ACTIVIDAD DE DENUNCIA POLÍTICA EN MICHOACÁN

A LA OPINIÓN PÚBLICA

La política gubernamental del gobierno perredista de Silvano Aureoles Conejo se centra en proteger los intereses de las empresas transnacionales a través del aparato represivo que sirve de principal ariete contra el pueblo organizado y no organizado, con el objetivo de acallar toda voz de protesta popular.

Las detenciones arbitrarias, la creación de carpetas de investigación con delitos prefabricados, las violaciones al debido proceso y la reclusión injusta de ciudadanos, luchadores sociales, profesores, estudiantes, etc., son botón de muestra de la violencia institucional y de clase ejercida para someter a las masas trabajadoras, violencia que cuenta con la aquiescencia del gobierno federal.

Así es como se explica la represión contra comuneros de San Lorenzo, estudiantes de la Normal Rural Vasco de Quiroga de Tiripetío, profesores del magisterio democrático de la Sección XVIII “Poder de Base”, Casas del Estudiante y organizaciones populares independientes, quienes nos vemos en la necesidad de ejercer el derecho a la protesta ante las violaciones sistemáticas de los derechos humanos y la anulación de otros a la educación, a la salud, al trabajo, al salario, etc.
La protesta en todas sus formas es un acto legítimo ante una política de Estado que solamente simula escuchar las demandas de los sectores en lucha pero que en la vía de los hechos se niega a resolver. Por ello es que es inverosímil que en las cárceles mexicanas se mantenga en calidad de rehenes políticos a todo aquel que proteste y luche por mejores condiciones de vida.

Ejemplo de ello es el caso de nuestro compañero el Prof. Leobardo Reyes Meza quien desde el 29 de junio de 2020 el gobierno de Silvano Aureoles Conejo lo mantiene como rehén político en el Centro Penitenciario de Alta Seguridad para Delito de Alto Impacto No.1, lugar donde nuestro compañero ha sido objeto de represalias, tratos crueles, inhumanos, degradantes y tortura psicológica por ordenanza del jefe del ejecutivo estatal, violando así los tratados sobre los derechos humanos de las personas privadas de su libertad y/o bajo prisión preventiva oficiosa, condición que de por sí ya es violatoria de los derechos humanos y constituye una medida inquisitoria.

Bajo esta misma condición se encuentran nuestros compañeros Javier González Díaz, Armando Hernández Sánchez, Venturino Torres Escobar y Asunción Gómez Sánchez en el estado de Chiapas además de los más de 200 presos políticos de otras organizaciones como es el caso de Juan Díaz Montejo y Rosa del Carmen Hernández Sánchez.

La existencia de presos políticos en Chiapas y Michoacán expresa que el Estado Mexicano nunca ha perdido su esencia represiva, autoritaria, profascista y pro oligarca, que las violaciones al debido proceso y a los derechos humanos son la prueba que la represión sigue siendo parte de la política de Estado.
Ante esta realidad que lacera a nuestra nación, luchar por la liberación de los presos políticos, por la presentación inmediata e incondicional de los detenidos desaparecidos y por el cese a la persecución política constituye una tarea que los oprimidos y explotados debemos de llevar a cabo.

FRATERNALMENTE:
FRENTE NACIONAL DE LUCHA POR EL SOCIALISMO
FNLS