DESAPARICIÓN FORZADA, CONTINUIDAD EN EL GOBIERNO DE LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN

Ciudad de México, a 02 de septiembre de 2021

A la opinión pública

La desaparición forzada es una grave violación a los derechos humanos que tiene continuidad en la actual administración, es un crimen de Estado y de lesa humanidad que lacera profundamente a la humanidad en su conjunto al no informar sobre el paradero de las víctimas directas de este deleznable crimen. La herida sigue abierta y se extiende cada vez que el Ejecutivo federal se niega a investigar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales de tan aberrante crimen.

El Estado mexicano suscribió la Convención interamericana contra las desapariciones forzadas el 6 de febrero de 2007, fecha en la que adquirió el compromiso y la responsabilidad con la comunidad internacional de velar por la vida, la libertad y la seguridad de todas las personas que pertenecen a su jurisdicción, como medidas para mantener la dignidad y la paz entre las naciones. Pese a lo suscrito no ha cumplido con tal instrumento en la materia.
En la convención internacional para la protección de las personas contra las desapariciones forzadas se contempla que los Estados firmantes están obligados a: La prohibición absoluta de la desaparición forzada de personas, señalando que en ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales como justificación de la desaparición forzada (art. 1). En México, el crimen de la desaparición forzada se comete, lacera al pueblo en su conjunto y los perpetradores permanecen activos en las estructuras del Estado, ¡qué gran contradicción

El 18 de marzo de 2008 el Estado mexicano ratificó el instrumento internacional que protege a todas las personas contra la desaparición forzada. Esta convención no es un documento en abstracto y el compromiso adquirido en él no es a título personal como jefe de Estado de ese período, es parte de la responsabilidad jurídica que toda Estructura del gobierno mexicano debe acatar y cumplir sin excepción alguna, máxime si se trata de crímenes de lesa humanidad.

Sin importar el período en el que se ratificó dicho compromiso internacional, este sigue vigente por ser crímenes que no prescriben y que ofende de múltiples maneras a las víctimas directas, familiares, amigos, compañeros de lucha y a la comunidad internacional.

En las administraciones de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto las cifras de detenidos desaparecidos ascendieron a más de 350 mil las víctimas de este atroz crimen, sin que hasta la fecha se investigue, sancione y se dé garantías de no repetición. En la presente administración morenista el grupo de trabajo contra la Desaparición Forzada de la ONU, reconoce el cometido de 20 mil desapariciones forzadas. Víctimas que siguen sin acceder a la justicia.

No se admite el discurso oficial que las desapariciones forzadas son herencia de administraciones pasadas, estas son la continuidad de la política de violencia de clase que se ceba contra las masas organizadas. Si fuese ese el hecho desde el inicio de su gobierno el actual mandatario se aseguraría de investigar y enjuiciar a los responsables de este y otros crímenes que han desangrado a la humanidad.
Contrario a ello, la justicia no llega a los hogares proletarios, esta es regateada y negociada para desmovilizar a los familiares, organizaciones y personalidades progresistas con los casos de desaparición forzada.

El caso que ilustra la negativa del gobierno mexicano para hacer justicia en la desaparición forzada en el país, es el de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, que tras catorce años de exigir su presentación con vida, juicio y castigo a los responsables de este crimen, la política de gobierno no permite dar con su paradero, conocer la verdad de los hechos, así como enjuiciar y castigar a los perpetradores.

La perversidad de la política de gobierno es tal que, aún con la existencia de recursos jurídicos que comprueban la responsabilidad de militares, marinos y las diferentes corporaciones policíacas en el cometido de la desaparición forzada contra ambos revolucionarios, una y otra vez se cierra la puerta a la justicia para este y otros casos.

Es falso afirmar que la justicia llegara a los miles de casos de desaparición forzada, cuando en la práctica las cifras de detenidos desaparecidos contra el pueblo organizado siguen en aumento.

Atentamente

¡Vivos se los llevaron, Vivos los queremos!

¡Presos políticos Libertad!

¡Porque ser luchador social no es sinónimo de delincuente!
COMITÉ DE FAMILIARES DE PRESOS POLÍTICOS
VOCES DE LIBERTAD

¡Por la unidad obrera, campesina, indígena y popular!
FRENTE NACIONAL DE LUCHA POR EL SOCIALISMO

FNLS