Boletín de prensa: Primera reunión interinstitucional por el caso Gabriel y Edmundo debe reflejar garantías de acceso a la justicia y verdad

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas a 25 de octubre de 2022

A los medios de comunicación
A los familiares víctimas de la desaparición forzada
A los organismos defensores de los derechos humanos
Al pueblo en general

Boletín de prensa:

Primera reunión interinstitucional por el caso Gabriel y Edmundo debe reflejar garantías de acceso a la justicia y verdad

Este 26 de octubre, la Fiscalía General de la República (FGR) convocó a la primera reunión interinstitucional, en ésta participarán las dependencias señaladas en el fallo que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el pasado 10 de agosto a favor de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, así como familiares de las víctimas, defensores de los derechos humanos, organizaciones populares y personalidades observadores del proceso de búsqueda y localización.

En esta reunión se abordará un crimen de Estado, un crimen de lesa humanidad cometida por el Ejército el 25 de mayo de 2007 en el municipio de Oaxaca, Oaxaca, por tanto, la asistencia de las dependencias señaladas en el fallo permitirá conocer la determinación para el proceso de búsqueda y localización, así como las facilidades que corresponde para dar con el paradero de los revolucionarios Gabriel y Edmundo.

Con la indolencia, la revictimización y la resistencia de alguna de las instituciones para la búsqueda y localización de las víctimas, no garantizará el juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales para garantizar el derecho a la justicia y verdad.

En esta reunión interinstitucional, estará presente la representación de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Fiscalía General de la República, la Comisión Nacional de Búsqueda, la Secretaría de Gobernación, familiares de las víctimas, defensores de los derechos humanos y organizaciones populares.

Durante más de 15 años, la FGR y SEDENA, se han opuesto en coadyuvar para el acceso a la justicia y verdad en el caso de un crimen de Estado, en particular, por la desaparición forzada de los revolucionarios Gabriel y Edmundo. No hay duda de que el Ejército es responsables material e intelectual, pero el Estado y gobierno en turno no parece estar en la disposición política de enjuiciar y castigar a los perpetradores por ser un crimen de Estado.

Es muy probable que las dependencias señaladas busquen encubrir a la institución castrense, con limitantes y condiciones como parte de la oposición institucional al escrutinio que devele la autoría del Ejército. Desde un principio, negó y ocultó su responsabilidad a pasar de que los hechos conducen al más alto mando militar y funcionarios en turno.

La materialización del fallo, supone emprender la búsqueda y localización de las víctimas bajo la presunción de vida. Los obstáculos que ponga cada una de las dependencias e instancias será el indicativo de una política de Estado y gobierno para perpetuar la impunidad en casos de crímenes de lesa humanidad.

Son múltiples las graves violaciones a los derechos humanos contra aquellos que realizamos crítica política contra el régimen de explotación y opresión. Por esa razón, también nos mantenemos en la exigencia de presentación con vida de nuestro compañero Fidencio Gómez Sántiz, porque este constituye un crimen de lesa humanidad que los gobiernos en turno tratan con indolencia.

El gobierno no puede coartar el derecho a la protesta popular, la causa es justa, no puede haber mayor razón para la movilización que la exigencia de justicia y verdad. Para el gobierno es fácil negar y ocultar se responsabilidad en los crímenes de lesa humanidad, así es como busca prolongar la impunidad a los autores materiales e intelectuales como política de Estado.

No descansamos en señalar que existe una política represiva contra el pueblo organizado, se castiga a luchadores sociales y activistas en la prisión, como ejemplo, el caso de nuestro compañero Higinio Bustos Navarro preso político en el estado de Veracruz, su condición responde a una política represiva contra el FNLS para castigar nuestra voluntad de lucha.

El pueblo tiene derecho a organizarse y luchar para la solución de sus necesidades inmediatas, defender o conquistar sus derechos humanos y constitucionales por la vía de los hechos, como son, el derecho humano a la protesta popular, el derecho al acceso a la justicia y verdad y la presentación con vida de los detenidos desaparecidos.

Combativamente
¡Vivos los llevaron, vivos los queremos!
¡Libertad a los presos políticos!
¡Por la unidad obrero, campesino, indígena y popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo