Tinta Socialista No. 141. En México se encarcela a quien defiende sus derechos y libertades políticas

Ciudad de México a 26 de agosto de 2021

Tinta Socialista No. 141. En México se encarcela a quien defiende sus derechos y libertades políticas

Las cárceles en México albergan a presos políticos, a luchadores sociales, hombres y mujeres, quienes por defender sus derechos independiente. y libertades políticas son sometidos a prisión con delitos que no cometieron. En los centros penitenciarios enfrentan procesos judiciales burdos, injustos, amañados e inverosímiles, se les viola todo proceso judicial y derechos humanos con la intención de minar la organización popular

La existencia de presos políticos en el país devela la política represiva del gobierno mexicano contra aquellas personas que deciden organizarse fuera de los marcos corporativos del Estado. En esas condiciones están nuestros compañeros Javier González Díaz, Armando Hernández Sánchez, Venturino Torres Escobar, Asunción Gómez Sánchez, Leobardo Reyes Meza e Higinio Bustos Navarro; hoy presos políticos de la actual administración morenista, detenidos de manera arbitraria e injusta en los estados de Chiapas, Michoacán y Veracruz.

La aplicación de la ley en nuestro país es distinta, a unos se les garantiza el debido proceso y todo procedimiento jurídico, en cambio, a otros les aplican todo el peso de la ley, les violan el derecho a la presunción de inocencia y el debido proceso, desde el momento que pisan la cárcel son tratados como “delincuentes” sin comprobarles el delito. Eso nos refleja la existencia de un estado de derecho burgués, de ahí su carácter de clase.

El estado derecho tiene carácter de clase, éste garantiza los intereses económico y político de los grupos de poder en nuestro país. Las leyes e instituciones del Poder Judicial, así como otras instancias gubernamentales en su conjunto perpetúan esas condiciones que hacen de su existencia el beneficio para unos cuantos empresarios en detrimento de la miserable vida de las masas trabajadoras.

El estado de derecho burgués es utilizado para incriminar y judicializar la expresión de lucha de hombres y mujeres conscientes de la situación que se vive en el país. Es una política que enuncia uno de los aspectos represivos del gobierno, quien se apoya en la ley burguesa y toda una serie de artilugios jurídicos para diluir la esencia política del sujeto que lucha por mejores condiciones de existencia.

Aunque el Ejecutivo federal diga todo lo contrario, los hechos siempre exponen la realidad objetiva. A los funcionarios corruptos, a pesar de que se les comprueba su proceder se les garantizan todas las facilidades jurídicas y garantías políticas para llevar su proceso en plena libertad, un hecho que adelanta el veredicto judicial, a ojos de la autoridad resultaran inocentes o con faltas menores.

A los políticos de oficio que viven del erario público y que al amparo de la inmunidad que les otorga el ser parte del poder legislativo no importa que tan grave sea el delito que cometan, todo termina en un combate de sombra, que se traduce en acuerdo político para evitar pisar la cárcel. Incluso, es tanto el cinismo que, les dan tiempo para moverse a otro país.

A los empresarios en connivencia con los funcionarios y políticos corruptos se les dispensa toda “travesura” que implique un acto de corrupción, a través de una fianza como garantía económica para evitar pisar la cárcel y llevar el proceso en libertad, total, el daño está “reparado”.

En ellos se observa la aplicación de la ley en beneficio de unos cuantos, el hecho de que desde la oficialidad divulguen ante los medios de comunicación que la van aplicar, en los hechos no se hace, sólo son palabras hueras que terminan en un arreglo político.

La política del gobierno contra el pueblo organizado es todo lo contrario, a ellos les aplican todo el peso de la ley, sin respetarles los derechos humanos, ni los procesos judiciales correspondientes; en un principio son tratados como los peores delincuentes, sin tener derecho a nada más que a guardar silencio y no protestar por los tratos inhumanos y degradantes a los que son sometidos.

Desde el momento en que detienen a la persona, lo hacen sin una orden de aprehensión, no les leen los motivos de su detención, la única lectura que hacen los agentes policíacos, quienes ni siquiera llevan las insignias oficiales ni uniforme, es la violencia, la agresión física y verbal para someter a la víctima.

