LOS SALDOS DE LA GUERRA DE CALDERÓN

Termina una administración más de representantes de la oligarquía nacional y extranjera, un sexenio marcado por la ilegitimidad, por crímenes de lesa humanidad contra luchadores sociales, con una política represiva masiva y selectiva, criminalizando la pobreza y protesta popular, condeno a millones de mexicanos emigrar del campo a la ciudad. Felipe Calderón Hinojosa, inicio apuntalando su gobierno con un estado policiaco militar, marcado con la muerte y la sangre que derramó el pueblo mexicano en su absurda guerra contra la “delincuencia organizada y el narcotráfico”, una política de terrorismo de Estado encaminada a la limpieza social y a eliminar toda disidencia y opositores que se niegan a aceptar políticas neoliberales.

¿Cuáles han sido los saldos de la guerra contra el narcotráfico y la delincuencia organizada? ¿Al pueblo, que experiencia le queda de esta guerra?

Los saldos de la guerra contra el pueblo se reflejan en los más de 131 mil asesinados de los cuales 10,530 pertenecen a Cd. Juárez; más de 60 mil detenidos-desaparecidos por motivos políticos y sociales; al menos un millón 200 mil desplazados de sus lugares de origen; 84 millones de mexicanos que viven en la pobreza, de los cuales más de 50 millones están en la miseria, datos que revelan la existencia de un sexenio antipopular y autoritario.

Desde que Felipe Calderón asume la presidencia de la república mediante un fraude electoral, marca a su administración como espuria, valiéndose de las fuerzas castrenses para imponer la voluntad de la oligarquía sobre un pueblo en descontento de manera generalizada, que con las políticas neoliberales dejó a una gran parte de la masa trabajadora en la miseria, hablamos de una dictadura militar con rostro civil, que con la implementación de reformas neoliberales impuso en los hechos un estado policiaco militar.

Con la militarización y paramilitarización desde 2006 se emplea como estrategia contrainsurgente la creación de un enemigo interno, el “combate al narcotráfico” y la “delincuencia organizada”, para eludir su responsabilidad como Estado mexicano en la violación sistemática de los derechos humanos y constitucionales, infundir el miedo y el terror en el pueblo con asesinatos extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura; en suma, crímenes de lesa humanidad que han quedado en la impunidad.

Durante su sexenio se dio mayor impulso a las políticas neoliberales para el despojo legalizado de las tierras tanto en el campo como en la ciudad en función de los intereses de la oligarquía nacional y extranjera; se impone el terrorismo de Estado con la reactivación de los grupos paramilitares. Lo que en términos concretos se traduce en que más de dos terceras partes del país están concesionadas al capital monopolista trasnacional para la explotación de los recursos naturales y energéticos; por ejemplo Ostula en Michoacán, Chiapas, Oaxaca, Morelos, Guerrero y Cd. Juárez.

Otro aspecto del mismo fenómeno es lo sucedido en el norte del país, donde a más de un millón 200 mil desplazados, se les ha despojado de sus casas y tierra para incrementar la tasa de ganancia de los capitalistas que usuran con un derecho elemental y humano, la vivienda.

En salud, a través del Seguro Popular se engañó al pueblo haciéndolo creer que podría tener acceso a la salud universal, cuando en los hechos al presentarse a los hospitales públicos la respuesta fue y sigue siendo “tu seguro no te cubre esta enfermedad tienes que pagar”, dejando sucumbir a la población. Con esta política privatizadora crearon un catálogo de enfermedades que cubren el cuadro básico, y las enfermedades crónicas o de riesgo son ignoradas y no les interesa si el pueblo muere por enfermedades que se pueden curar. Esta medida neoliberal va encaminada a la privatización de la salud pública y convertir en mercancía la vida y seguridad social del pueblo.

En la educación también están en puerta una serie de medidas que buscan la privatización de este derecho social, convirtiéndola en mercancía eximiendo al Estado de esta responsabilidad, y permitiendo que la iniciativa privada asuma las riendas en la educación como un negocio. Con ello se condena a millones de niños y jóvenes al analfabetismo, a la enajenación, la ignorancia y al cretinismo social, haciéndolos apáticos y serviles a los designios de la clase en el poder, masas acríticas a las que se les impide el desarrollo integral (entendido como una formación científica, crítica, humanista, cultural) negando con ello la realización del sujeto social. Garantizando así que se acepte la explotación como algo ya absoluto y contra lo que no se puede luchar y mucho menos transformar.

La lista de la impunidad es amplia, en los que podemos destacar las ejecuciones extrajudiciales de Heriberto Pasos Ortiz en Oaxaca, militante le Movimiento de Unificación de la lucha Triqui (MULT), Nepomuceno Moreno en Sonora, activista social; Pedro Leyva, Cristomo Trinidad y otros mas de Ostula, Michoacán; los ecologistas de Petatlán, Caballos Blancos, Maricela Escobedo y miembros de la familia Reyes Salazar, Susana Chavez en Cd. Juárez, Ismael Solorio Urritia y su esposa Manuela Solís Contreras lideres del Barzón en Chihuahua, detenidos desaparecidos primero y después ejecutados extrajudicialmente; Regina Martínez del Semanario Proceso en Xalapa, Veracruz… y una lista interminable se luchadores sociales y periodistas ejecutados por las balas del estado.

La desaparición forzada de los luchadores sociales Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez reflejan las medidas contrainsurgentes de acabar con toda disidencia y lucha revolucionaria, estos crímenes de lesa humanidad solo reflejaron el inicio de una política que iba a traer cifras desastrosas para el pueblo de México y que hoy a cinco años de su desaparición forzadas se sigue en la exigencia de su presentación con vida y juicio y castigo a los autores materiales e intelectuales de este crimen de Estado. Aunado éstas desapariciones forzadas se suman las del defensor de derechos humanos Francisco Paredes Ruiz, las indígenas triquis Daniela y Virginia Ortiz, el Sr. Lauro Juárez, y los miles de detenidos-desaparecidos por esta política criminal en contra del pueblo.

La responsabilidad del ejecutivo federal en estos crímenes de Estado se comparte con los demás miembros de su gabinete, entre ellos, Genaro García Luna, al almirante Saynez y Alejandro Poire entre otros, a los que el pueblo debe exigir juicio y castigo ya que sobre ellos recae la responsabilidad de todas las violaciones a los derechos humanos y crímenes en contra del pueblo.

Los saldos de la guerra de Calderón fueron costosos para el pueblo mexicano, política que se va incrementar y recrudecer con la administración priista de Enrique Peña Nieto, ya lo vimos este 1 de diciembre en la ciudad de México y en la administración estatal de Fausto Vallejo Figueroa en Michoacán. La criminalización de la pobreza y protesta va a continuar, la imposición y consolidación de las reformas neoliberales van a ser uno de los objetivos de este sexenio.

Partiendo de la experiencia y de la enseñanza que dejan los pasados procesos electorales donde se ha burlado la voluntad popular queda de manifiesto que la solución a la pobreza, la miseria y la justicia no va a resolverse depositando el voto para la elección de un candidato, ni va a venir de un ser supremo; lo que nos queda es unificar y coordinar esfuerzos político organizativos para hacer frente a esta política represiva y antipopular.

FRENTE NACIONAL DE LUCHA POR EL SOCIALISMO