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Pronunciamiento político Jornada nacional por el derecho a la justicia, verdad, libertad, presentación y el derecho a la protesta

Miércoles 13 de abril de 2022, por Ciudad de México

Ciudad de México, 13 abril de 2022
A la opinión pública

En el marco del día internacional del preso político a conmemorarse el 17 de abril del presente, los que integramos el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) damos inicio a la Jornada nacional por el derecho a la justicia, verdad, libertad, presentación y el derecho a la protesta, para continuar con la exigencia de la libertad de los presos políticos, la presentación con vida de los detenidos desaparecidos, el juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales de los crímenes de lesa humanidad, alto a la persecución política y el cese a la violencia contra el pueblo.

Desde las instituciones gubernamentales los funcionarios públicos niegan la existencia de presos políticos, la represión, la desaparición forzada, la ejecución extrajudicial, la violencia contra el pueblo, la persecución política y el desplazamiento forzado; no obstante, los hechos reales contradicen la retórica del gobierno, por ejemplo, la estadística oficial reconoce casi a cien mil detenidos desaparecidos, las ejecuciones extrajudiciales de defensores de derechos humanos, periodistas y activistas políticos son la prueba de la violencia gubernamental que se vive en el país.

La prisión por motivos políticos es un hecho real e inocultable en el país, el derecho y la cárcel son los flagelos represivos con los que el Estado mexicano pretende castigar la voluntad de lucha del pueblo consciente. Existen carpetas incriminatorias, expedientes creados ex profeso para judicializar e incriminar al sujeto político organizado fuera de las estructuras gubernamentales.

Al inicio de la administración actual, organismos de derechos humanos denunciaron la existencia de 200 presos por motivos políticos, a esta cifra se han sumado innumerables casos de personas privadas de su libertad por ejercer el derecho a la protesta en los estados de Chiapas, Tabasco, Puebla, Veracruz, Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Guerrero, Morelos, Hidalgo y Oaxaca.

Ejemplo de lo anterior es el caso del compañero Higinio Bustos Navarro, quien actualmente se encuentra preso en la ciudad de Tantoyuca, Veracruz, mediante artilugios leguleyos que iniciaron en el año 2008 con el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa y, hoy la actual administración, la retoma con la finalidad de castigar su participación política en el FNLS, por defender la tenencia de la tierra, exigir la presentación con vida de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, exigir la libertad de Javier, Armando, Venturino, Asunción y Leobardo, por exigir alto a la política del terrorismo de Estado.

El caso de nuestro compañero no es el único, éste sólo es un botón de muestra de lo que existe a nivel nacional. En Chiapas con la administración de Rutilio Escandón Cadenas, las cárceles de la entidad fueron llenadas con presos pertenecientes a organizaciones populares que defienden la tierra, el agua y el patrimonio para sus familias; en Morelos se encuentra privada de su libertad la activista Licenciada en derecho Kenia Hernández Montalván por exigir la libertad de los presos políticos en Guerrero, Morelos y el Estado de México; en Michoacán estudiantes normalistas, comuneros, trabajadores de la educación, periodistas e integrantes de organizaciones populares son víctimas de la misma política represiva.

La persecución política es otra forma de violación al derecho a la protesta, porque a través de procesos jurídicos existe la pretensión de minar la decisión de lucha de las voces críticas, ya sea luchadores sociales, activistas políticos o defensores de los derechos humanos. En esa condición se encuentran nuestros compañeros, la Licenciada en psicología Noemia Calles Rios y el profesor de educación indígena Jorge Ceja Ramos, sobre quienes pende una orden de aprehensión en el estado de Michoacán por exigir la presentación con vida de los detenidos desaparecidos y la libertad de los presos políticos.

En Chiapas, los compañeros profesores, José Armando Falconi Borraz, Manuel de Jesús Mendoza Vázquez y Manuel Pérez López, son perseguidos políticos por el gobierno de la misma entidad por participar en las jornadas de lucha en defensa de la educación pública, el derecho al trabajo y desarrollar, junto con los padres de familia la organización independiente.