Posteriormente los trasladan a lugares no oficiales, donde son torturados hasta arrancarles la supuesta confesión que ellos quieren escuchar o información que quieren obtener de sus compañeros de organización con la intención de cometer más detenciones arbitrarias. Después de varias horas de tormento para el detenido es presentado a las autoridades como “delincuente”, sin siquiera tener una Carpeta de Investigación que justifique su detención, ésta la empiezan a fabricar durante el trayecto que es detenido.

Aunque parezca sorprendente, las cárceles del país están llenas de personas cuyo proceso judicial es injusto, unos con años sin recibir sentencia alguna por no contar con dinero para pagar un abogado y el de oficio lleva de muertito el caso, por tanto, se penar es tortuoso adentro. Eso refleja la existencia de un estado de derecho con carácter de clase.

En los casos de los presos políticos, los juicios son amañados, faltan al debido proceso y al derecho a la presunción de inocencia para justificar penas carcelarias absurdas; los delitos que les imputan son falsos, les agregan el concepto de “agravante” con la finalidad de que no puedan llevar su proceso judicial en libertad.

Las Carpetas de Investigación presentan una serie de inconsistencias, los hechos en modo, tiempo y lugar no coinciden, ni siquiera la parte acusadora existe y, aunque la parte defensora interponga recursos jurídicos que comprueban lo dicho, los fiscales y jueces por consigna los rechazan, eso denota que quien está en el poder y en las instituciones judiciales lo aplican a modo.

Las cárceles en el país albergan a las voces críticas que desnudan la demagogia del gobierno, en ellas se encuentran hombres y mujeres cuyo único “delito” para el gobierno mexicano es defender los derechos del pueblo, visto de esa manera a quien ejerza sus derechos y libertades políticas es considerado desde la lógica oficial como “delincuente”.

Para el sujeto político organizado fuera de las estructuras gubernamentales, para todo aquel que luche por verdaderas transformaciones de la sociedad y desmienta la falsa esperanza que se siembra en un sistema político fincado en la demagogia y la represión, para toda voz crítica…, la amenaza de la cárcel, así es como están varios perseguidos políticos, son los casos de los compañeros, la Licenciada en psicología Noemia Calles Ríos, el Licenciado en economía y profesor José Armando Falconi Borraz y el profesor de educación primaria José Manuel Mendoza Vázquez, quienes están en esa condición por pertenecer al FNLS.

Para las víctimas de la Desaparición forzada sean directas o indirectas no hay justicia. Para las organizaciones de derechos humanos, de familiares, populares y ciudadanos que exigen su presentación con vida, la respuesta es larga al asunto y falsas promesas. Lo que se traduce en indolencia y dilación institucional.

Para las víctimas de la ejecución extrajudicial la política del gobierno es la misma, todo lo quiere resolver con “la reparación del daño”, que significa, tanto la víctima de la desaparición forzada como el ejecutado de manera extrajudicial, tienen un precio, es decir, los convierten en mercancía y moneda de cambio.

Con represión no hay transformación, decir que no se reprime al pueblo resulta insostenible; lo confirma la existencia de seis presos políticos del FNLS, de la persecución política contra varios de nuestros militantes en más de 200 Carpetas de Investigación, las cuales, algunas datan desde los tiempos que Calderón y Genaro García Luna, quienes tenían por política crear al por mayor falsos culpables. Lo perverso es que la actual administración le dé seguimiento a esa política de gobierno.

Reprimir al pueblo es una vieja práctica transexenal, una política de gobierno que se justifica con procesos judiciales que criminalizan, tanto la pobreza como la protesta popular, en esa ruta se judicializa a quienes participan, se organizan y luchan fuera de las estructuras gubernamentales.

A la organización independiente con la criminalización y la judicialización se le pretende quitar todo valor político para presentarla como organización criminal, por consiguiente, sus integrantes son objeto de persecución política y represión.

Mientras esta política persista la denuncia acciones políticas de masas persistirán, las consignas ¡PRESOS POLÍTICOS, LIBERTAD!, DESAPARECIDOS PRESENTACIÓN serán una bandera de lucha a enarbolar en la actual administración.

Atentamente

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo

FNLS