Posicionamiento político ante la designación de Ardelio Vargas Fosado como nuevo Subsecretario de Gobernación por parte de Luis Miguel Barbosa Huerta

H. Puebla de Zaragoza a 27 de febrero de 2021

A los medios de comunicación

Al pueblo en general

La designación de Ardelio Vargas Fosado como nuevo Subsecretario de Gobernación por parte de Luis Miguel Barbosa Huerta, gobernador del estado de Puebla, expresa con claridad que la política de la actual administración es en esencia una copia fiel de la ejercida durante el Morenovallismo y los gobiernos priístas antecesores; política criminal y sistemática de persecución e intento de aniquilamiento en contra de las organizaciones del movimiento popular y opositores al régimen. Más aún, deja ver la doble moral de los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación, los cuales se han encargado de encumbrar en posiciones estratégicas a fieles personeros del régimen de la más ruin calaña como lo es el caso de este represor.

Tan solo basta con revisar cada uno de los gabinetes que han conformado las administraciones de la CDMX, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Baja California y Morelos, en donde se ha colocado a flamantes elementos como Omar García Harfuch, involucrado en el caso Ayotzinapa, personaje también estrechamente ligado a Genaro García Luna y quien por cierto es nieto del represor Marcelino García Barragán, responsable de la masacre del 2 de octubre de 1968.

La gravedad del escenario represivo estriba en la continuidad de una política contrainsurgente que no se modificó con el cambio del nombre del partido político “Morena” en las administraciones federal, estatales y municipales, pues la composición del Estado continúa intacta, cambiando de puesto a algunos de los “peores” personajes de la vida política e insertando a”nuevos” actores, fundamentalmente oligarcas que se han convertido en los protagonistas y consentidos del gobierno obradorista.

Aun y cuando se logró mediatizar una parte importante del descontento popular en las elecciones de 2018 con el reconocimiento del triunfo de AMLO y que a través de dicha maniobra se oxigenó al Estado mexicano junto con sus instituciones; es evidente que la miseria y la precarización de las condiciones de vida de la mayoría de la población se agudizan, mientras los grandes empresarios capitalistas nacionales e internacionales incrementan su riqueza a expensas de la fuerza de trabajo de la clase obrera, con lo que las contradicciones de clase se incrementan y se hacen más evidentes.

El Estado, independientemente del partido político que se encuentre en el poder, cumple con el objetivo para el que fue creado y en el sistema capitalista actual sigue fomentando las condiciones para generar acumulación y mayor riqueza para una minoría. Desde el gobierno se utilizan mecanismos de control social, de contención del descontento y de la persecución de todas aquellas organizaciones del pueblo y personas que protestan y denuncian al régimen económico y político que luchan por la defensa de sus tierras, por mejores condiciones de trabajo y en general, por los derechos humanos.

Por ello, el Estado mantiene, rescata y encumbra a los personajes más sanguinarios y especializados en la represión, se les coloca en los puestos clave de las instancias gubernamentales federales y estatales, desde las cuales implementan el hostigamiento, la intimidación, el encarcelamiento, la tortura, la detención-desaparición forzada y la ejecución extrajudicial de las voces contrarias al régimen.

El nombramiento de Ardelio Vargas Fosado por parte del gobernador Miguel Barbosa Huerta responde a este tipo de política. Vargas Fosado se ha desempeñado en algunas de las instituciones más señaladas por violaciones a los derechos humanos, según organizaciones nacionales e internacionales. De 1991 a 1994, fue Secretario general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) -instancia conocida anteriormente como la temida Dirección Federal de Seguridad (DFS), encargada de la detención-desaparición forzada y tortura durante la Guerra Sucia-. Con el gobierno de López Obrador al CISEN sólo cambió de nombre por Comisión Nacional de Inteligencia (CNI).

De 1994 al 2000, en el que se dio la represión contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), fue delegado del CISEN en Chiapas y Oaxaca. Del 2000 al 2005, durante el gobierno panista de Vicente Fox, fue nombrado Director de Investigaciones del CISEN. Posteriormente de 2006 a 2007 se desempeñó como Jefe de estado mayor de la extinta Policía Federal Preventiva (PFP), institución en la que fusionaron a la Policía Federal de Caminos, a la Policía Fiscal con personal militar de la Armada de México.

