Las normales rurales y la lucha por la educación pública que gobiernos antipopulares quieren acabar

Ciudad de México a 17 de octubre de 2022

A la opinión Pública

Las normales rurales y la lucha por la educación pública que gobiernos antipopulares quieren acabar

Las normales rurales son instituciones educativas que por décadas han formado educadores, son parte importante en la lucha por la defensa de los intereses populares, como el derecho a la educación, al trabajo, a la tierra, a la lucha por la democratización sindical del gremio magisterial. Son hijos del pueblo pobre del campo y la ciudad que gobiernos en turno pretenden acabar como organización estudiantil.

La formación de estudiantes normalistas resuelve una necesidad de los trabajadores de las zonas rurales del país, sin embargo, hace décadas que gobiernos van y vienen y cada uno demuestra su desencanto a la educación pública y gratuita y se imponen políticas que atentan contra el derecho a la educación y al trabajo mismo, paulatinamente se fortalece la iniciativa privada y se siembra el individualismo.

No se puede dirigir el proceso de enseñanza aprendizaje de manera íntegra para coadyuvar en la superación del rezago educativo si el Estado no procura el derecho a la educación y al trabajo de los educadores. El conocimiento se trunca no solo para los estudiantes normalistas, sino también a los posibles aprendices, porque no se garantiza el buen desenvolvimiento en los ejes académicos, deportivo, cultural, político y el de producción.

En este proceso, se atenta contra el normalismo rural, en el transcurrir de los años los funcionarios cerraron el 50 % de estas escuelas, algunos de los que quedan se les cerró el internado y el comedor estudiantil, redujeron la matrícula, el presupuesto y nuevas limitaciones que no les permite desarrollar las cualidades que permitiría combatir el rezago educativo en el sector campesino e indígena. Con el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, en el año de 1969 se aplicó una reforma a la educación con la que se cerraron 12 normales y en esta tercera década del siglo XXI, la afrenta continúa.

La lucha de los estudiantes normalistas es por la defensa de las normales rurales del país, espacios educativos que los diferentes gobiernos intentan cerrar y minar su organización estudiantil, implícitamente se defiende la educación gratuita, laica, científica y humanista para los niños de bajos recursos económicos, es decir, de explotados y oprimidos del campo.

Para ilustrar la política contra las normales rurales, uno hace memoria de algunos acontecimientos represivos, por poner un ejemplo, represión contra estudiantes de la Escuela Normal Rural de Mactumactzá en agosto de 2003 en Chiapas; en diciembre de 2011 en una actividad de protesta en la autopista siglo XXI, la policía estatal del estado de Guerrero, reprimió con armas de fuego a la manifestación que mantenían los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, dejó como saldo dos normalistas ejecutados de manera extrajudicial.

El 15 de octubre de 2012 el gobierno de Michoacán desplegó un operativo descomunal para desalojar a los estudiantes de la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga de Tiripetío Michoacán, a los estudiantes de la Normal Indígena de Michoacán, ubicada en la comunidad indígena de Cherán represión que continuó al siguiente día con encarcelamientos injustos y arbitrarios; contra la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Búrgos” de Ayotzinapa, y otras normales del país que se somete con la coerción la voluntad de lucha.

Aunque los discursos que se emiten en cada sexenio por políticos de oficio y por los diferentes gobiernos en apoyo y respaldo a la permanencia de las normales rurales, la realidad es diferente. Por omisión, comisión o aquiescencia permiten que sean agredidos y reprimidos en cada jornada de lucha que realizan por la defensa de la educación.

En esta administración se asimila indolencia y oídos sordos a las exigencias de los estudiantes normalistas y se responde con represión, no hay solución integral a la necesidad educativa. Por ejemplo, para garantizar la alimentación y el hospedaje a través de un internado, el gobierno de la “cuarta transformación” ofrece becas como una forma de disolver la vida interna y organizativa de los estudiantes.
En diferentes momentos la exigencia de respeto al derecho a la educación está presente y los hechos represivos desnudan la política educativa y represiva contra el sector estudiantil y popular.

Los gobiernos no velan por los intereses de la clase trabajadora, contrario a ello, pretenden acabar con los derechos conquistados por el pueblo durante largas jornadas de lucha. Prueba de ello es la situación por la que atraviesan las diferentes normales del país, a muchas de ellas se les reduce la beca alimenticia, la matrícula para el ingreso de los jóvenes de escasos y hasta la fecha se les niega el derecho a un trabajo digno.

Otro ejemplo de la política anti normalista es la que se da hacia la Escuela Normal Rural Carmen Serdán, de Tételes, Puebla. Ni el Ejecutivo federal y estatal tienen la voluntad política de atender y garantizar el derecho de las estudiantes, por el contrario, atentan contra la organización interna, los directivos y el gobierno de Puebla les niega el registro para las becas alimenticias, se les suspende las prácticas que las jóvenes realizan como parte de su formación, se les niega los alimentos que se encuentran almacenados en la bodega de la misma institución.

A esta política anti normalista, sobre todo, antipopular, los directivos de la normal Carmen Serdán comenzaron a desconocer la organización interna con la finalidad de certificarla y cobrar la estancia en el albergue estudiantil. La respuesta del gobierno de Puebla y la Secretaria de Educación Pública (SEP) es la simulación, las mesas de diálogo que tuvieron no dieron solución a la problemática que se vieron obligadas sin ser escuchadas hasta ahora a protestar frente a Palacio Nacional.

La falta de solución a problemas constantes, generó la movilización y el ejercicio del derecho a la protesta para que los motivos que dieron origen a la protesta sean atendidos y resueltos. Pese a las movilizaciones en el estado de Puebla y en la ciudad de México, el gobierno estatal, federal y la Secretaría de Educación Pública (SEP), son indolentes e indiferentes a la solución de las demandas de las estudiantes, con lo que coartan el derecho a la educación, y por su carácter interdependiente, violan el conjunto de los derechos humanos.

Contrario a la solución de sus demandas, a la lucha de las estudiantes se dirige la política gubernamental de represión, dilación, burocracia y el desgaste para que desistan de su lucha. La protesta de las normalistas frente a Palacio Nacional es ignorada por el gobierno federal, razón por que no son atendidas y sus exigencias no son resueltas.

Es evidente la política que los gobiernos en turno dirigen contra las escuelas normales que causan incontables graves violaciones a los derechos humanos. No es mucha la diferencia entre cometer un crimen de lesa humanidad que busca eliminar la organización de los estudiantes normalistas a la política de oídos sordos del gobierno actual.

Aunque la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), se ha pronunciado en dos ocasiones por la violación a los derechos humanos durante las movilizaciones de las estudiantes, el gobierno de Puebla y el Ejecutivo federal continúan sin resolver las demandas que dieron origen a la movilización y al plantón que mantienen las normalistas en la plaza de Santo domingo de la ciudad de México.

Si la actual administración ha declarado estar a favor de la educación normalista, ésta debe reprobar la represión y la destitución de quienes se sienten con el derecho de decidir sobre el futuro de la normal rural Carmen Serdán de Tételes, Puebla. El respeto y la paz no se construyen con el uso de la fuerza policíaca militar ni con oídos sordos, reside en la solución a las exigencias populares, estudiantiles, el respeto a la organización de las escuelas normales.

Fraternalmente

¡Por la unidad obrero, campesino, indígena y popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo FNLS