Boletín de prensa: El crimen de la desaparición forzada es un fenómeno inocultable en México. En el marco del día internacional del detenido-desaparecido

, por  Ciudad de México , popularidad : 3%

30 de Agosto de 2016

A los medios de comunicación
A las organizaciones independientes defensora de los derechos humanos
A las organizaciones populares
A los familiares de los miles de detenidos-desaparecidos
A las Víctimas del Terrorismo de Estado
Al pueblo en general

Boletín de prensa: El crimen de la desaparición forzada es un fenómeno inocultable en México. En el marco del día internacional del detenido-desaparecido

¡Porque Vivos se los llevaron, Vivos los queremos! Es la exigencia y reivindicación de los diferentes pueblos en lucha del mundo, a los que el azote de la política contrainsurgente para mantener a sangre y fuego la continuidad del capitalismo les ha embestido y se han cometido crímenes de lesa humanidad como la desaparición forzada. La lucha de familiares, organizaciones populares y organismos de derechos humanos recordamos y conmemoramos así el 30 de agosto como el Día internacional del detenido-desaparecido.

La desaparición forzada de personas por motivos políticos o sociales en nuestro país es una política persistente y sistemática de Estado mexicano, constituye parte de la política de terrorismo de Estado como una de sus expresiones más perversas y represivas con la que se pretende eliminar la crítica política, protesta y lucha popular contra el capitalismo y régimen burgués. Crimen de Estado que se vuelve en una recurrente y deleznable atrocidad cometida contra el pueblo en la agudización de la lucha de clases.

La cifra documentada de detenidos-desaparecidos por motivos políticos de 1964 a 1982 superaba los más de 1500. Las entidades con los mayores índices de casos de detenidos-desparecidos: Guerrero, Veracruz, Valle de México, Chihuahua, Oaxaca, Michoacán, Puebla, Jalisco. En lo posterior, la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial se convirtieron en una práctica permanente del Estado, cuando el corromper, hostigar, encarcelar y torturar no doblegaba a los luchadores sociales y sus organizaciones.

El crimen de desaparición forzada es un fenómeno inocultable en México, sus efectos son tan evidentes que existen miles de testimonios que documentan que diariamente este flagelo represivo cobra cada vez más víctimas, sin embargo, en la actualidad el punto nodal no se encuentra en el reconocimiento, sino en la salida perversa que se maquina desde el Estado mexicano para dar carpetazo a las denuncias y premiar con la impunidad a los autores materiales e inténtales de cientos de crímenes de lesa humanidad.

El caso más ilustrativo es el de los luchadores sociales Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, en el sentido que no sólo es el caso que está ampliamente documentado en el que es imposible negar la participación de efectivos de los cuerpos represivos en su cometido, de acuerdo con lo que reza en el expediente y en la recomendación de la CNDH 07/2009, porque es en sus personas donde se manifiesta toda la perversidad de la política gubernamental, para con las víctimas, sus familiares y el pueblo en general que demanda presentación con vida.

Este caso demuestra que no sólo se comete la desaparición forzada para “ausentar” la humanidad de una persona, sino que el objetivo es aún más ruin, es el de intentar quebrantar la dignidad que alguien que ha decido encauzar sus convicciones políticas por la vía armada revolucionaria, en el caso particular de ellos dos, pero en la generalidad es contra toda actitud crítica del pueblo. Desde la óptica criminal del Estado mexicano, se “castiga” la participación política, tener una actitud activa en el proceso de lucha en nuestro país, por lo tanto, se niega el derecho a la protesta.

La versión oficial que fue combatida con la denuncia y documentación de las organizaciones independientes de derechos humanos y organizaciones populares que impulsaron una tenaz lucha por medio de acciones políticas de masas en contra de los crímenes de lesa humanidad. Es decir, la exigencia por la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos ha sido continua desde la década de los años 60´s hasta nuestros días en nuestro país, así como también en América Latina.

La continuidad de los crímenes de lesa humanidad independientemente del personero de la oligarquía y partidos electoreros en la Presidencia, gubernaturas y municipios demuestran en los hechos que el terrorismo de Estado es una política de gobierno transexenal. Los datos duros no dejan lugar a dudas, desde Felipe Calderón a lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto, la represión y hostigamiento contra quienes ejercen su derecho a la protesta se incrementó exponencialmente en la última década.

La instauración de facto de un Estado policíaco-militar es parte de la continuidad de esta política represiva, es desde esta estructura donde se objetivan los más atroces crímenes, ejecutados por corporaciones oficiales y paramilitares; con su actuar extienden también el terrorismo de Estado a los distintos sectores sociales, sobre todo los de origen popular y en condiciones de precariedad, como política de contrainsurgencia para inhibir la protesta social y procesos organizativos.

La denuncia constante de los familiares, de organizaciones populares y de derechos humanos ha logrado llevar a discusión al ámbito legislativo una ley que prevenga y sancione la desaparición forzada. Sin embargo, es evidente que la mayaría de los legisladores pretende dar un albazo y promulgar una ley alejada de las exigencias populares, de las víctimas y del propio marco normativo internacional respecto a los derechos humanos.