El paso de Ardelio Vargas Fosado por la PFP se caracterizó por coordinar operativos bestiales y sangrientos contra el pueblo, como las represiones en San Salvador Atenco, estado de México y la persecución a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) en 2006.

Posterior a ello, a pesar de las múltiples denuncias por parte de instancias como la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que condenaron a Enrique Peña Nieto como gobernador del estado de México y a sus subalternos por violencia sexual, violación y tortura a once mujeres, así como los múltiples señalamientos nacionales e internacionales por la represión en Oaxaca, Vargas Fosado fue nombrado Comisionado de la PFP y director de la Agencia Federal de Investigación (AFI) hasta el 2007, en el que fue nombrado Director del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia de la Procuraduría General de la República (PGR).

Para 2013, nuevamente Enrique Peña Nieto lo coloca entre sus cercanos y es nombrado titular del Instituto Nacional de Migración (INM), donde se desempeña bajo la consigna de criminalizar a los migrantes como forma de ejercer la “Seguridad Nacional”. Lo que le valió que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitiera la Recomendación 47/2017 que lo involucra en el suicidio de dos salvadoreños.

En Puebla, Ardelio Vargas Fosado ya ha dado muestra de su proceder violatorio a los derechos humanos, como Secretario de Seguridad Pública del panista Rafael Moreno Valle y Rosas, está involucrado en el asesinato del niño José Luis Tehuatli Tamayo en San Bernardino Chalchihuapan el 9 de julio de 2014, quien murió a causa de un proyectil disparado por elementos de la Policía Estatal.

Esta represión contra campesinos y el asesinato de un niño, las comparó con “matar pulgas” y posteriormente aceptó que censuró a los periodistas que estaban presentes, destruyendo el material grabado sobre el operativo. En 2011 ordenó el desalojo de 500 personas de Chignahuapan para favorecer a los caciques regionales, hiriendo a múltiples personas, 4 de ellas de gravedad, se destruyeron humildes viviendas y se encarceló a los manifestantes.

La prensa local ha señalado a Ardelio Vargas Fosado como sospechoso por el incremento del crimen organizado y la venta ilegal de hidrocarburos, secuestro, extorsión, asalto a transportes, robo de vehículos en la Sierra Norte de Puebla, también son conocidos sus nexos criminales con Genaro García Luna, Secretario de Seguridad del gobierno calderonista, preso en los Estados Unidos por nexos con el narcotráfico.

El actual nombramiento de un personaje tan nefasto como Ardelio Vargas Fosado, como Subsecretario de Gobernación en Puebla, refleja la continuidad del carácter represivo de la actual administración frente a la problemática y descontento popular, así como la posición del gobierno de seguir favoreciendo a los grandes empresarios nacionales e internacionales, quienes necesitan a un represor para cumplir sus intereses.

Recordemos que en diferentes regiones del estado de Puebla se tiene presencia de grandes proyectos extractivistas de minería e hidrocarburos, que se han impuesto por encima de los derechos de los pobladores, al paralelo de que se incrementan la persecución de defensores del territorio, las desapariciones forzadas que se cometen a diario contra el pueblo, las ejecuciones extrajudiciales y los desplazamientos forzados.

Ante la imposición de Ardelio Vargas Fosado, por el gobernador Miguel Barbosa Huerta, como Frente Nacional de Lucha por el Socialismo y Red de Defensa de los Derechos Humanos, pronunciamos nuestro repudio a la continuidad de la política represiva contra el pueblo y exhortamos al pueblo en general, a las organizaciones populares, independientes, organismos de derechos humanos y periodistas críticos, a denunciar que el posicionamiento de Ardelio Vargas Fosado muestra la antesala de la agudización de la represión contra el pueblo en nuestro estado.

¡Por la Unidad Obrero, Campesino, Indígena y Popular!

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo

REDDH