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LA DESAPARICIÓN FORZADA, POLÍTICA DE ESTADO QUE PERSISTE EN MÉXICO

Lunes 30 de mayo de 2022, por Michoacán

LA DESAPARICIÓN FORZADA, POLÍTICA DE ESTADO QUE PERSISTE EN MÉXICO

En los países bajo el dominio del capital, en donde la propiedad privada de los medios de producción genera pobreza y miseria para el 90 por ciento de la población, la burguesía en tanto clase dominante, recurre al aparato represivo de Estado, para aplicar diversas medidas que le permiten mantener el estado de cosas actual, entre estas, la desaparición forzada, crimen de lesa humanidad que se comete contra el pueblo, sus organizaciones y la disidencia política al régimen capitalista.

En la Declaración de Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas de 1992, se define que: “[…]desapariciones forzadas, es decir, que se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que éstas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan a nombre del gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y que luego se niegan a revelar la suerte o paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así de la protección de la ley[…]”pág. 12, Manual: ¿Qué hacer en caso de Desaparición Forzada?
En esta declaración se concibe a este acto como una medida de fuerza aplicada contra las personas, por elementos o funcionarios al servicio del Estado, por grupos organizados o por particulares que actúen con su aquiescencia, es decir, su apoyo directo o autorización, para detener, desaparecer contra su voluntad a las personas, quienes son privadas de su libertad de manera ilegal, hecho que ocultan y niegan funcionarios al servicio del Estado y las diferentes instituciones gubernamentales.

Por su carácter, intención y naturaleza, la desaparición forzada de personas es una política de Estado, es decir, tiene un propósito político, en tanto que la política es en esencia el ejercicio del poder, la burguesía como clase dominante se rige bajo este criterio.

En México, esta práctica lleva décadas, que trascienden los periodos de gobierno para convertirse en una política transexenal, por lo tanto, en una política de régimen, de sistema, de Estado. Desde la década de los 60 del siglo pasado hasta la actualidad, es recurrente la práctica de la desaparición forzada como política para tratar de acallar el descontento popular, y como medida punitiva que impone el terror en la población.

Es de dominio público que el periodo de la llamada “Guerra Sucia” que comprende las décadas de los 60, 70 y 80 del siglo pasado, este crimen fue perpetrado de manera directa por las fuerzas castrenses y policíacas, con la aquiescencia del poder Ejecutivo y el silencio cómplice del poder Legislativo, es decir, se trató de una política implementada de manera deliberada para contener el descontento y la protesta popular.

Cabe destacar que esta política en ningún momento se ha detenido desde los tiempos de la dictadura priista, sólo ha sufrido variaciones en cuanto a estadísticas y cifras contabilizadas a partir de las denuncias de los familiares de las víctimas, no obstante, este crimen se ejerce de manera sistemática, contra la población en general y en particular contra las organizaciones populares. Ejemplo de ello, son los múltiples casos de desaparición forzada cometidos sobre integrantes de organizaciones populares como la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) en el estado de Guerrero en la década de los 90 del siglo pasado.
En los sexenios panistas, representados por Vicente Fox y Felipe Calderón Hinojosa, la desaparición forzada continuó ejecutándose como política de Estado, pese a los discursos mediáticos donde se presumía de la “alternancia democrática” y de que ya no existía la dictadura priista, ejemplo de esta ominosa política, represiva y dictatorial, son el caso de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, detenidos desaparecidos por motivos políticos en Oaxaca, Oaxaca, el 25 de mayo de 2007 y el de Francisco Paredes Ruiz detenido desaparecido el 26 de septiembre de 2007 en Morelia, Michoacán.

Un hecho revelador de este proceder criminal de Estado es el caso de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya. En primera instancia las autoridades, funcionarios e instituciones niegan tenerlos en calidad de detenidos desaparecidos, por otro lado, criminalizan a los revolucionarios en esta condición, en tanto que, sus familiares son objeto de persecuciones, intento de allanamiento de morada, vigilancia militar y policiaca, hostigamiento y diversas formas de intimidación.

La responsabilidad del ejército, marina, y las diferentes corporaciones policíacas en estos crímenes de Estado que incluso atentan contra la humanidad no deja lugar a dudas, se convierten en brazos ejecutores de estas medidas políticas cuya intención es a todas luces inocultable, su propósito es atentar, acallar e impedir la participación de los revolucionarios en la vida política del país.

