Organizaciones condenan asesinato de menor en Ocosingo

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Soel Gómez.

Agencia ReporteCiudadano, 3 de marzo del 2017. San Cristóbal de Las Casas.- La Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) y la Red por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en Chiapas (REDIAS) condenaron el asesinato del adolescente Humberto Morales Sántiz, cometido el día 28 de febrero de 2017 en la comunidad de El Carrizal, del municipio de Ocosingo, denunciado públicamente por el Frente Nacional de Lucha al Socialismo (FNLS), al que se sumaron en las exigencias de justica y esclarecimiento de los hechos.

En un comunicado de prensa, consideran inadmisibles los ataques, desaparición y ejecuciones extrajudiciales en contra de niñas, niños y adolescentes a manos de policías y militares, por lo que exigieron transparencia en el proceso de investigación y protección especial a la familia Morales Sántiz a fin de garantizar el acceso a la justicia.

Exhortan a las autoridades observar las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas que en sus Observaciones finales sobre los informes periódicos cuarto y quinto consolidados de México, que señalan que las ejecuciones extrajudiciales deben ser investigadas “de manera expedita y exhaustiva”.

Las Organizaciones que integran la REDIM demandan urgentemente a las autoridades federales, estatales y del municipio de Ocosingo, realizar investigación exhaustiva e imparcial sobre los hechos ocurridos “averiguación debe involucrar todos los niveles de gobierno y sancionar a quienes resulten responsables”.

Demandan además revisar la cadena de omisiones y responsabilidades de las autoridades locales, estatales y federales para que este caso no quede en la impunidad y brindar seguridad a la familia de Humberto y crear condiciones que garanticen la seguridad de quienes buscan el esclarecimiento del caso y la aplicación de la justicia.

“Frenar el hostigamiento y represión contra las comunidades y pueblos que integran y simpatizan con el FNLS y tomar medidas urgentes para proteger de toda forma de violencia a las niñas, niños y adolescentes cuyas familias y comunidades se encuentran en disputas por conflictos agrarios, políticos, económicos, religiosos o de cualquier otra índole”, concluyen.

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