Tinta Socialista. El Estado mexicano desapareció de manera forzada a dos hijos del pueblo por su forma y convicciones de lucha

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Tinta Socialista

La detención desaparición forzada de los luchadores sociales Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya es eminentemente política; a diez años es inocultable el crimen de Estado que el gobierno mexicano cometió en perjuicio de dos hijos del pueblo por ser revolucionarios, optar por una forma y convicciones de lucha, por ser científicos sociales cuya labor es despertar conciencias de lucha en el pueblo.

A unos días de cumplirse diez años de su desaparición forzada no hay duda de quién cometió este crimen que jurídica y políticamente está ampliamente documentado, por mencionar algunos aspectos, en el año 2009 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), emitió la recomendación 7/2009, dirigida a las autoridades municipales de la ciudad de Oaxaca, a las autoridades del gobierno del estado de Oaxaca y a las autoridades federales para señalar su responsabilidad en el cometido de la desaparición forzada contra los dos luchadores sociales; en el año 2014 el Noveno Tribubal Colegiado de la Federación emite la resolución 29/2014 a favor de los dos luchadores sociales, la cual reconoce que se cometió la desaparición forzada y ordena su búsqueda en cuarteles militares.

Es un crimen de Estado y de lesa humanidad porque, fueron detenidos-desaparecidos el 25 de mayo del año 2007 por agentes del Estado mexicano, independientemente de la corporación policíaca a la que pertenezcan, todos forman parte del aparato represivo; las autoridades, tanto ejército como policías federal, estatal y local negaron en todo momento su detención y posterior desaparición forzada, a los familiares les negaron toda información necesaria para dar con el paradero de sus seres queridos; funcionarios y ministerios públicos impidieron el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes.

Es una particularidad que expresa la generalidad de las miles de desapariciones forzadas en el país y materializa la política de gobierno con los familiares de las víctimas que exigen justicia, así como la presentación con vida de sus seres queridos. Política que protege a los perpetradores con el manto de la impunidad y les permite continuar con el cometido de más crímenes de Estado y de lesa humanidad.

En este tiempo el gobierno mexicano cometió a diestra y siniestra miles de desapariciones forzadas, miles de ejecuciones extrajudiciales, lo que comprueba la denuncia que se hizo en el año 2007, que las desapariciones forzadas se cometían sexenio tras sexenio, independientemente de quién esté en la silla presidencial, nunca dejaron de cometerlas. Lo que para algunos era cosa del pasado, para otros las víctimas en los hogares se incrementaban.

La solidaridad a las víctimas del terrorismo de Estado no se escatima, para nosotros como organización es un principio político que no se condiciona, todos los casos son hijos del pueblo y como tal se exige su presentación con vida, no existen víctimas defendibles y no defendibles, todos deben ser abrazados con este calor humano. Sin embargo en el caso de Gabriel y Edmundo el gobierno mexicano intentó descalificar, criminalizar e incriminar a las organizaciones populares y defensores de los derechos humanos que la brindaron.

A todos los familiares, organizaciones populares, defensores de los derechos humanos o periodistas que exigen justicia y se solidarizan con la exigencia de presentación con vida se les responde con el cometido de más crímenes, este caso en particular lo expresa, por exigir el acatamiento de la resolución jurídica 29/2014, emitida por un juez federal, que ordena la apertura de cuarteles militares para su búsqueda y cita a comparecer a altos mandos militares, el gobierno mexicano cometió ejecuciones extrajudiciales y más desapariciones forzadas.

Como botón de muestra están el asesinato del luchador social Héctor Sántiz López el 29 de septiembre de 2015 en Chiapas; el intento de ejecución extrajudicial de cinco jóvenes en la Ciudad de México, el 7 de noviembre de 2015; la desaparición forzada de Fidencio Gómez Sántiz, el 5 de marzo de 2016 en Chiapas; y, la ejecución extrajudicial contra el menor Humberto Morales Sántiz, el pasado 28 de febrero.

Los hechos anteriores son una muestra que devela actos sistemáticos, generalizados y recurrentes contra todo opositor, defensor de los derechos humanos, periodista, revolucionario o activista político; la intención del gobierno mexicano es eliminar a todo aquel que le sea “incómodo”, según su lógica e impida el avance de los intereses político-económicos que protege y defiende.

El Estado mexicano siempre va a negar las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales, su política es impedir el acceso a la justicia pronta y expedita, ya sea con el retraso o dilación de los procesos jurídicos, el desgaste, reunión tras reunión y no mostrar avances en los casos. La intención es apostar al olvido, la frustración o el desánimo.

Nunca va aceptar que las fuerzas armadas, las policías federal, estatal, municipal y los grupos paramilitares son los que las cometen, aunque haya evidencias fehacientes que compruebe su responsabilidad siempre las va a ocultar, fabricar pruebas, detener chivos expiatorios, modificar las leyes y hacer discursos a modo para justificar su política criminal.

Para todo el pueblo está muy claro que los responsables de las miles desapariciones forzadas son los cuerpos represivos del Estado mexicano, son los administradores de la oligarquía nacional y del extranjero, todos son bien identificados por el pueblo que está consciente de la violencia institucional y el terrorismo de Estado que permea en toda la República mexicana, porque es el campesino, ama de casa, estudiante, profesionista, los que día con día la viven en las calles, en su trabajo, en la escuela, en la colonia, en la comunidad, en su casa.

Aunque el escenario sea adverso, la indignación debe estar presente para denunciar y protestar en las calles, no debe permear el miedo y el anonimato, es con la denuncia, las acciones políticas de masas, la unidad y la organización del pueblo la manera en que podemos detener esta política criminal. Las luchas aisladas benefician a los perpetradores y permite el cometido de más crímenes de Estado y de lesa humanidad.

A pesar de los años no podemos dar por muertos a los detenidos-desaparecidos, no podemos olvidar ni perdonar a los responsables, mucho menos resignarnos a que nunca los podremos encontrar, pensar de esa manera es darle la razón al gobierno mexicano y aceptar sus versiones a modo.

A diez años de la desaparición forzada de los luchadores sociales Gabriel Alberto Cruz Sánchez y a Edmundo reyes Amaya, sus nombres, historia y lucha política están registrados en la memoria del pueblo como dos hijos, dos revolucionarios que luchan por mejorar las condiciones de vida de éste, por erradicar la pobreza, la miseria e injusticia.

Le damos la razón a los familiares de Gabriel Alberto y Edmundo cuando dicen “estos diez años nos han servido para comprender lo que hacían nuestros familiares y vemos que no es ningún delito, los respetamos y admiramos más, no podemos juzgarlos, ni reclamarles nada, y si los reclama su grupo es porque han de ser personas con buenos sentimientos y comprometidos con su trabajo, por eso respetamos su lucha, sólo nos resta dedicar nuestro tiempo y vida a exigir su presentación con vida, QUE NOS LOS PRESENTEN VIVOS, PORQUE SON SERES HUMANOS”, a diez años no perdonamos, no olvidamos, no desistiremos HASTA ENCONTRARLOS.

Frente Nacional de lucha por el Socialismo


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