Pronunciamiento político: Declaración del gobierno Federal ante crimen de Estado contra los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya

Ciudad de México a 06 de agosto de 2022
A los medios de comunicación
A los organismos defensores de los derechos humanos
Al conjunto del movimiento popular

A las preguntas hechas por el periodista Zósimo Camacho durante la mañanera de esta semana, el presidente de México, Lic. Andrés Manuel López Obrador, asumió el compromiso de intervenir ante la negativa y resistencia del Ejército mexicano y otras instancias que no asuman su responsabilidad para garantizar el acceso a la justicia y verdad del crimen de Estado cometido contra los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya.

El gobierno federal asumió el compromiso de intervenir en el caso de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya miembros del Ejército Popular Revolucionario -Ejército Popular Revolucionario (PDPR-EPR) en caso de que los responsables materiales e intelectuales de este crimen de Estado no contribuyan a la investigación, en particular, por parte del Ejército mexicano.

Sin embargo, para el caso Gabriel y Edmundo, la negativa y resistencia del Ejército mexicano como perpetrador de este crimen y la Fiscalía General de la República son las instituciones que se oponen a acatar la resolución del Noveno Tribunal Colegiado desde el 2014 que mantada a altos mandos militares a comparecer ante la justicia. En ese sentido, no existe razón para que el Ejecutivo federal aplace su intervención, lo que indica es indisposición para cuestionar al Ejército como principal perpetrador de los crímenes de lesa humanidad en el país.

Son más de 15 años de impunidad que el Estado y gobierno en turno mantienen el crimen contra los revolucionarios Gabriel y Edmundo, un caso emblemático a nivel nacional e internacional. La opinión emitida por el Ejecutivo es de muchas reservas que procura cuidar la imagen del Ejército como una institución que materializa la violencia contra aquellos que realizan crítica política al régimen de explotación y opresión.

El compromiso del gobierno federal no es suficiente para el acceso a la justicia y verdad, si en los hechos las instituciones del Estado y los políticos de oficio mantienen la dilación e indolencia para dar con el paradero de los dos revolucionarios. En efecto, el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede definir el avance o estancamiento del caso en términos de acceso a la justicia y verdad, pasa por la decisión de los ministros de esta instancia y la política respecto al fenómeno en el país.

Familiares, organizaciones populares, defensores de los derechos humanos, asesor jurídico y personalidades hemos cuestionado al Estado mexicano y gobierno en turno por el fenómeno de la desaparición forzada cada cual en su trinchera en la lucha por justicia. Para el pueblo organizado, la presentación con vida y la exigencia de justicia y verdad es un tema que forma parte de nuestras acciones políticas de masas, para el gobierno actual, emite su opinión como consecuencia de la denuncia y el contexto que rebasa la demagogia gubernamental.

Una cosa es lo que dice y otra es la que se refleja en la realidad, este compromiso tomará cuerpo hasta que se den los pasos concretos que coadyuven en el esclarecimiento de este crimen de lesa humanidad y de Estado como la resolución de la SCJN a favor de Edmundo y Gabriel y las instituciones y funcionarios implicados en el caso comparezcan ante la justicia, sean castigados, reparen integralmente el daño y garanticen la no repetición.

La política de “perdón sí, olvido no”, conduce a perpetuar la impunidad para los criminales de Estado, no resuelve la exigencia de justicia, pretende conciliación entre los perpetradores y las víctimas. La justicia no es perdonar, los crímenes de lesa humanidad y de Estado deben ser castigados.

El compromiso del gobierno se debe de reflejar en los hechos y eso implica, primero abrir el campo militar No.1 de la Ciudad de México, investigar a todos los que estuvieron implicados en la desaparición forzada de Edmundo y Gabriel, pero es aquí donde dista mucho del discurso del Ejecutivo federal porque entre el discurso y los hechos se contradicen, no se materializa en el cuestionamiento al Ejército como principal perpetrador de los crímenes como ente represor.

Hasta ahora, los hechos refieren encubrimiento con el manto de la impunidad e inmunidad a los criminales de Estado. Por tanto, el fallo que emita la Suprema Corte, debe estar en función del acceso a la justicia y verdad para los dos revolucionarios reivindicados por el PDPR-EPR que tome en consideración los pactos y tratados firmados en materia de derechos humanos a nivel internacional por el Estado Mexicano.

Si la SCJN está por emitir un fallo, no es producto de la buena voluntad de Ministros, sino por la lucha incansable del pueblo organizado que mediante acciones políticas de masas a lo largo de 15 años exigimos la presentación con vida y castigo a los responsables materiales e intelectuales. Si el Ejecutivo federal hace mención del caso es porque los hechos rebasan el cerco mediático y el silencio impuesto por el Estado entorno a los crímenes de lesa humanidad.

Fraternalmente
¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!
¡Presentación con vida de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya!
¡Juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales de este crimen de Estado!
¡Por la unidad obrero, campesino, indígena y popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo FNLS