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Boletín de prensa. A 9 años de la desaparición forzada de Gabriel Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya:

El Incumplimiento de la Resolución Judicial 29/2014 es evidencia de la existencia de un estado de derecho que no representa al pueblo y la falta de acceso a la justicia en el país

Martes 24 de mayo de 2016, por Ciudad de México

El incumplimiento de esta resolución, reiteramos, no es fortuito, se debe a una decisión y política de Estado de mantener en la impunidad a los responsables, más cuando se trata de investigar a mandos militares y de las fuerzas armadas, que pondría en evidencia que el cometido de crímenes de lesa humanidad tienen patente en las estructuras del Estado mexicano.

Ciudad de México 24 de mayo de 2016

Este 25 de mayo se cumple un año más de la desaparición forzada de los luchadores sociales Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya. 9 años de lucha en la exigencia de su presentación con vida y el juicio y castigo a los responsables, desde aquel 25 de mayo del 2007 en que fueron detenidos desaparecidos por elementos estatales y federales en el estado de Oaxaca, según reza en la investigación judicial.

Durante todos estos años familiares, abogados, organizaciones populares, de derechos humanos, intelectuales y personalidades que han abrazado este caso, hemos demostrado no sólo mediante la vía jurídica sino también política que el crimen que se cometió en contra de Gabriel y Edmundo, es rotundamente una desaparición forzada. Crimen de Estado, en el que participaron por comisión los tres niveles de gobierno; estatal, municipal y federal.

Este hecho quedó demostrado en la recomendación 07/2009 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en el año 2009 y recientemente en la resolución judicial 29/2014 emitida el 19 de junio de 2014 por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en la que ordenó que todas las autoridades señaladas como responsables en el Juicio de Amparo interpuesto contra la desaparición forzada de EDMUNDO REYES AMAYA y de GABRIEL ALBERTO CRUZ SÁNCHEZ:

  • “Se trasladen a los lugares de posible detención u ocultamiento, en especial, REALICEN la búsqueda de EDMUNDO REYES AMAYA Y GABRIEL ALBERTO CRUZ SÁNCHEZ en las principales instalaciones militares;
  • TOMEN comparecencia a los funcionarios de la Procuraduría General de la República, a funcionarios estatales o mandos militares, que hubiesen estado en funciones en mayo de 2007, A FIN DE QUE DECLAREN EN RELACIÓN A LOS HECHOS;
  • INFORMEN SOBRE LA INHUMACIÓN de cadáveres en los centros de detención o zonas militares que pudieran coincidir con la de las víctimas para en su caso realizar diligencias de identificación forense.

A casi cumplirse dos años de haber sido emitida esta resolución NO SE HA DADO CUMPLIMIENTO A DICHO MANDAMIENTO JUDICIAL, lo cual demuestra la existencia de un estado de derecho en nuestro país que no representa al pueblo trabajador ni a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, con lo cual se acota cada vez más el recurso del Juicio de Amparo como medio idóneo para restituir derechos humanos vulnerados, más tratándose de una desaparición forzada.

El Juicio de Amparo del cual derivó la resolución se encuentra radicado en el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, bajo el número 942/2013, aún no se ha resuelto, lo cierto es que el hecho de no acatarse por parte de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la SEDENA, entre otras autoridades que están señaladas en el mandamiento del Tribunal Colegiado que deban realizar las diligencias encaminadas a determinar la suerte y paradero de EDMUNDO y GABRIEL, se vulnera el derecho a conocer la verdad, de acceso a la justicia y de reparación integral del daño, puesto que a pesar de no ser una sentencia definitiva, por la naturaleza de los hechos, la determinación esta instancia judicial va al fondo del asunto con el mandato de realizar acciones encaminadas directamente a seguir la búsqueda de ambos luchadores sociales.

El incumplimiento de esta resolución, reiteramos, no es fortuito, se debe a una decisión y política de Estado de mantener en la impunidad a los responsables, más cuando se trata de investigar a mandos militares y de las fuerzas armadas, que pondría en evidencia que el cometido de crímenes de lesa humanidad tienen patente en las estructuras del Estado mexicano. [1]

Tenemos el ejemplo del caso Tlatlaya, en donde los únicos 3 militares que se encontraban detenidos por la ejecución extrajudicial de 22 personas, fueron liberados y el caso de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos, en donde a pesar de que existe la evidencia de la participación del ejército, existe la negativa a querer interrogar e investigar a los cuerpos castrenses. Este hecho demuestra que aun con la existencia de importantes recursos jurídicos a favor de las víctimas, el Estado viola sus propios marcos legales, al negar el acceso a la verdad y la justicia.