Una ley contra la desaparición forzada que no contenga los principios mínimos de los estándares internacionales y de las necesidades de las víctimas, es una ley que solo pretende evitar que sean enjuiciados los verdaderos criminales de Estado, brindar total impunidad o a los responsables materiales e intelectuales de los crímenes de lesa humanidad cometidos contra el pueblo en los últimos 50 años.

El caso de lo caso que ha puesto en evidencia todo el engranaje Estatal y las maniobras jurídicas para escamotear la justicia, es el de los luchadores sociales Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, ambos desaparecidos el 25 de mayo de 2007 en la ciudad de Oaxaca y reivindicados por el PDPR-EPR. En él se han emitido recomendaciones de la CNDH, existe una resolución jurídica la 29/2014 y ha contado con la denuncia de desatacadas personalidades y sin embargo, el Estado se muestra omiso ante esta exigencia.

Este caso representa uno de los de mayor relevancia en términos tanto jurídicos como políticos, toda vez que a lo largo de más de 9 años de lucha por la exigencia de su presentación con vida se ha logrado desenmascarar al Estado mexicano en su completa responsabilidad, ya que en la detención-desaparición de ambos se documenta en el expediente que existió participación de varias corporaciones policiacas-militares y del estado de Oaxaca, así como que presumiblemente fueron torturados en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca y posteriormente trasladados en una ambulancia del ejército.

Es gracias a la solidaridad de organizaciones populares, defensoras de derechos humanos, personalidades, intelectuales y pueblo en general que han contribuido a obligar al Estado, para que a través del IX Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Penal, se resolviera el amparo en el cual, en un hecho sin precedentes, se ordena citar a comparecer a altos mandos de la PGR, CISEN y SEDENA, dentro de otros, la apertura del cuartel militar número, emblema histórico de la infamia en nuestro país, con la finalidad de dar con el paradero de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y a Edmundo Reyes Amaya.

Debido a esta labor de denuncia que hemos desarrollado en coordinación con los familiares y distintas personalidades, el Estado mexicano arrecía la represión en contra nuestra; son distintas las agresiones que hemos denunciado desde que desarrollamos la Gira Nacional: Desaparición forzada en México, caso Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, un crimen de lesa humanidad, como intentos de desaparición forzada en Michoacán; incursiones del Ejército en comunidades organizadas en torno nuestro en Hidalgo y Veracruz; agresiones paramilitares, asesinatos, heridos de bala y detenciones ilegales en Chiapas…

El acontecimiento más reciente sucedió el pasado 5 de marzo del presente año fue detenido-desaparecido nuestro compañero Fidencio Gómez Sántiz en el municipio de Ocosingo, Chiapas, luego de regresar a su comunidad tras desarrollar actividades políticas en la Ciudad de México, en la que se mantuvo una intensa campaña de denuncia por el asesinato político del compañero Héctor Sántiz López, por parte del grupo paramilitar los “petules” y el intento de ejecución extrajudicial de los compañeros Rubicel Hernández García, Jesús Hernández Reyes y Matías Flores Hernández en la delegación Iztapalapa del entonces Distrito Federal.

En Chiapas queda expuesto que es donde el Estado mexicano intenta asestar los más duros golpes en contra nuestra organización, utiliza a los “petules” como grupo paramilitar y a las autoridades del ejido Altamirano como punta de lanza para la represión, quienes bajo el amparo de las distintas corporaciones policíacas comenten distintos delitos con total impunidad. No obstante, en nuestra condición de organización política de masas de carácter nacional, así será la respuesta organizada ante esta embestida.

El caso Ayotzinapa si bien representa uno de los episodios más dolorosos y atroces que hirieron la dignidad del pueblo mexicano, no es el parte aguas en la historia de las desapariciones forzadas de nuestro país, tal y como lo ha defendido convenientemente el oportunismo.

Como parte del movimiento popular y con base en la experiencia adquirida y bajo los principios que nos rigen, brindamos la solidaridad incondicional hacia los familiares, victimas también de este crimen de Estado. La consigna del pueblo y sus organizaciones populares debe ser la de no cejar la exigencia de la presentación con vida de todos y cada uno de los detenidos desaparecidos, desenmascarar al Estado mexicano como el único responsable de este escenario de terror en la que se ha sometido a nuestro pueblo.

Los responsables tienen nombre y apellido, en cadena de mando hacen llegar su decisión criminal, es Enrique Peña Nieto como titular del ejecutivo, en contubernio con los ejecutivos estatales, Manuel Velasco Coello, Javier Duarte de Ochoa, Silvano Aureoles Conejo… quienes cierran la espiral represiva. Para ellos ni perdón, ni olvido.

¡Porque Vivos se los llevaron, Vivos los queremos!
¡Por la presentación con vida de todos los detenidos desparecidos de ayer y hoy!
¡Presentación con vida de los luchadores sociales Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya!
¡Presentación con vida de nuestro compañero Fidencio Gómez Sántiz!

¡Por la Unidad Obrero, Campesino y Popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo

Navegar por las