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¡Porque el color de la sangre jamas se olvida, los masacrados serán vengados!

Jueves 8 de septiembre de 2022, por Huasteca

Huasteca y Sierra Oriental, 8 de septiembre de 2022.

AL PUEBLO EN GENERAL:

El 8 de septiembre de 1994 fueron ejecutados de manera extrajudicial nuestros compañeros Rolando Hernández Hernández de “Zolotla” y Atanacio Hernández Hernández de “El Mirador”; un año después, el 18 de agosto se perpetra otra ejecución contra el compañero Nicolás Hernández Hernández, de “Canto Llano”, congregaciones del municipio de Ixhuatlán de Madero Veracruz. A 28 y 27 años, respectivamente, estos crímenes de Estado ejercidos por motivos políticos han quedado en la impunidad.

Este artero crimen fue cometido por bandas paramilitares, pistoleros de los caciques René Monroy, cacique regional y jefe de policía de seguridad pública y; Tranquilino Hernández Reyna, cacique local, en contubernio con los tres órdenes de gobierno. Tiempos en que caciques y gobierno mantenían sometido al pueblo con la violencia exacerbada.

Nuestros compañeros son hijos del pueblo que regaron su sangre en harás de tener una vida digna, tierra para vivir y trabajar. Sobre todo, lucharon para liberar a su pueblo que vivía acasillado, excluido de sus derechos y oprimido, son los motivos por los que fueron condenados con tanta saña.

La tortura y posterior ejecución se comete en el contexto de recuperación de la tierra en la región y el auge de la lucha agraria en el país. La saña con que fueron sometidos refleja el odio de clase que se ejerce contra el campesino indígena y al pueblo trabajador que se atreve a cuestionar al régimen.

Situación que en la actualidad persiste expresada en detención-desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, desplazamiento forzado, despojo de tierra, encarcelamiento de luchadores sociales quienes luchan por mejores condiciones de vida y por la emancipación del pueblo trabajador.

El caso fue turnado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que el 20 de octubre de 1995 recibió la petición en la que se denuncia la responsabilidad del Estado mexicano.

La respuesta de la CIDH ante el crimen fue una recomendación al Estado mexicano en la cual señala a Miguel Ángel Yunes Linares, secretario de gobierno de Veracruz, como uno de los responsables y que debía generar las condiciones para la reparación del daño a los familiares. Sin que hasta la fecha se haya atendido en su cabalidad.

En su lugar recibieron protección e impunidad los perpetradores, puestos en las estructuras del Estado, en contraste, represión y crímenes para el pueblo que continuaba en la lucha por sus demandas inmediatas, en este caso la Tierra, y el cese a la represión que cobró más víctimas.

El crimen cometido en el pasado, por parte del Estado, fue para contener la lucha organizada del pueblo. En la actualidad tiene el mismo objetivo, se utiliza la violencia institucional para inhibir el descontento popular, es reflejo de la imposición de los intereses Oligarcas en un contexto crisis económica.

Si antes se utilizó a pistoleros a sueldo para masacrar al pueblo con protección del ejército mexicano, hoy es el ejército, la Guardia Nacional y todas las corporaciones policíacas los encargados de cometer crímenes de lesa humanidad contra el pueblo organizado y no organizado.

No obstante, organizaciones populares y defensores de los derechos humanos, con la denuncia y lucha de familiares de los detenidos desaparecidos se ha logrado que el ejército y políticos de oficio sean investigados por los crímenes cometidos.

Empero, sin lucha combativa no será posible enjuiciar a los responsables materiales e intelectuales, tampoco detener la violencia de Estado ejercida contra el pueblo y sus organizaciones.

En esta fecha luctuosa exigimos:
1. Juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales como Patricio Chirinos Calero y Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador y secretario de gobierno respectivamente, por el crimen cometido contra nuestros compañeros Rolando, Atanacio y Nicolas.
2. A la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no más dilación en el caso de los dos revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya.
La tardanza en girar las notificaciones a las dependencias gubernamentales es la expresión de la política de dilación y desgaste en que pretenden conducir a los familiares y organizaciones populares que luchamos por su presentación con vida.
3. Presentación con vida de nuestro compañero Fidencio Gómez Santiz
4. Libertad incondicional de nuestro compañero Higinio Bustos Navarro.

La consigna es ¡ni perdón ni olvido! ¡castigo a los asesinos! Porque crímenes como la ejecución extrajudicial o la masacre no prescriben, como tampoco la desaparición forzada.

Nuestro llamado es no callar ante las injusticias, la denuncia y acciones políticas de masas son la vía para desenmascarar al gobierno demagógico, antipopular y proempresarial.

FRATERNAL Y COMBATIVAMENTE

¡ZAPATISMO Y SOCIALISMO! ¡HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!
¡POR LA UNIDAD OBRERO, CAMPESINO, INDÍGENA Y POPULAR!
FNLS

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