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El Poder Judicial de la Federación convalida la tortura en el caso del preso político Javier González Díaz

Domingo 8 de agosto de 2021, por Chiapas

Chiapas, México. 8 de agosto de 2021

A los medios de comunicación

A los organismos independientes de derechos humanos

Al pueblo en general

El Poder Judicial de la Federación convalida la tortura en el caso del preso político Javier González Díaz

Nuestro compañero preso político Javier González Díaz fue detenido desaparecido por más de 25 horas, tiempo en el que fue sometido a tratos crueles e inhumanos, por estas graves violaciones a los derechos humanos se interpuso un amparo para que se investigue el delito de tortura, el amparo fue remitido al Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicio Federal en el Estado de Chiapas, mismo que denegó el recurso jurídico, esta decisión significa que el Poder Judicial convalida la represión cometida contra nuestro compañero.

El Juez encargado de resolver el amparo en mención es Felipe V Consuelo Soto, funcionario que ha ocupado diversos puestos en el Poder Judicial de la Federación, y el cual también según fuentes periodísticas es uno de los jueces con mayor número de quejas ante el Consejo de la Judicatura Federal, ha causado polémica en casos del ámbito mercantil, por su papel en beneficiar a algunos empresarios.

La parcialidad de este juez hacia el sector empresarial explica su determinación de no proteger con la justicia a nuestro compañero Javier víctima de tortura. Cabe recordar que en el testimonio de nuestro compañero expresa que mientras era golpeado por sus torturadores le decían que “lo entregarían al empresario Jesús Alejo Orantes” dado que éste ve afectado sus intereses por la lucha en la defensa al derecho a la tierra que desarrolla nuestro compañero.

De este modo la decisión del Juez Federal de emitir un fallo en contra de Javier se suma a las acciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) de mantener encarcelado y recluido injustamente a nuestro compañero por ser un luchador social que defiende los derechos del pueblo, con la decisión del Juez Federal se reintenta silenciar la lucha de nuestro compañero para beneficiar al empresario Alejo Orantes quien busca despojar de tierras a campesinos en la región de Venustiano Carranza, Chiapas.

Según Felipe Consuelo Soto, el preso político Javier González Díaz tiene responsabilidad “en la comisión de un delito”, delito fabricado por la FGE de Chiapas, en lo que respecta a las violaciones a los derechos humanos que fue objeto nuestro compañero el Juez señala que son “meras afirmaciones sin fundamento”, este proceder del Juzgador expresa de nueva cuenta su parcialidad hacia la injusticia y la impunidad, porque protege a los responsables de la tortura infringida al preso político.

No es sorpresivo que las instituciones de “justicia” a nivel estatal y federal actúen coordinadamente para castigar a los luchadores sociales, esas instancias judiciales que supuestamente son autónomas en realidad están plegadas a la política represiva que desarrolla en este caso el gobierno chiapaneco y el federal, el caso de Javier es una muestra sin embargo, existen muchos más.

El Juez Federal denegó el amparo a pesar de las diversas pruebas médicas que demuestran que las lesiones en la humanidad de Javier son producto de tortura, e incluso omitió el hecho de que el propio director del Centro de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) al ver que Javier ingresaba a dicho penal con graves lesiones en su cuerpo procedió a hacer denuncia oficial por tortura.

La lógica jurídica utilizada por el Juez Felipe para desechar todo argumento es culpar a Javier de un delito que no cometió y así justificar la validez de los golpes y huellas de tortura en el cuerpo de nuestro compañero. Aplicó en otras palabras el dicho que dice “el fin justifica los medios”, en otras palabras, si se trata de castigar a un luchador social para el Juez es válido la tortura y la prisión injusta.

Otro recurso jurídico para determinar el cometido de tortura contra Javier, es el Protocolo de Estambul, ésta fue realizada por la Fiscalía General de la Republica (FGR) en el año de 2019, los resultados de este Protocolo presentó varias inconsistencias, como los resultados del peritaje psicológico, de manera dolosa e intencionada la psicóloga omitió los rasgos de conducta depresivos que Javier manifiesta producto de la tortura, con ellos quedó demostrado que la FGR y los Jueces Federales forman parte de la cruzada represiva contra el pueblo.

Dado que las instituciones oficiales no son confiables debido a su parcialidad, es necesario que dicho Protocolo se realice de nuevo pero a través de un equipo de expertos autónomos e independientes, es un derecho que tiene la víctima.

Si bien el estrecho marco jurídico deja poco margen de acción para la defensa jurídica de los presos políticos porque las instituciones hacen de la ley el ariete represivo, no es motivo de desánimo sino de impulso para mantener con firmeza y fuerza la lucha por su libertad inmediata e incondicional, y sobre todo para desenmascarar esta administración gubernamental que se esconde en el disfraz discursivo de un “gobierno que no reprime y que respeta derechos humanos”.

La justicia debe llegar pero con la movilización y las acciones políticas de masas, porque, de parte de los funcionarios y su parcialidad hacia las injusticias es difícil que se resuelvan los miles de casos de violaciones a los derechos humanos, por este motivo, el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo mantiene en alto las banderas de lucha contra la represión, la presentación con vida de los detenidos desaparecidos y libertad a los presos políticos.

Es necesario unificar esfuerzos entre víctimas para gritar en una sola voz ¡justicia!

¡Por la unidad obrero, campesino, indígena y popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo

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