Un hecho más de impunidad que podemos constatar se dio por la inacción del Ministerio Público federal a cargo de la Investigación radicada en la SEIDO al no realizar las diligencias necesarias para investigar diversos domicilios donde pudieran estar inhumadas personas que fueron desaparecidas y asesinadas durante el conflicto del 2006 en la ciudad de Oaxaca ; domicilios que es importante señalar son de ex funcionarios que tuvieron importantes cargos en el estado de Oaxaca cuando se desarrolló la represión en contra del movimiento popular-magisterial en 2006 en esa entidad.

Entre los lugares señalados se encuentran la casa del entonces teniente de fragata Manuel Vera Salinas y el rancho de Pedro Hernández Hernández, entonces subdirector operativo de la policía ministerial del Estado (MPE), esta información fue proporcionada por la Comisión de la Verdad de Oaxaca ante el ministerio público en noviembre del año 2015, sin embargo, hasta el día de hoy no se han ordenado las diligencias de exhumación en dichos inmuebles ni se han llevado a cabo investigaciones efectivas para determinar la veracidad de la información, lo que ha descartado una línea de investigación más para determinar la suerte o paradero posiblemente de Gabriel y Edmundo pero sobre todo de decenas de víctimas de la represión en 2006.

Todo lo anterior demuestra que la práctica de la desaparición forzada en el país se desarrolla de manera sistemática, planeada y orquestada desde las instituciones del Estado, independientemente del titular que se encuentre al frente del Ejecutivo federal; sólo así se explica la impunidad que prevalece en más del 90% de los casos y los miles de detenidos desaparecidos que existen en el país.

La desaparición forzada de los luchadores sociales Gabriel y Edmundo, en este momento, pone prueba los recursos judiciales en nuestro país para acceder a la verdad y la justicia; denota la inexistencia de imparcialidad en los ministerios públicos y jueces para cumplir con sus propias leyes. Al pueblo y sus organizaciones se nos exige cumplir la ley, pero cuando el Estado toca acatarla, escamotea por todos los medios la justicia para las víctimas.

Ante esto, familiares y organizaciones que acompañan este caso, emprenderemos nuevas acciones de protesta hasta lograr que estas diligencias sean realizadas, no sólo es por Gabriel y Edmundo, sino por las miles de víctimas que se encuentran en esta situación y en donde las fuerzas armadas están señaladas como las responsables del cometido de múltiples crímenes de lesa humanidad, lo que constituye política de Estado.

La primera acción que realizaremos será una protesta este 25 de mayo a las 10 de la mañana en diversos estados del país como: Michoacán, Chiapas, Veracruz, Hidalgo, Puebla, y la ciudad de México ante instalaciones del Poder Judicial de la Federación para exigir el cumplimiento de este mandato judicial.

Sólo la organización de todo el pueblo y la solidaridad en la exigencia de la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos, logrará que podamos arrancarlos de las garras del Estado.

¡Cumplimiento de la Resolución Judicial 29/2014!
¡Por cada Detenido-Desaparecido, Indignación y Una razón para luchar!
¡Presentación con vida de Todos los Detenidos Desaparecidos del País!
¡Juicio y castigo a los Culpables!

Atentamente

Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos, Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada, Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desparecidos(FEDEFAM), Comité Cerezo México, Frente Nacional de Lucha por el Socialismo(FNLS), Comité Independiente de Chihuhua-FEDEFAM, Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos (RENDDH), Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), Comité de Derechos Humanos de la Huasteca y Sierra Oriental (CDHHSO), Brigada Multidisciplinaria de la UNAM, Comité Monseñor Romero, Frente Popular Francisco Villa Independiente (FPFVI), Organización de Lucha por la Emancipación Popular (OLEP).

• Atrás de las instalaciones del Cuartel General de la Agencia Estatal de Investigaciones denominada “Los Pinos”, en la jurisdicción de Santa María Coyotepec, atrás de este cuartel devastaron un cerro y actualmente ya construyeron casas habitación.
• La casa del teniente de fragata Manuel Vera Salinas, en la Privada de Naranjo Nº 200, Fraccionamiento La Cascada, a un lado de la casa del ex gobernador José Murat Casab, muy cerca de la Fuente de las Ocho Regiones.
• Una casa con membrete de Asociación Civil utilizada para rehabilitación ubicada pasando el pueblo de Ánimas Trujano en la curva antes de llegar a Santa María Coyotepec, del lado oriente de la carretera Nº175 rumbo a Puerto Escondido, esta casa operó como casa de seguridad y fosa clandestina durante el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz.
• En la parte norte del basurero que se encuentra en la colonia El manantial, perteneciente al Municipio de Zaachila en colindancia con San Bartolo Coyotepec que está rumbo a Ocotlán pasando la “Y”, en donde se divide la carretera para ir hacia Zimatlán.
• El rancho de Pedro Hernández Hernández, subdirector operativo de la policía ministerial del Estado (MPE) en el pueblo de Vigallo, perteneciente al distrito de Zimatlán,


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