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En México las ejecuciones extrajudiciales son política de Estado

Sábado 18 de marzo de 2017, por Ciudad de México

La tortura y ejecución extrajudicial de nuestro compañero Humberto Morales Sántiz es eminentemente política, no es un hecho aislado o espontáneo, obedece a una política de gobierno, que de manera sistemática y generalizada la ejecuta contra nuestra organización. Los encargados de objetivarla son el grupo paramilitar Los Petules y el Mando Único, todos actúan por comisión y aquiescencia del Estado mexicano.

La ejecución extrajudicial es la privación arbitraria de la vida de una o más personas por agentes del Estado o particulares que actúan con la orden, autorización o aquiescencia del Estado y sus gobiernos que los representan. No se trata de un delito común, es un crimen que atenta contra el derecho a la vida, por eso quienes la ejercen cometen una violación grave de derechos humanos, un crimen de lesa humanidad y de Estado.

El crimen tiene una intencionalidad, crear un ambiente de terror para contener la lucha del pueblo organizado y acallar las voces de protesta, es decir, se quita la vida a la persona intencionalmente con el propósito de castigarla por sus actividades políticas, condiciones personales o sociales, por su ideología o por algún acto que supuestamente haya realizado.

En México las ejecuciones extrajudiciales son política de Estado, en los últimos tres sexenios se han incrementado contra luchadores sociales, periodistas, activistas políticos, luchadores sociales, pueblo en general y niños. Los encargados de objetivarla son el ejército, las policías federal, estatal, municipal y los grupos paramilitares, todos actúan por comisión o con la aquiescencia del Estado mexicano, en tanto que componen todo el aparato represivo.

Desde el año 2006 a la fecha se implementó el supuesto “combate al narcotráfico”, hoy está comprobado que dicho plan es para ocultar su esencia contrainsurgente que ha generado miles de víctimas, cuyo objetivo es mantener el control del pueblo mediante un Estado policíaco-militar para garantizar los intereses de unos cuantos oligarcas que tienen inversiones millonarias en México.

Los testimonios de los familiares evidencian los miles de crímenes de Estado y de lesa humanidad cometidos por las fuerzas armadas, son los responsables de privar de manera arbitraria de la vida a su ser querido, aunque traten de ocultarlo o negar el crimen, no pueden escapar de la indignación del pueblo, de la fuerza para denunciar y desenmascarar su política criminal.

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