Detenciones arbitrarias en el gobierno de la 4T: un problema que persiste

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. 14 de septiembre de 2021

A la opinión pública

Detenciones arbitrarias en el gobierno de la 4T: un problema que persiste

El Comité Popular en Defensa de los Derechos Humanos (COPODDH) a partir del año 2019 en el estado de Chiapas documentó diversos casos de detenciones arbitrarias contra activistas, luchadores sociales, defensores de los derechos humanos y estudiantes normalistas, hecho que hemos denunciado por la gravedad de esta situación, máxime cuando en tan solo tres años se han encarcelado cerca de medio millar de personas por su forma de pensar y por ejercer sus derechos constitucionales a la libre expresión y manifestación de ideas.

Otros organismos independientes de derechos humanos han hecho un trabajo de documentación que engloba casos de detenciones arbitrarias en todo el país, por ejemplo, en el informe: Defender los Derechos Humanos en México: sin verdad y sin justicia no hay transformación. Informe junio de 2020 a mayo de 2021 elaborado por el Comité Cerezo México, expresa que durante dicho periodo de tiempo se han cometido en el país 441 casos de detención arbitraria. De ese total Chiapas es la entidad con más casos, 105 en total.

Si a esta cifra se le suma las detenciones cometidas en el año 2019 en el contexto del despojo de tierras que implementó el gobierno chiapaneco en contra de colonos y campesinos, hablamos de que la administración que encabeza Rutilio Escandón Cadenas ha encarcelado de manera injusta y arbitraria a cerca de medio millar de personas.

Los casos que destacan son las detenciones arbitrarias en contra de integrantes de organizaciones populares como el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) y el MOCRI CNPA EZ, de estudiantes de la escuela Normal Rural Mactumatzá y el más reciente la del activista José Luis Sánchez Huerta conocido como el “guerrero Zulú”, casos que expresan cómo esta administración gubernamental que preside el MORENA hace de la cárcel el artefacto coercitivo para intentar inhibir el derecho a la organización y la protesta.

Algunos de los que fueron detenidos en este sexenio fueron liberados pero bajo condicionamientos, otros se encuentran con la medida cautelar de libertad condicional, que en esencia es lo mismo en tanto que la Fiscalía General del Estado (FGE) les prohíbe realizar activismo, o dicho de otro modo, se les prohíbe ejercer su derecho a la protesta para exigir solución a sus demandas o para defender sus derechos.

Otros más permanecen en calidad de presos políticos, entre ellos se encuentran Javier González Díaz, Armando Hernández Sánchez, Venturino Torres Escobar y Asunción Gómez Sánchez integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, organización que tiene a dos presos políticos más, uno en Michoacán, Leobardo Reyes Meza y otro en Veracruz, Higinio Bustos Navarro.

En estos casos el gobierno chiapaneco a través de la FGE utilizó un entramado jurídico para justificar las detenciones, la cual partió de la elaboración de Carpetas de Investigación incriminatorias, con delitos fabricados, pruebas falsas, además, de la labor de jueces que actúan por consigna para desechar recursos jurídicos interpuestos por la defensa jurídica de los presos políticos. Con todo esto sale a relucir el uso faccioso de la ley en el gobierno de la 4T para castigar a los que luchan por defender sus derechos humanos.

Javier, Armando, Venturino y Asunción han participado en jornadas de lucha por justicia en la que demandan presentación con vida de los detenidos desaparecidos, juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales de los crímenes de lesa humanidad, así también, por la defensa de la tierra… esto es lo que el gobierno trata de detener.

Jurídicamente estos casos se encuentran en el transcurso de la Audiencia de Juicio Oral de etapa intermedia, misma que lleva más de dos año sin realizarse so pretexto de la pandemia u otros argumentos que ponen de manifiesto lo vil de las instituciones de justicia para la labor represiva.

Qué se puede esperar de un juicio dónde los jueces, fiscales, y gobierno estatal tienen como objetivo castigar a los luchadores sociales, la política del gobierno de la Cuarta Transformación en Chiapas pone riesgo inminente de que sea consumada una injusticia más al condenar a los presos políticos por delitos que no cometieron.

Ante esta situación como Comité Popular en Defensa de los Derechos Humanos (COPODDH) nos pronunciamos y nos sumamos a las voces que exigen la libertad inmediata e incondicional de los presos políticos.

En la reciente visita que realizó Andrés Manuel López Obrador en Chiapas pudo constatar el cumulo de descontento de la población, de organizaciones populares, de sectores que han sido víctimas de la violencia laboral, institucional, que exigen atención a sus demandas dado que la administración chiapaneca se encuentra totalmente cerrada al diálogo y elige la represión como forma de gobernar.

La respuesta del representante del ejecutivo federal ante las demandas del pueblo no fueron las que se esperaban, por lo que cabe preguntarse, cuántas víctimas más de la violencia y de graves violaciones a los derechos humanos deben haber para que el gobierno federal acepte que existe represión, presos políticos, tortura, y tome cartas en el asunto. Es un cuestionamiento que debe ser respondido con la verdad, no con discursos demagógicos que lo único que hacen es validar la violencia contra el pueblo.

Ante este contexto es necesario que familiares, organizaciones populares, organismos defensores de los derechos humanos generemos las condiciones para impulsar de manera unificada la lucha por la libertad de los presos políticos y contra la represión.

¡A organizar y defender los derechos humanos!
Comité Popular en Defensa de los Derechos Humanos