Airado reclamo de familiares a las autoridades sobre desaparecidos «¡Vivos se losllevaron!, ¡vivos los queremos!», reproche fue dirigido a los integrantes del presídium del foro organizado por la ONU

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La consigna de «¡Vivos se los llevaron!, ¡vivos los queremos!», fue el respiro al silencio. Por la impunidad, el aliento común de reproche fue dirigido a los integrantes del presídium durante la presentación del Informe de la Misión a México del Grupo de Trabajo de la ONU sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias.

Patricia Monreal

Morelia, 17 de mayo de 2012. «¿Qué me dicen las pinches autoridades?, para qué sirven? Yo solamente quiero a mi hijo». Junto con las lágrimas, la mujer soltó el micrófono frente a un auditorio que brevemente se quedó sin palabras.

La consigna de «¡Vivos se los llevaron!, ¡vivos los queremos!», fue el respiro al silencio. Por la impunidad, el aliento común de reproche fue dirigido a los integrantes del presídium durante la presentación del Informe de la Misión a México del Grupo de Trabajo de la ONU sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias.

En el Salón de Recepciones del Congreso del Estado, los familiares abarrotaron los asientos, esperaron el transcurrir de los discursos, de los datos duros, de las promesas para legislar en la materia; después ellos hablaron.

«En la procuraduría me han tratado como la madre de un criminal por el hecho de buscar a mi hijo desaparecido», dijo María Elena Barajas Mejía, mientras sostenía la foto de su hijo Pedro, que desapareció el 15 de junio de 2011, y ahora habrá cumplido los 20 años.

«Cuando fuimos a poner la denuncia a la procuraduría no quisieron tomarla, me dijeron que tenía que esperar 72 horas, que por ahí andaba o que tal vez se había ido con la novia.

«Ya son once meses que comencé la búsqueda de mi muchacho. Me han querido hacer creer que él es un criminal y así quieren justificar su desaparición. Yo tengo claro que ésta es una política del gobierno que trata de hacer creer que son delincuentes, pero lo curioso es que nuestros hijos nada tienen que ver con la supuesta delincuencia organizada o el narcotráfico».

La voz tocó a otra mujer. Ella aferrada al micrófono gritó la manera en cómo su hijo desapareció, cómo acudió a la Procuraduría del Estado y al día siguiente recibió una llamada de su hijo pidiéndole que retirara la denuncia porque si no lo iban a matar. Ésa fue la última vez que habló con él.

«Mi hijo desapareció, parece que se lo tragó la tierra, la Procuraduría me dice que a lo mejor andaba en malos pasos y no es así. Nosotras las madres nos estamos muriendo. ¡No sean insensibles! ¡No puedo más! Tengo el corazón sangrando. ¿Qué me dicen las pinches autoridades?, ¿para qué sirven?»

Tocó el turno a David Silva, familiar de María Esther Aguilar Casimbe, corresponsal de Cambio de Michoacán que desapareció en noviembre de 2009. «Tenemos dos años, seis meses y cinco días que no sabemos nada de ella. ¿Dónde está la vida de mi mujer? No sé si lo que le ocurrió fue o no por su trabajo como periodista, independientemente de que se pueda hablar de ineptitud e indiferencia de las autoridades, les pedimos que se pongan a trabajar, no estén esperando que venga gente de la ONU para hacer algo».

Reprochó a los legisladores que en Michoacán no exista una ley en la materia, y condenó que no exista la atención debida a los ciudadanos que padecen esta problemática.

Poco antes, durante el evento protocolario, Janahuy Paredes Lachino, integrante del Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos «Hasta encontrarlos», dio algunos datos. Informó que la organización tiene documentados 128 casos de personas desaparecidas en Michoacán, que se suscitan en el contexto de la Operación Conjunta Michoacán, que inició el 11 de diciembre de 2006.

«Las desapariciones forzadas son una práctica sistemática que el Estado mexicano ha utilizado como método de represión y que hoy en nuestros días está dirigida no sólo a luchadores sociales, activistas o defensores de derechos humanos, sino también hacia sectores sociales que no están organizados ni tienen militancia política alguna».

Las desapariciones -refirió- se dan mediante la militarización de calles, la instalación de retenes en comunidades, los cateos ilegales en colonias populares, entre otros, «lo que ha dado como resultado el incremento de violaciones a los derechos humanos».

Refirió algunos casos en Michoacán, los de los periodistas Antonio García Apac, Ramón Ángeles Zalpa y María Esther Aguilar Cansimbe.

«El 9 de septiembre de 2010 un grupo de jóvenes, entre ellos Adán Flores Arreola y Ernesto Pérez Acosta, de 18 y 24 años de edad, respectivamente, fueron detenidos y desaparecidos por el Grupo de Operaciones Especiales en la colonia Colinas del Sur de Morelia. Ellos estaban en una tienda de abarrotes
y a plena luz llegaron oficiales a bordo de una camioneta oficial, se los llevaron por la fuerza y hasta la fecha las autoridades niegan saber su paradero».

Finalmente, se plantearon tres exhortos, uno para que se establezca un compromiso real para tipificar el delito de la desaparición forzada; otro, para que la comisión especial para casos de michoacanos desaparecidos rinda un informe de las acciones que ha llevado a cabo desde su creación; y el último, para que la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México de la ONU acompañe a los familiares en este proceso, y revise que se cumplan los compromisos que as

Ver en línea : http://www.cambiodemichoacan.com.mx...

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