Denuncian 131 desapariciones forzadas

El PRD documentó 131 casos de presuntas desapariciones forzadas que se habrían cometido en el estado de Michoacán en contra de campesinos, activistas sociales, periodistas y estudiantes.

“En Michoacán, la desaparición forzada se ha incrementado alarmantemente en los últimos años, sin que exista una respuesta política, legal y legislativa de las autoridades, con el fin de investigar y castigar a los responsables de esto hechos”, dijo el senador del Partido de la Revolución Democrática Luis Sánchez Jiménez, quien promueve un punto de acuerdo para que el gobierno del priísta Fausto Vallejo informe al Senado el estado jurídico de las investigaciones en esos 131 casos.

El legislador explicó que el punto de acuerdo que de esas 131 personas, el Comité de Familiares y Detenidos y Desaparecidos Hasta encontrarlos denunció y solicitó al gobernador Fausto Vallejo la pronta solución legal, legislativa y política de esas detenciones que representan un hecho grave, pero hasta no ha tenido respuesta.

Criticó que en Michoacán, “no obstante los cientos de desapariciones forzadas que año con año se comenten y que han sido denunciadas tanto en foros nacionales como internacionales, la desaparición forzada de personas no está tipificada como una conducta delictiva”.

Recordó que a la fecha, el Congreso de ese estado no ha cumplido con la obligación de tipificar ese delito firmado por México en la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas de la Desaparición Forzada.

El legislador presentó en su punto de acuerdo la lista de los 131 casos de presunta desaparición forzada que se cometieron en los años 70, fueron desaparecidos temporales, o entre el 2006 y el 2012.

Por ejemplo, el ganadero José Espinosa Ramírez, desaparecido en el 2006 en Tepalcatepec, Michoacán, cuando tenía 58 años; Mauricio Estrada, corresponsal del diario La Opinión de Michoacán, detenido y desaparecido desde el 13 de febrero del 2008; Leonel Orozco Ortiz, campesino desaparecido en Uruapan en el 2008.

También Joel Franco Águila, un comerciante desaparecido en agosto del 2008; el luchador social Francisco de Asís Manuel, detenido y desaparecido el 21 de abril del 2010 en Ostula, o José Luis Alcaraz, joven de 16 años desaparecido el 25 de abril del 2011, entre otros.

Una desaparición forzada, de acuerdo con las Naciones Unidas, se considera de tal forma siempre que se arreste, detenga o traslade en contra de su voluntad a las personas o que éstas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel por grupos organizados o particulares que actúan en nombre del gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y que luego se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así a la protección de la ley.

LOS BUSCAN CON TORTILLAS

Ciudad Juárez. Desde hace mucho tiempo los productores de leche en Estados Unidos prestan los envases de su producto para divulgar fotos de mujeres y niños desaparecidos, con el fin de ayudar a encontrarlos, así que un estado mexicano fronterizo ha retomado la idea, pero con un giro local: recurriendo a las envolturas de las tortillas.

Por lo menos tres decenas de tortillerías se han unido a la campaña del estado de Chihuahua para imprimir solicitudes de ayuda en las envolturas de papel que usan los comerciantes para envolver las tortillas calientes en paquetes, que regularmente son de medio kilo o 1 kilo.

La campaña comenzó esta semana y ha sido bien recibida tanto por los comerciantes como por los clientes en la fronteriza Ciudad Juárez, azotada por la violencia.

Una desaparición forzada, de acuerdo con las Naciones Unidas, se considera una detención o traslado en contra de la voluntad de las personas o que éstas sean privadas de su libertad por agentes gubernamentales de cualquier nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan a nombre del gobierno o con su apoyo, y que luego se niegan a revelar suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así de la protección de la ley. (Con información de Ana Langner)