Tinta Socialista No 139. La contienda electoral 2021 y la violencia institucional en el territorio naciona

Ciudad de México a 07 de marzo de 2021

Tinta Socialista No 139. La contienda electoral 2021 y la violencia institucional en el territorio nacional

La disputa electoral 2021 en México se da en un ambiente de crisis económica, política y de violencia institucional. La falta de credibilidad en los partidos políticos electorales y sus candidatos en estas elecciones intermedias son la expresión de la inconformidad popular y el hartazgo ante los discursos gubernamentales y de políticos de oficio que no reflejan la realidad objetiva que vivimos las masas empobrecidas en el país.

Las elecciones intermedias evidencian el carácter de la democracia burguesa, su condición actual se observa ante la falta de credibilidad en las masas trabajadoras; lo absurdo está en que los partidos políticos en sus campañas publicitarias lanzan a hombres y mujeres de la farándula televisiva como candidatos, entre ellos, a cantantes, luchadores de la triple A, ex miss universo y todo cuanto sea necesario para tratar de ganar simpatía.

El hecho expresa la descomposición que permea en los partidos políticos institucionales, quienes utilizan a bufones modernos para ganar votos seguros con los ingenuos y los despolitizados, de esa manera alimentan la democracia burguesa en el país, la cual, pende de un hilo y sobrevive a expensas del engaño y la violencia institucional.

La violencia institucional tiene continuidad en la administración actual, ésta no cesa, pese a las promesas gubernamentales de “pacificar” el país y dejar atrás el terror que vivimos el pueblo trabajador durante los sexenios priistas y panistas. Lo real y existente es que el fenómeno político persiste en su expresión de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y desplazamientos forzados, la diferencia está que en los sexenios pasados eran noticia diaria, hoy son silenciadas propositivamente por los gobiernos en turno y los monopolios de la comunicación.

Las denuncias de los familiares de las víctimas de tan atroces crímenes expresan esa contradicción, donde la demanda de presentación con vida, juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales, así como verdad, justicia, memoria y erradicar estas graves violaciones a los derechos humanos siguen vigentes en este sexenio.

Datos oficiales indican que el número de personas detenidas desaparecidas entre 2006 y 2020 en México suman 80 mil 888, lo que expresa una tendencia de incremento. Los estados con más denuncias de personas desaparecidas son Jalisco, Tamaulipas, Guanajuato, Ciudad de México, Sonora, Nuevo León, Sinaloa, Michoacán, Veracruz y Guerrero, lugares que concentran cerca del 77 por ciento de los registrados en el período de 2018 a diciembre de 2020.

Estados donde las denuncias de los familiares son constantes y tanto los gobiernos locales como algunos medios de comunicación silencian para no evidenciar el baño de sangre en el que está sumergido el pueblo, quienes son los que en su cotidianidad enfrentan la violencia en sus hogares.

En Veracruz los colectivos de familiares denunciaron que los fiscales de la entidad les pidieron no denunciar las desapariciones, su argumento es que, “podrían ser víctimas de represalias”. Comentarios con los que intentan persuadir “miedo”; hábilmente les dicen que no lo hagan si no les “va ir peor”. En los hechos violan el derecho a una investigación pronta y expedita, así como el acceso a la justicia en el cometido de crímenes de Estado y de lesa humanidad.

Lo detestable es que cuando los familiares acuden a interponer la denuncia penal y son tratados con indolencia al ignorar su petición, dilación y desgaste al hacer que concurran a la dependencia a pedir información y ésta sea negada, con ello, lo que hacen es desgastar a quien recurre al derecho de petición y generar frustración en las víctimas indirectas al ver que las instituciones no hacen nada.

El hallazgo de nuevas fosas clandestinas en la entidad es el botón de muestra de que el cometido de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales tienen continuidad en la actual administración, a la fecha no dejan de cometerse contra las masas trabajadoras, quienes son las que todos los días sortean ese ambiente de amenazas, muerte e incertidumbre.