En estos dos sexenios panistas, particularmente en el presidido por Felipe Calderón Hinojosa, se incrementó exponencialmente la desaparición forzada de personas por motivos políticos y sociales, para finales de 2012 cifras oficiales superaban los más de 30 mil casos documentados, sin embargo, familiares de detenidos desaparecidos, defensores de derechos humanos y organizaciones populares, denunciaron la existencia de más de 70 mil casos (Consigna Socialista No. 17, noviembre de 2012, Saldos de la Guerra de Calderón, pág. 14).

En Michoacán, están los casos de Leonel Orozco Ortiz, detenido desaparecido el 03 de julio de 2008 y sus hijos Leonel Orozco Medina el 18 de abril de 2009, Moisés Orozco Medina el 22 de mayo de 2012, el periodista Ramón Ángeles Zalpa 06 de abril de 2010, entre otros cientos de víctimas más.

Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, las victimas de desaparición forzada continuaron incrementándose de manera alarmante, en esta administración se perpetró la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa Guerrero, el 26 de septiembre de 2014, la de nuestro compañero Fidencio Gómez Sántiz el 05 de marzo de 2016 en Ocosingo Chiapas y miles de casos más. Para finales de 2018 las victimas se contabilizaban en más de 350 mil.

El caso de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, revela cómo la impunidad encubre la política de Estado de la desaparición forzada, dado que el Estado se ha empecinado en eludir su responsabilidad en el cometido de este crimen, adjudicándoselo a supuestos miembros del llamado “crimen organizado” cuando es evidente y está ampliamente documentado que fue el Estado a través de su aparato represivo.

Son miles de voces que claman justicia y presentación con vida de sus familiares y seres queridos, toda vez que la política de Estado no solo comprende el daño infligido a la víctima, también a familiares, compañeros, amigos y a la humanidad misma, miles de estos gritos de desesperación y dolor fincaron sus esperanzas en morena, sin embargo, la realidad es que esta política persiste.

En lo que va de este sexenio, la desaparición forzada de personas lamentablemente persiste, entre las víctimas se encuentran activistas, mujeres, periodistas, defensores de los bosques, defensores de sus tierras y recursos naturales. Ejemplos de ello son los casos de Claudia Uruchurtu detenida desaparecida el 26 de marzo de 2021 en Asunción Nochixtlán Oaxaca, los diez indígenas yaquis detenidos desaparecidos el 14 de julio de 2021 en Sonora, miembros de las comunidades yaquis en resistencia contra el despojo de sus tierras, Irma Galindo Barrios detenida desaparecida el 27 de octubre de 2021 en San Esteban Atlatahuaca, Oaxaca, entre otros.

Cifras periodísticas señalan que en lo que va de este sexenio se contabilizan 31 mil 533 casos de desaparición de personas, con sustento en datos de la Comisión Nacional de Búsqueda de personas . Hay que tener presente que estos datos son oficiales y por tanto, conservadores, dado que los especialistas en temas de desaparición forzada señalan que, por cada caso documentado existen al menos diez sin que los familiares de las víctimas lo denuncien por temor a represalias.

A pesar de que la actual administración se empeña en mencionar que las cifras van “a la baja”, la realidad es que, el fenómeno de la desaparición forzada en México persiste y continúa la tendencia al alza.

Pese a todo la respuesta combativa de familiares, organismos defensores de derechos humanos, personalidades y organizaciones populares, nos permite sostener nuestra denuncia y exigencia de presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos de ayer y hoy.

¿Qué hacer para enfrentar esta criminal política de Estado? Denunciar este crimen y deleznable práctica gubernamental, continuar en la exigencia de presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos de ayer y hoy, de forma organizada coordinar las protestas de todos los sectores impulsando la unidad, luchar por la erradicación de este abominable crimen contra el pueblo, mantener la exigencia de presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos en el plano estatal, nacional e internacional. Si la desaparición forzada de personas persiste, la voz y lucha de familiares y organizaciones populares debe resonar con mayor intensidad por justicia, verdad, libertad y presentación.

¡PORQUE VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!
¡PRESENTACIÓN CON VIDA DE TODOS LOS DETENIDOS DESAPARECIDOS DE AYER Y HOY!

FRENTE NACIONAL DE LUCHA POR EL SOCIALISMO
FNLS

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