La desaparición forzada de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya es un crimen de Estado que no debe quedar impune

Ciudad de México, a 13 de julio de 2022
A la opinión pública

La desaparición forzada de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya es un crimen de Estado perpetuado el 25 de mayo del 2007, en Oaxaca, en un operativo conjunto por parte de la policía ministerial de Oaxaca, la Procuraduría General de Justicia del estado, policía Federal y el ejército.

La investigación y recomendación que efectuó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en ese año, aseveran la participación de las corporaciones policíaco militares en el mencionado operativo, en el que detuvieron y desaparecieron a Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya.

Las pruebas testimoniales y las evidencias del caso, comprueban que este crimen se ordenó desde la más alta estructura del Estado, por lo que, se debe enjuiciar y castigar a los perpetradores de tales hechos; máxime si se comete contra luchadores sociales, activistas políticos, defensores de derechos humanos o en este caso, contra dos revolucionarios que por sus convicciones políticas ideológicas su humanidad fue denigrada.

El caso de los dos revolucionarios confirma que el Estado no cumple con los compromisos adquiridos a nivel internacional en materia de derechos humanos y pretende presentarlo como un caso local para proteger a altos mandos militares que participaron en el operativo que dio como resultado la desaparición forzada de ambos revolucionarios.

Sin importar que el crimen se cometió en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, se extendió en el gobierno de Enrique Peña Nieto; la administración actual debe asumir la corresponsabilidad que guarda respecto a la desaparición forzada de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya y asegurar verdad, justica, memoria y garantías de no repetición para éste y los miles de casos de desaparición forzada.

En lugar de evadir la responsabilidad del Estado en hechos violentos del pasado y el presente, el Ejecutivo federal debe garantizar se dicte una sentencia a favor de las víctimas de desaparición forzada, se mande a comparecer a altos mandos militares que estaban en funciones en el año que se cometió la desaparición forzada, se abran los cuarteles militares, se forme una comisión especial de búsqueda y sean enjuiciados los perpetradores del crimen de lesa humanidad.

Indudablemente la justicia debe tocar a las fuerzas armadas como responsables materiales del cometido de los crímenes de lesa humanidad, exonerarlas o rendirles homenajes por su labor es un agravio para el pueblo de México que exige justicia. No olvidamos los miles de crímenes que el ejército, la marina y las diferentes corporaciones policíacas han ejecutado y ejecutan en nombre de la democracia burguesa.

No se olvide que el ejército es el instrumento represivo del Estado, que por naturaleza concentra y dirige la violencia de este para salvaguardar los intereses empresariales, si desde palacio nacional el gobierno morenista se declara ser un gobierno del pueblo y para el pueblo, debe comenzar por enjuiciar y castigar a las corporaciones policiaco militares y funcionarios públicos que participaron en la desaparición forzada de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya.

Este 10 de agosto del presente, la SCJN tiene una gran responsabilidad como guardián y garante en la impartición de justicia para el caso de Gabriel y Edmundo, y para los miles de detenidos desaparecidos del país. La sentencia que emita permitirá el acceso a la verdad, la justicia, memoria y garantías de no repetición o garantizará que los perpetradores de los crímenes de Estado y de lesa humanidad gocen de total protección para el cometido de más casos de desapariciones forzadas.

Fraternalmente
¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!
¡Presos políticos, libertad!
¡Por la unidad obrero, campesino, indígena y popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo FNLS