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Tsajal Ek´No. 29 - La MARINA y la desaparición forzada en México

Sábado 17 de abril de 2021, por Chiapas

Tsajal Ek´No. 29
Análisis y propuesta del FNLS en Chiapas
17 de abril de 2021

La MARINA y la desaparición forzada en México

En estos días 30 elementos de la Marina fueron detenidos y vinculados a proceso por el delito de desaparición forzada de personas en el estado de Tamaulipas. Los elementos de la Secretaría de Marina (Semar) estarían involucrados en por lo menos cerca de 50 desapariciones forzadas. Hecho que confirma la existencia de este crimen de lesa humanidad y la participación de los cuerpos castrenses en su cometido.

Existen diversos casos de policías, marinos, militares y funcionarios públicos que han sido detenidos y encarcelados por el cometido de graves violaciones a los derechos humanos, incluso en el caso Ayotzinapa a finales del mes de enero un ex policía federal fue puesto en prisión preventiva por su participación en la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas.

Un ejemplo importante donde se comprueba la participación de elementos de la Semar en desapariciones forzadas es la sentencia de 22 años de prisión dada por un juez apenas el año pasado en contra de un capitán y a cuatro elementos de tropa de la Marina en Tamaulipas, por su responsabilidad en la desaparición forzada de una persona en agosto de 2013.

El Estado ante estos hechos que vincula la desaparición forzada con las fuerzas policiacas militares, busca la forma de evadir su responsabilidad y fincarla únicamente hacia los elementos que ahora se encuentran vinculados a proceso. Para el Estado las desapariciones forzadas no son parte de su política, sino una práctica que cometen militares, policías o marinos por cuenta propia, como si se tratase de un secuestro común.

Los ideólogos del Estado insisten que la desaparición forzada es resultado de la infiltración del narcotráfico a las instituciones y de la cooptación de elementos policíacos militares para la “disputa de plazas”, ¡Nada más alejado de la realidad!

La desaparición forzada es una política de gobierno, planeada y ejercida de forma sistemática con fines represivos y contrainsurgentes, dónde las víctimas los caracteriza su origen de clase, son trabajadores, proletarios, de las masas populares, mientras que los autores materiales son elementos adscritos a la policía, al ejército y a la marina quienes actúan bajo órdenes superiores.

Si algunos responsables materiales han sido tocados por la justicia es por la incansable lucha de familiares, organismos de derechos humanos y pueblo organizado que exige la presentación con vida de los detenidos desaparecidos y el juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales.

Desde las instituciones únicamente se impone la impunidad, se protege a los responsables intelectuales, por ello, militares y funcionarios públicos de alto nivel no han sido encarcelados por crímenes de lesa humanidad, otros más evaden la justicia con facilidad, como el caso de Evencio Nicolás Martínez ex procurador de justicia del Estado, quien tiene orden de aprehensión por su responsabilidad en la desaparición forzada de los revolucionarios Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, pero se encuentra prófugo.

La actual administración se niega a investigar a funcionarios de alto nivel que estuvieron en funciones durante el sexenio pasado y que están señalados como responsables de crímenes de lesa humanidad, hablamos de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto; también se niega a apertura el cuartel militar número uno para la búsqueda de desaparecidos, situación que pone en evidencia la continuidad de la impunidad.

El encarcelamiento de elementos de la marina, policía y ejército es un paso hacia la justicia, sin embargo, no está completa si no se castiga a los autores intelectuales, a los mandos policíacos militares, a los funcionarios de alto nivel quienes planifican la política represiva y el cometido de crímenes de Estado contra el pueblo.

En el caso de las desapariciones forzadas, la justicia incluye, dar con el paradero de las personas detenidas desaparecidas, la reparación integral de los daños y garantías de no repetición. Si esto no se cumple, la impunidad sobrepasará la justicia.

En el presente, la militarización del país bajo el argumento del “combate al crimen organizado” ha traído como consecuencia que se mantenga a la alza las violaciones a los derechos humanos, un caso que demuestra lo dicho es lo sucedido, el 24 de junio del año pasado en Nuevo Laredo Tamaulipas, donde elementos del Ejército ejecutaron extrajudicialmente a un joven, y a otro más lo detuvieron y desaparecieron. Existe evidencia del caso, sin embargo, la impunidad prevalece.

La militarización y las desapariciones forzadas van de la mano, lo que indica que mientras se refuerce el Estado policíaco militar, la violencia contra el pueblo no cesará, máxime cuando se ha vuelto una práctica recurrente los casos de exceso de fuerza y abuso de autoridad de policías que han llegado a asesinar a personas durante detenciones arbitrarias.

Falta que la Fiscalía de Tamaulipas dicte sentencia a los marinos que están hoy vinculados a proceso, el riesgo es que queden en libertad y la justicia sea escamoteada, por tanto, corresponde a todos los familiares de víctimas y al conjunto del movimiento popular mantener en alto las banderas de justicia, de presentación con vida de los detenidos desaparecidos, hasta que sean castigados los responsables materiales e intelectuales.

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