Tsajal Ek´ No. 36. Presencia del Ejército y Guardia Nacional en las calles supone aumento de violaciones a los derechos humanos

Tsajal Ek´ No. 36
Análisis y propuestas del FNLS en Chiapas
25 de enero de 2023

Presencia del Ejército y Guardia Nacional en las calles supone aumento de violaciones a los derechos humanos

Del PRI al PAN y del PRI a MORENA, la política es la de fortalecer el Estado policíaco militar a través de la militarización de espacios públicos con respaldo legal. Cada político de oficio en el poder justifica la presencia del Ejército en las calles, una verdad que ocultan los defensores del régimen, que su verdadero objetivo es generar las condiciones para revertir con represión y graves violaciones a los derechos humanos los esfuerzos organizativos y voluntad de lucha del pueblo.

En el último mes del año pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló la presencia militar en las calles para tareas de seguridad pública. Con cinismo aseveran conocer las implicaciones sobre el despliegue de las Fuerzas Armadas y justifican sus decisiones para proteger a los responsables materiales e intelectuales históricos de los crímenes de lesa humanidad.

El Ejército como institución del Estado burgués mexicano mantiene una larga lista de graves violaciones a los derechos humanos cometidos contra el pueblo en los años 60 al 90 del siglo pasado, priva la impunidad a los responsables materiales e intelectuales.

Políticos de oficio de todos los partidos electoreros y niveles de gobierno consuman el fortalecimiento de la militarización.

Desde el gobierno de Vicente Fox, Felipe Calderón, Peña Nieto, somos testigos de que el Ejército actuó contra el pueblo organizado y no organizado, y este sexenio no es la excepción, a eso responde el blindaje a las fuerzas castrenses como medidas coercitivas.

Desde la tribuna de la Suprema Corte alegan que “el contexto de inseguridad del país ha dejado evidenciada la incapacidad de los cuerpos policíacos de frente a la delincuencia organizada”, sin embargo, éstos mismos si tienen la capacidad de reprimir al pueblo organizado en actos de protesta popular, de cometer detenciones arbitrarias, de torturar y de dejar víctimas letales durante las movilizaciones del magisterio democrático, estudiantes y campesinos; ayer y hoy, en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, etc.

Argumentar que el Estado a través de los cuerpos policíacos no tiene la capacidad para hacer frente a la “delincuencia organizada y al narcotráfico” es una falacia, éste es parte inherente al Estado, por esa razón, innumerables denuncias evidencian a lo largo de los años que altos mandos castrenses y funcionarios se han visto envueltos con quien dicen combatir.

El ministro ex presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, se despidió justificando la militarización, afirma que “la situación excepcional de inseguridad que tiene el país justifica la intervención limitada de las Fuerzas Armadas para establecer la seguridad pública”, esto es inverosímil, una aseveración irresponsable, pasa por alto que los perpetradores de miles de casos de graves violaciones a los derechos humanos contra el pueblo son las corporaciones policíaca-militares.

El discurso del gobierno actual con el calderonista no dista mucho, solo la distinguen los políticos de oficio que la verbalizan, la política de militarización continua como exigencia del régimen ante la agudización de las contradicciones de clases.

Las corporaciones policíacas no lo rebaza ninguna fuerza ajena al Estado, lo que existe es la comisión y aquiescencia con el que el Estado perpetra crímenes contra el pueblo que se traduce ¿Cuántos actos represivos ha perpetrado la policía y en éste realizan decenas o cientos de detenciones arbitrarias, incluso, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura, violaciones sexuales? La lista es incuantificable.

Recordemos la represión en Atenco, Estado de México, mayo de 2006, participaron más de 3 mil 500 elementos policíacos, dos jóvenes ejecutados, 207 detenciones arbitrarias y violaciones sexuales a decenas de mujeres; en octubre de 2006, en la capital de Oaxaca, más de 4 mil agentes policíacos y militares uniformados y no uniformados reprimieron al movimiento magisterial popular con saldo de cientos de presos, decenas de desaparecidos de manera forzada, decenas de ejecuciones extrajudiciales, además de aquellos que quedaron con lesiones de por vida; en octubre de 2009, la entonces Policía Federal ocuparon las instalaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) extinguiendo la paraestatal Luz y Fuerza del Centro por decreto presidencial.

En mayo de 2007, el Ejército desapareció de manera forzada a los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya; en septiembre de 2014 desaparecieron a los normalistas de Ayotzinapa, estos casos se mantienen en total impunidad.

La policía, el Ejército y la Guardia Nacional se despliega no en función de combatir el narcotráfico, los hechos comprueban que están en función de esperar la orden de sus superiores con nuevas disposiciones legales para reprimir el movimiento popular. Por ejemplo, la violencia perpetrada por paramilitares contra el pueblo que actúan con la aquiescencia, omisión o comisión del Estado y gobiernos en turno.

El despliegue de la Guardia Nacional en Chiapas sembró mayor violencia de clase, “la inseguridad” creció exponencialmente, decenas de casos de desaparición forzada, particularmente en las regiones de interés político y económico de las cámaras empresariales, por ejemplo, en la Ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Tuxtla Gutiérrez, frontera México-Guatemala.

Afirmar que la presencia del Ejército y la Guardia Nacional no es para “hacer la guerra a nadie, para vigilar u oprimir a la sociedad, para que violen las leyes, que coarten las libertades, ni para reprimir o violar derechos humanos”, tiene su grado de perversidad porque, en la práctica, esta corporación castrense comienza a tomar medidas represivas contra el pueblo que se manifiesta.
Solo un ejemplo, en el estado de Guerrero van 15 denuncias contra la SEDENA y 13 contra la Guardia Nacional; y en Chiapas, el 31 de agosto del año pasado, el Ejército hiso presencia a la altura del crucero conocido como Rancho Nuevo que comunica los municipios de San Cristóbal y Ocosingo-Teopisca-Comitán para disuadir a los manifestantes del municipio de Teopisca que mantenían bloqueada en un acto de protesta, frente a frente, Ejército confronta al pueblo movilizado.

No hay duda de que la permanencia del Ejército representa el incremento de las violaciones a los derechos humanos, máxime cuando la Suprema Corte avaló que las Fuerzas Armadas puedan realizar detenciones sin la notificación a las Secretarías de Seguridad Pública, por otro lado, cumplirá tareas de contrainsurgencia para contener y combatir al pueblo organizado como una de sus encomiendas.

Atribuirle tareas de seguridad pública a las fuerzas castrenses es una medida antipopular para desatar la represión a todo descontento popular. Varios acontecimientos en el país confirman que en la práctica son portadores de la inseguridad y la violencia de clase, que más pronto que tarde, accionaran sus armas contra del pueblo y con él, graves violaciones a los derechos humanos.

En ese tenor, no importa el partido en el poder, ocultad y niegan una y otra vez los crímenes en las que las corporaciones policíaca-militares son responsables. Como pueblo organizado o no, tenemos la necesidad de mantener la denuncia a cualquier acto de violación a los derechos humanos por esta institución, desenmascarar esta política, no guardar silencio, estar vigilantes, sobre todo, a organizarse de forma independiente en defensa de los intereses populares, no esperar ser víctimas de la violencia de Estado y quedarse en la contemplación del cometido de las graves violaciones a los derechos humanos contra el pueblo trabajador.

¡Por la unidad obrero, campesino, indígena y popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo