Investigadores rechazan que Seguro Popular sea Universal

México, D.F.- Investigadores del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) - Occidente, determinaron que la proclamación de la universalidad de la cobertura del Seguro Popular (SP) en los 31 estados mexicanos, es contraproducente porque no existe.

Al presentar los resultados de un estudio cuantitativo a nivel nacional y cualitativo en 12 localidades marginadas de 4 estados de la República (Michoacán, Oaxaca, Jalisco y Chiapas), el investigador Agustín Escobar, señaló que de acuerdo a la encuesta “Monitoreo de Indicadores de Bienestar” realizada a nivel nacional a 9 mil 300 hogares por CONEVAL, la Universidad de Puebla y el CIESAS, en el conjunto de las zonas de alta y muy alta marginación del país llamadas ZAP, la cobertura del Seguro Popular pasó del 46.4% en el segundo semestre de 2009 al 69.5% en el segundo semestre de 2011, un avance sin duda importante pero insuficiente para llegar a la universalidad.

Según la misma encuesta, en la segunda mitad del 2011, 23.3% de la población de estas zonas carecía de seguridad social o protección social en salud.

“Se ha hecho un esfuerzo significativo y absolutamente real para la mejora de los servicios de salud y en 2011 y 2012 la mitad de la población del país está afiliada al SP, pero el esfuerzo ha sido insuficiente para lograr la universalidad y la atención debida de las intervenciones incluidas en la norma”, señaló Escobar.

El especialista señaló que cuando las personas logran acceder a personal capacitado y ser tratadas con el equipo correcto, la atención del Seguro Popular cumple con sus propósitos: disminuir el gasto catastrófico y mejorar la atención en salud, y en este sentido representa el mayor avance en servicios de salud en varias décadas.

Añadió que adicionalmente a la encuesta de localidades, se encontraron varias situaciones que ponen en duda la universalidad declarada por las autoridades del sector:

1. Afiliación formal. En el caso del Seguro Popular se piden más documentos que en otros servicios federales: acta de nacimiento certificada, CURP, credencial de elector y comprobante de domicilio. Esto genera problemas pues la gente que vive en peores condiciones, mayor aislamiento y con menos competencias lingüísticas y de alfabetización tienen mucha mayor probabilidad de carecer de los documentos y por lo tanto quedan excluidas.

2. Falta de transparencia. Se señaló que fue imposible obtener el padrón del programa de forma oficial, lo que significa que no es posible saber si las familias por las que los estados reciben subsidios de la Secretaría federal en efecto tienen acceso formal o efectivo al Seguro Popular, ni, en consecuencia, si todas las familias sin seguridad social han sido afiliadas.

3. Las cuotas de recuperación. CIESAS encontró que en aproximadamente la mitad de las clínicas estudiadas las cuotas siguen vigentes, en contra con lo dispuesto por la Secretaria de Salud y el Seguro Popular. Por otra parte, hay una cantidad significativa de afecciones no cubiertas por el Seguro Popular, o cubiertas sólo parcialmente, por lo que las personas aun tienen que hacer desembolsos importantes.

4. Re afiliación. Muchas de las personas en las localidades estudiadas deciden no reafiliarse al Seguro Popular debido a los trámites y costos que les representa, a que el beneficio y el ahorro no fueron los esperados, o que piensan que no lo van a necesitar.

5. El Seguro Popular y los migrantes. Aun cuando el esquema del SP prevé la afiliación de las familias en México desde los E.U. en el estudio se encontró con un desconocimiento absoluto de esta posibilidad en los hogares de migrantes. Sin embargo, los migrantes de retorno sí accedían al sistema, salvo cuando carecían del conjunto de identificaciones señalado.

Escobar señaló que existe una brecha entre la Afiliación o acceso formal al Seguro Popular y el acceso efectivo a los servicios del Seguro Popular. Esto se debe fundamentalmente a que una gran cantidad de clínicas no han recibido el financiamiento y los insumos establecidos por parte de los intermediarios estatales de financiamiento.

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