Veracruz es la entidad federativa donde los asesinatos son constantes, de esa manera es como en la contienda electoral se han presentado amenazas de muerte o asesinatos de candidatos, entre los que podemos mencionar, la ejecución de Manuel Dimas Cristóbal virtual candidato a la presidencia municipal de Tierra Blanca, Veracruz, en noviembre del 2020; el asesinato de Gilberto Ortiz Parra, precandidato de Morena a la alcaldía de Úrsulo Galván el 11 de febrero de 2021; cuatro días después cometen el asesinato de Carla Enríquez Merlín y su mamá Gladys Merlín Castro en Cosoleacaque. Tras su muerte los familiares mencionaron que la joven iría en una candidatura por Morena.

Los hechos evidencian que la violencia institucional es una política de gobierno sistemática, generalizada y transexenal contra el pueblo organizado y no organizado. En el caso de los candidatos asesinados durante el proceso electoral, expresa la descomposición política que persiste en la democracia burguesa, que con tal de mantener el poder político y económico no les importa eliminar a piezas desechables a quienes en su momento les fueron útiles.

Tamaulipas se considera, según medios informativos un “hoyo negro” por medios nacionales y locales, ya que el gobierno estatal impide la difusión de la violencia. Organizaciones de familiares de desaparecidos sostienen que en el 2020 en el estado se registraron más de 10 mil desaparecidos

El silencio institucional se convierte en política de gobierno, al no hablar de las víctimas que arroja está violencia de clase, la cual, está en ascenso. Lejos de erradicarse se hacen más visibles ante la opinión pública las graves violaciones a los derechos humanos, independientemente de las medidas establecidas por los gobiernos en turno por la contingencia sanitaria.

Jalisco es otra entidad federativa donde las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y el hallazgo de fosas clandestinas son parte de la cotidianidad del pueblo trabajador, estado considerado, según fuentes periodísticas, como uno de los que mayor número de víctimas de desaparición forzada tiene, en el año 2020 cerró con una cifra de casi 10 mil personas detenidas desaparecidas, según datos oficiales.

Los familiares de las víctimas directas han denunciado que los responsables materiales e intelectuales de tan aberrantes crímenes se encuentran en las fiscalías, en esas condiciones cómo pueden acercarse a interponer una denuncia o a pedir información, si en ellas están sus propios verdugos. Evidencia de que los crímenes de lesa humanidad tienen patente en el Estado mexicano.

En la fiscalía de Jalisco los funcionarios responden a las demandas justas de los familiares con indolencia, dilación, desgaste, burocratismo y maltrato, ellos son quienes impiden a las víctimas el acceso a la verdad, memoria y justicia, aunado al camino tortuoso que lleva el proceso jurídico, tanto para los familiares como para las víctimas que se encuentran en esas condiciones deplorables con la finalidad de que desistan de su exigencia.

Las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y el hallazgo de fosas clandestinas son graves violaciones a los derechos humanos que no cesan en la geografía mexicana, pese a que la administración actual ha dicho en muchas ocasiones que su interés es erradicar la violencia institucional en los hechos lo real y objetivo es que el pueblo trabajador enfrenta día con día esa política deleznable sin que haya la más mínima intención de erradicar esos flagelos.

Al gobierno mexicano le resulta fácil eludir la responsabilidad institucional al señalar que los garantes de ese ambiente de coacción son los supuestos grupos del narcotráfico o la delincuencia organizada, así se limpian las manos para no ser señalados como transgresores de la paz y estabilidad del pueblo, no obstante, las víctimas de abominables crímenes no olvidan que los responsables están en las instituciones encargadas de impartir la “justicia”, son ellos quienes nuevamente se presentan como los hombres que “transformarán” el país, ¿será cierto?

A las víctimas de esta política institucional tenemos como alternativa la denuncia y organización del pueblo; el silencio abona a que las graves violaciones a los derechos humanos persistan, a que los responsables materiales e intelectuales permanezcan en la impunidad sin ser enjuiciados ni castigados. La calle, la denuncia y la consigna, ¡VIVOS LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!, son nuestra motivación para luchar.

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS

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