Tinta Socialista. El gobierno mexicano comete todo tipo de violaciones a los derechos humanos contra el pueblo

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El gobierno mexicano comete todo tipo de violaciones a los derechos humanos contra el pueblo

Tinta Socialista

El Estado mexicano niega a los detenidos desaparecidos y las ejecuciones extrajudiciales para eludir su responsabilidad en el cometido de estos crímenes de lesa humanidad; ante la opinión pública los presenta como “levantones”, “secuestrados”, “ajustes de cuentas” o “malosos”.

Eufemismos que diluyen la gravedad de los hechos, porque las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales son violaciones graves a los derechos humanos al cometerse múltiples violaciones a los derechos humanos, como el derecho a ser procesado, reconocimiento a la personalidad jurídica, a no ser detenido desaparecido, derecho a la vida, derecho a la seguridad, entre otros.

El gobierno mexicano de manera cínica comete a diestra y siniestra todo tipo de violaciones a los derechos humanos contra el pueblo que esta organizado y no organizado, con total impunidad protegen a los autores materiales e intelectuales de este flagelo. Las instituciones encargadas de indagar y dar con el paradero de las víctimas piden a los propios familiares que hagan labor de “detectives” y les presenten “pruebas” para avanzar con la investigación.

Los fiscales con prepotencia tratan a los familiares de las víctimas, no les importa el dolor que en esos momentos sienten, los citan en sus oficinas y los dejan en espera, les toman muestras de ADN y las “extravían”, les presentan restos óseos que no son de sus familiares, les dan cenizas de cuerpos que son de otras personas, a la opinión pública declaran que los propios familiares “no quieren cooperar” ni presentar “pruebas”, hechos que reflejan una política de Estado, no investigar ni dar con el paradero de los detenidos desaparecidos, mucho menos enjuiciar a los autores materiales e intelectuales.

La actitud de los fiscales no es aislada obedece a una política de Estado, no es casualidad que en todos los estados donde se organizan los familiares de las víctimas, la respuesta es la misma, indolencia, burla, descalificación, desgaste y dilación para que caiga el desánimo, la frustración y dejar en el olvido la exigencia de presentación con vida, así como juicio y castigo a los responsables.

Por eso no dudamos en decir que los responsables de las desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales son todo el aparato represivo que de manera sistemática y generalizada la ejecutan contra el pueblo organizado y no organizado, actúan por comisión y aquiescencia del gobierno mexicano; así como las instituciones y fiscales, que por omisión no hacen nada en las investigaciones y obstaculizan el proceso jurídico.

Todos pueden ser procesados y enjuiciados por crímenes de Estado y de lesa humanidad, por tanto, aquellos fiscales que de manera rabanera tratan a los familiares de las víctimas, pueden ser procesados y señalados como responsables, una actitud de ese tipo se puede dar por dos razones: por complicidad con los perpetradores y por consigna, ambas son la misma moneda.

El Estado mexicano siempre va a defender su estado de derechos burgués y sus instituciones, porque todos son parte de las estructuras de su gobierno, que velan y protegen los intereses de una minoría, por eso no nos debe sorprender que en todas las dependencias se protejan y defiendan.

Por muy difícil y doloroso que sea no debemos caer en desánimo ni frustración, al pueblo nos asiste el derecho a organizarnos, luchar para exigir a nuestros detenidos desaparecidos, y la razón para exigir juicio y castigo a los autores materiales e intelectuales de los crímenes de Estado y de lesa humanidad.

Las disculpas públicas del Fiscala Jorge Winckler Ortiz en Veracruz no son suficientes, mientras no se dé con el paradero de las víctimas, se conozca la verdad de los hechos, se enjuicie a los autores materiales e intelectuales y se erradique esta práctica tan aborrecible. En consecuencia, si su trabajo no es en apego a los protocolos establecidos ni da un trato digno a los familiares de las víctimas es justo pedir su renuncia, así como razonable es pedir juicio y castigo por la omisión, dilación y obstaculización en el proceso jurídico para llegar a una investigación pronta y expedita.

En nuestro caso, como organización popular e independiente, que impulsa la lucha por el socialismo en México somos víctimas de esta política de gobierno, con el asesinato de nuestro compañero Héctor Sántiz López, el intento de ejecución extrajudicial de cinco compañeros en la Ciudad de México, la desaparición forzada de Fidencio Gómez Sántiz y la ejecución extrajudicial y tortura del menor de edad Humberto Moralez Sántiz.

En todos los casos, la fiscalía ha actuado con total impunidad, tal es el caso del fiscal Alain de Jesús Martínez Núñez, de la Fiscalía Especializada de Justicia Indígena, Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa en Ocosingo, Chiapas es el que lleva el caso del compañero Humberto Moralez Sántiz, a ocho días de haber ocurrido el suceso, en la carpeta de investigación sólo había una hoja de reconocimiento del cadáver por los padres del niño, se le pidió la copia del acta de defunción y dijo no poder darla porque “no tenían formato”.

De manera dolosa cuando le preguntan por los avances en la investigación comenta que no hay avances porque los familiares se negaron a realizar la necropsia, y no quieren proporcionan más información, como si las víctimas se transformaran en victimarios y la responsabilidad de la ejecución del niño es de los propios familiares.

Qué ironía, buscar justicia en las instituciones encargadas de proteger a los perpetradores y garantizarles impunidad. Le recordamos al fiscal que cuando el cuerpo del niño estaba en la carretera, dijo justo al percatarse de la lesión en el ojo, fue torturado entonces , por las lesiones que tenía el cuerpo al quitarle la ropa para la toma de fotografías.

Una vez que revisó el cuerpo y le toman fotografías, se dirigen al lugar de los hechos a tomar fotografías, después se dirige a los compañeros de su comunidad y les dice “ahora si ya pueden levantar el cuerpo” es más, el fiscal agregó, “no se realizará la necropsia porque ya se sabe de qué murió”, prácticamente ellos dan la indicación y ni siquiera por protocolo la hicieron.

Este caso en su particularidad es un botón de muestra de lo que sucede a nivel nacional con todos los familiares de las víctimas de la desaparición forzada y ejecución extrajudicial, casos que no debemos dejar en el olvido ni permitir que quieran arrebatarnos el derecho a exigir justicia. Dignidad debemos mostrar para exigir a nuestros seres queridos y evidenciar la dilación y negligencia de fiscales, funcionarios y políticos de oficio.

Por mucho que sea el desánimo, debemos tener fortaleza para continuar con la exigencia de presentación con vida; juicio y castigo a los autores materiales e intelectuales de los miles de crímenes de Estado y de lesa humanidad.

No perdonemos a los responsables materiales e intelectuales, ni olvidemos a nuestros seres queridos, donde hay violencia institucional y terrorismo de Estado debe haber una razón para luchar y terminar con este flagelo que tanto daño ocasiona al pueblo de México.

A casi diez años de la desaparición forzada de los luchadores sociales Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, la consigna ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos! Permanece, las acciones políticas de masas en las calles son necesarias, mientras no se dé con su paradero, se conozca la verdad de los hechos y se enjuicie a los responsables.

Por Gabriel, Edmundo y Fidencio, no descansaremos ¡Hasta Encontrarlos!
Por Héctor y Humberto ¡Ni perdón ni olvido, juicio y castigo a los asesinos!

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS)


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