La exigencia de la presentación con vida de los detenidos desparecidos no es un asunto menor; tres años de gobierno federal no representan en cifras reales el esclarecimiento del cometido de este crimen de lesa humanidad que afecta a miles de familias mexicanas. El caso más ilustrativo es el de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, cuyo expediente fue turnado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y esta instancia decidió enviarlo al archivo.

El 25 de mayo del 2022 se cumplen 15 años de impunidad, de silencio cómplice, indolencia, intimidación y represión del gobierno mexicano en el caso de Gabriel y Edmundo, a pesar de que en el cometido de este crimen de lesa humanidad está documentado jurídica, política, periodísticamente y en derechos humanos la participación del Ejército mexicano, las policías federal, estatal y municipal, así como la marina, el gobierno federal es omiso para hacer cumplir las resoluciones que emanan de sus instituciones, lo que confirma que la desaparición forzada de personas es una política de gobierno que trasciende sexenios.

El caso desde lo político y jurídico expresa la indolencia gubernamental ante casos graves de desaparición forzada y a la vez permite la repetición del cometido de crímenes de lesa humanidad porque mantiene en la impunidad a los perpetradores. La solución que encuentra el gobierno federal es crear instituciones y cuerpos policíacos, en lugar de seguir las líneas de investigación que apuntan a autores materiales dentro de las estructuras gubernamentales, llámese procuradurías o fiscalías.

Al inicio de la presente administración presentamos los archivos jurídicos y de derechos humanos que ilustra el cometido de graves violaciones a los derechos humanos contra integrantes de nuestra organización, sin embargo, so pretexto de los contagios de la pandemia todos fueron omitidos y hasta la fecha no se presentan avances que indiquen la voluntad gubernamental de resarcir el daño ocasionado a las familias y compañeros de lucha.

En esa condición está el caso del compañero Fidencio Gómez Sántiz, quien es víctima de desaparición forzada desde el año 2016, la última información que la fiscalía otorga al abogado del caso es que se “extravió la Carpeta de Investigación”, de ese tamaño es la seriedad de los funcionarios en los casos de desaparición forzada, en esas condiciones, ¿con qué confianza se pueden acercar los familiares a exigir justicia?

Para el pueblo no hay justicia, el gobierno actual e instituciones como la SCJN, las fiscalías estatal y federal son instancias que extienden la impunidad a los responsables materiales e intelectuales como parte de una política transexenal más allá de las siglas partidistas o deseos personales de políticos de oficio.

La violencia institucional es una constante, una realidad que persiste en el actual sexenio y que en tres años ya es inocultable ante los ojos del pueblo trabajador, diversos casos evidencian el actuar represivo del Estado mexicano, existen testimonios vivos del flagelo gubernamental que castiga principalmente al sujeto político organizado, para que desista de sus convicciones de lucha y renuncie a la organización que pertenece.

El día internacional del preso político es bandera de lucha del pueblo organizado para salir a las calles a exigir la libertad de los presos políticos que se encuentran en las mazmorras del Estado. Por cada preso político que existe en el país es una razón para luchar; por cada violación a los derechos humanos es un motivo de lucha hasta que la justicia llegue a los hogares proletarios.

Nuestra jornada nacional de lucha es por juicio y castigo a los responsables de las ejecuciones extrajudiciales y la desaparición forzada, por erradicar el flagelo que cobra más víctimas y desangra a las masas trabajadoras, prácticas del terrorismo de Estado que viene de los sexenios del PRI y el PAN, y que perduran en la actual administración, no como una herencia maldita sino como un signo de la violencia institucional que tiene carácter transexenal.

Convocamos a cada víctima de la violencia institucional, a cada hijo, madre, padre o abuela que padece los flagelos de la política represiva a no callar, a salir a las calles a denunciar y desenmascarar la existencia de presos y perseguidos políticos, detenidos desparecidos o a un ser querido que haya sido víctima de graves violaciones a los derechos humanos.

Fraternalmente
¡Por la unidad obrero, campesino, indígena y popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS

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