A 72 AÑOS DE LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

A 72 AÑOS DE LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
A LA OPINIÓN PÚBLICA

A 10 de diciembre de 2020, Michoacán

Un día como hoy pero de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos, documento cuya importancia histórica trasciende ante un escenario nacional e internacional marcado por la crudeza de la crisis capitalista y sus consecuencias para las masas trabajadoras, donde los derechos humanos y constitucionales son conculcados por la política neoliberal y a la vez son violentados por el fortalecimiento del Estado Policiaco-Militar y el Terrorismo de Estado.

A 72 años de distancia, los gobiernos burgueses se niegan reconocer en la vía de los hechos los derechos de las masas proletarias y campesinas, lo cual contraviene al artículo 2 que dicta: “Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición…” En esta sociedad capitalista los explotadores gozan de privilegios en tanto que los oprimidos y explotados seguimos viviendo en medio de la miseria, explotación económica y opresión política por nuestra condición de clase desposeída tanto de medios de producción y derechos.

Bajo el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) los trabajadores del campo y la ciudad ven anulados sus derechos laborales convirtiéndose en esclavos modernos del capital, obligando a millones de trabajadores a sobrevivir con salarios de hambre, sin derechos laborales y bajo la inestabilidad laboral, ejemplo de ello es el trato del gobernador Silvano Aureoles Conejo hacia los trabajadores de la educación a quienes se niega a reconocer derechos laborales y sindicales así como pagar salarios ya devengados.

Ahí donde es necesario salvaguardar los intereses de la burguesía nacional y extranjera, los cuerpos policiaco-militares, castrenses y paramilitares con aquiescencia del Estado violan el derecho a la vida mediante el cometido de crímenes de lesa humanidad como las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales, desplazamiento forzado entre otros como son los casos de las agresiones paramilitares hacia las comunidades de “Río Florido” y “Carrizal” en Chiapas, los desplazamientos forzados de poblaciones enteras en la región de tierra caliente en Michoacán, los intentos de ejecución extrajudicial y detención arbitraria de activistas en Cancún y miles de asesinados y detenidos desaparecidos en el país.

La desaparición forzada tanto a nivel nacional e internacional sigue siendo un acto que vulnera diversos derechos humanos como el derecho a ser reconocido legalmente, a la libertad, al trato digno y a la integridad y seguridad personal entre otros. Con más de 350 mil casos de desaparición forzada los gobiernos en turno sólo han garantizado la impunidad, caso emblemático es el de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, cuya demanda de presentación con vida es enarbolada por familiares, personalidades y organizaciones populares desde hace más de 10 años.

La tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes son prácticas que se conjugan con los casos de detenciones arbitrarias y prisión política, como botón de muestra están los casos de Javier González Díaz, Armando Hernández Sánchez y Leobardo Reyes Meza, quienes fueron detenidos por motivos políticos y sometidos a la tortura física y psicológica en las cárceles del estado de Chiapas y Michoacán. La existencia de más de 2,000 presos por motivos políticos en el país rompe con la imagen de “respeto a los derechos humanos” proyectada por cada gobierno de nuestro país a nivel internacional. Tanto Rutilio Escandón Cadenas en Chiapas y Silvano Aureoles Conejo en Michoacán son ejemplos claros de esta verdad inocultable.

La actitud dilatoria e inquisidora por parte de los jueces y funcionarios judiciales así como la prefabricación de delitos y carpetas de investigación por parte de las fiscalías niegan el derecho de presunción de inocencia, hecho por el cual existen perseguidos políticos a quienes se les laceran sus derechos humanos a la vez que se abona a la criminalización de los luchadores sociales. En el caso de los presos políticos, se les niega el derecho a llevar a cabo un proceso jurídico justo e imparcial, dejando sin duda la consigna política que pesa sobre los presos políticos Javier González Díaz, Armando Hernández Sánchez, Venturino Torres Escobar, Asunción Gómez Sánchez, Leobardo Reyes Meza Juaz Díaz Montejo y Rosa del Carmen.

Como parte de la política gubernamental la criminalización de la protesta y el descontento popular continúan siendo uno de los puntales que dirigen los gobiernos represivos y autoritarios contra las masas trabajadoras y organizaciones populares, estudiantiles, sindicales y campesinas. La censura y autocensura siguen siendo parte fundamental de la dictadura de la opinión y aunado a ello, la represión contra todo el conjunto del movimiento popular sirve para acallar toda voz crítica y de protesta vulnerando los derechos a la manifestación y expresión de las ideas.

Bajo pretexto de la pandemia del COVID-19 el Estado Mexicano ha llevado a cabo la anulación de los derechos humanos de la población a través de “medidas sanitarias” que en realidad corresponden a medidas fascistas como los filtros sanitarios controlados por los cuerpos policiacos, la brutalidad con la cual someten a todo aquel que no tenga crubrebocas y la represión como medio para dispersar concentraciones de personas o todo aquel que en base al ejercicio del derecho a la manifestación “ponga en peligro la salud de todos”. En lugar de fortalecer las el sistema de salubridad, gobiernos como el de Silvano Aureoles Conejo continúan con el desmantelamiento de sistema de salud pública violentando el derecho a la salud expuesto en el artículo 22 que dice “Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social,…”poniendo así en peligro la salud de toda la población por causa de enfermedades curables.

A 72 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y ante la precaria situación a la cual nos arrastra el sistema capitalista, se hace necesario continuar la lucha por la defensa de los derechos humanos, los cuales a la vez son producto del esfuerzo colectivo de las masas trabajadoras, revolucionarios, personalidades progresistas y organizaciones populares que por décadas han sumado esfuerzos por lograr mejores condiciones de vida.

Por tal motivo el llamado es a la organización fuera de los marcos corporativizantes del Estado, la lucha con el actual régimen capitalista y la unidad entre explotados y oprimidos, a esta ardua labor estamos convocados todos, desde obreros y campesinos hasta los defensores de derechos humanos. La única alternativa para garantizar el respeto a los derechos humanos es por medio de una patria socialista en la cual lo primordial es el bienestar de los trabajadores, en tanto que este objetivo se cumpla, la defensa de nuestros derechos humanos y constitucionales debe continuar como una de las banderas que los explotados y oprimidos debemos enarbolar para nuestra emancipación.

FRATERNALMENTE:
¡PRESOS POLÍTICOS, LIBERTAD!
¡PRESENTACIÓN CON VIDA DE TODOS LOS DETENIDOS DESAPARECIDOS!
¡POR LA UNIDAD OBRERO, CAMPESINO, INDÍGENA Y POPULAR!

FRENTE NACIONAL DE LUCHA POR EL SOCIALISMO
FNLS