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El FNLS condena enérgicamente el hostigamiento, las amenazas de detenciones arbitrarias, el impedimento del derecho a la protesta y manifestación de ideas contra compañeros de la organización por elementos de la policía estatal de Veracruz

Sábado 8 de abril de 2017, por Michoacán

Orizaba, Veracruz a 8 de abril de 2017
A las víctimas del terrorismo de Estado
A los defensores de los derechos humanos nacional e internacional
A las personalidades solidarias, honestas y progresistas.
A las organizaciones populares, democráticas e independientes.
Al pueblo en general

El Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), condena enérgicamente el hostigamiento, las amenazas de detenciones arbitrarias, el impedimento del derecho a la protesta y manifestación de ideas contra compañeros de la organización en la comunidad de San José de Tapia, municipio de Córdoba, Veracruz por elementos de la policía estatal de Veracruz.

Hechos:

El día 7 de abril del año en curso, compañeros del FNLS realizaban actividades de denuncia y difusión en el marco de la Jornada Nacional de Lucha. Las víctimas del terrorismo de Estado son del pueblo, no desistiremos ¡Hasta Encontrarlos!, en la carretera federal Naranjal-Córdoba, ubicada en la comunidad de San José de Tapia, municipio de Córdoba, fueron objeto de amenazas y hostigamiento por elementos policíacos, con el objetivo de hacernos desistir de esta actividad política.

Aproximadamente a las 13:36 horas una patrulla de la policía estatal, cuyo número de identificación es 21-2942, con 2 elementos a bordo, se dirigieron con prepotencia y lujo de violencia contra nosotros; en tono amenazante, intentaron hostigarnos para que nos quitáramos del lugar donde realizábamos esta actividad de difusión y denuncia.

Uno de los elementos policíacos empezó a amenazar a nuestros compañeros y a preguntar en tono prepotente, “¿Quién es su dirigente? ¿Tiene que haber alguno, sabemos que alguien los maneja y dirige, si no me dan el nombre los voy a detener a todos?”

Al observar que los compañeros no le respondían a sus preguntas, puesto que no es la forma de dirigirse entre personas, mucho menos cuando se trata de un agente policíaco que está envestido como un servidor público, volvió a lanzar sus amenazas, “no me hacen caso, pues aténganse a las consecuencias, ya informé a mis superiores y corren el riesgo de que los detengan y los llevan al Penal de Amatlán La toma, porque lo que están haciendo es un delito”.

A los dos minutos llegó otra patrulla con número de identificación 21-2946 de la misma corporación, abordo iban dos elementos y uno más de la (IPAX) Policía Privada, con prepotencia se bajaron de la patrulla e intentaron quitar el megáfono a nuestros compañeros y los volantes que tenían para la denuncia. Nuevamente les dijeron que los iban a llevar al penal de AMATLÁN, porque estaban cometiendo el delito de afectar a terceros y en el momento que afectan a terceros se “acaba sus derechos”.

Resulta un absurdo que los agentes policíacos se manifiesten preocupados por los derechos de “terceros”, que se coloquen el interés mezquino de unos cuantos empresarios locales en alianza con trasnacionales; no existe ningún derecho por encima del derecho a la vida, a no ser víctima de la desaparición forzada, a no ser objeto de tratos crueles inhumanos y degradantes.

Este es el objetivo de nuestra denuncia, evidenciar que en nuestro país existe el terrorismo de Estado como política de gobierno, que cobra día a día más víctimas de la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial. La última cifra reconocida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), sostiene que en nuestro país se documentan más de 857 fosas clandestinas, no hace más que comprobar lo real e inocultable del baño de sangre en todo el territorio nacional.

La protesta es un derecho establecido en la Constitución en los artículos 6, 7 y 9 y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, derecho constitucional que no está sujeto a negociación o a capricho de corporaciones policíacas. Repartir un volante, hacer la denuncia en las calles, carreteras, plazas no se puede equiparar a actos delincuenciales, esto significa en los hechos la criminalización de pobreza y protesta popular.

Lo que comentan los elementos policíacos de que si se afectan los derechos a terceros se terminan los derechos de uno, en los hechos lo que hace es coartar el derecho a la protesta, una violación a los derechos humanos y se suma la agravante de amenazas con detener a los compañeros por ejercer este derecho, por tanto, también pueden ser enjuiciados por violar los derechos humanos e impedir la denuncia y protesta.

Máxime cuando la denuncia es por exigir la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos por motivos políticos o sociales en el país y exigir juicio y castigo a los responsables por las miles de ejecuciones extrajudiciales, los cuerpos policíacos lo que hacen es impedir que se denuncie los crímenes de Estado y de lesa humanidad, lo que denota es que no quieren que el pueblo se entere que estos crímenes tienen patente en el gobierno mexicano.

Este hecho represivo se circunscribe en toda la campaña de represión y hostigamiento que se ejerce desde el Estado mexicano por hacernos desistir de esta jornada de lucha, oleada represiva al que servilmente se suma el gobierno estatal que representa Miguel Ángel Yunes Linares, el presidente municipal de Córdoba Tomás Ríos Bernal y el agente municipal de San José de Tapia, Vicente Méndez Rojas.

Lo que se evidencia con este acto represivo es que son éstos mismos quienes orquestan la represión que arrebata jóvenes de las colonias populares con la desaparición forzada, cobra víctimas del medio periodístico y pueblo trabajador con la ejecución extrajudicial, desplaza de manera forzada a habitantes con la violencia institucionalizada.

Como pueblo organizado en distintos esfuerzos organizativos y nosotros como el FNLS, desarrollamos estas actividades de denuncia en la exigencia de presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos en nuestro país, particularmente de los luchadores sociales Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya; el activista político Gabriel Gómez Caña; las niñas triquis Daniela y Virginia Ortiz Ramírez; el activista político Teodulfo Torres Soriano; y los más de 300 mil víctimas de este crimen de lesa humanidad.

Responsabilizamos a los gobiernos federal, estatal de Veracruz y municipal de Córdoba de la integridad física y psicológica de nuestros compañeros, de todo acto represivo contra nuestra durante todas las actividades políticas de denuncia en el marco de la Jornada Nacional de Lucha. Las víctimas del terrorismo de Estado son del pueblo, no desistiremos ¡Hasta Encontrarlos!

Invitamos a las organizaciones populares, organismos defensores de derechos humanos y pueblo general a no renunciar al derecho a protestar, organizarnos y luchar es un derecho que nos asiste a todo el pueblo trabajador. Identifiquemos a quienes con sus acciones se colocan de lado del gobierno represor y antipopular.

Fraternalmente

¡Presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos de ayer y hoy!
¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos!
¡Presentación con vida de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya!
¡Presentación con vida de nuestro compañero Fidencio Gómez Sántiz!
¡Juicio y castigo a los responsables de la ejecución extrajudicial del compañero Humberto Morales Sántiz!

Por la unidad obrero, campesino y popular
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS

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