presenta una coincidencia: que en su ejecución tuvieron participación elementos de los cuerpos policiacos y militares como la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, así como, sujetos pertenecientes a los grupos paramilitares o del “crimen organizado” que actúan bajo la aquiescencia del Estado Mexicano.

Es un hecho que más personas se animan a denunciar las desapariciones forzadas, esto es debido a que desde el gobierno del estado, la fiscalía y los organismos gubernamentales de derechos humanos poco o nada hacen para presentar con vida a las víctimas, pues tal y como lo señala José Alfredo Tapia Navarrete, desde el primer momento se les considera como “ausentes” o cadáveres en las morgues del Estado. Por ello, los familiares de las victimas de desaparición forzada optan por organizarse en comités u organizaciones, pues está claro que, sin denuncia política ni movilización, no hay garantía que el Estado realice la localización y presentación de los detenidos desaparecidos.

En este punto, es necesario retomar la experiencia de las comunidades indígenas que, en el ejercicio del derecho humano y constitucional a la protesta, se movilizaron para demandar la presentación con vida de los comuneros Armando Martínez Cortés y Genaro Juanillo Martínez de la comunidad de San Antonio Tierra Blancas, Sin las acciones políticas realizadas este caso hubiera quedado entre las miles de cifras de reclamos sin resolver.

Consideramos que es loable proponer una iniciativa de ley para convertir en trámite administrativo la obtención de un certificado de defunción de una persona desaparecida, pero se debe priorizar el tema de la búsqueda y presentación con vida de las víctimas de detención desaparición forzada y el enjuiciamiento y castigo a los autores materiales e intelectuales de este crimen de Estado y de lesa humanidad. Sin embargo, nos encontramos ante la política federal de negar la existencia de detenidos desaparecidos, no contemplar a las víctimas en la agenda gubernamental, desconocer de facto los tratados internacionales sobre derechos humanos y mantener la impunidad en favor de los perpetradores.

Como lo señala la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso de la detención desaparición forzada de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, las víctimas de desaparición forzada tienen el derecho de ser buscadas pajo presunción de vida y se debe de llevar a la justicia a las autoridades involucradas en la ejecución del crimen.

ATENTAMENTE:
¡PORQUE VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!

COMITÉ POPULAR DE DERECHOS HUMANOS
CPDH