La exigencia de justicia es una necesidad ineludible

Ciudad de México a 23 de octubre de 2020

A los medios de comunicación
A las organizaciones populares
A los organismos defensores de los derechos humanos
A la opinión pública

La exigencia de justicia es una necesidad ineludible, cualquier hecho que trasgreda las libertades políticas y derechos constitucionales es motivo para desarrollar actividades denuncia y protesta. La respuesta que las autoridades dan a las demandas más sentidas del pueblo es el indicativo de la sensibilidad y la prestancia con que son atendidas las necesidades populares.

El FNLS realizó diferentes actividades en la capital del país dada la política de cerrazón, represión, hostigamiento y amenazas en los estados de Chiapas y Michoacán. Gobiernos emanados de las filas de MORENA y PRD insisten en observar a las masas organizadas el enemigo a vencer, política que se traduce en presos políticos, ejecutados extrajudicialmente, detenidos desaparecidos y perseguidos políticos.

El gobierno federal no puede permanecer indiferente ante hechos que contravienen diametralmente lo que afirma en sus discursos. La violencia institucional sigue presente en entidades federativas donde penden intereses empresariales, por ello, los hechos de represión tienen una clara identidad de clase, por ello, la responsabilidad sobre las violaciones a los derechos humanos alcanza al Ejecutivo federal en tanto representación del Estado mexicano.

En actos de violación a los derechos humanos no se puede apelar los límites jurisdiccionales como entidad federativa, apelar a la autonomía interinstitucional cuando se trata de resarcir hechos de injusticia, avanza en sentido opuesto a las garantías que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, significa la permisibilidad para que los hechos que violentan la integridad de comunidades, organizaciones y sectores populares, sean una constante.

Chiapas es una entidad gobernada por personajes con un amplio historial de represión contra el conjunto del movimiento popular, políticos de oficio cuya carrera política es fraguada con el paso de un partido electoral a otro, escalan según la estructura burocrática, pero en todo momento, persisten sus ambiciones e intereses personales anclados a las necesidades de una minúscula cúpula empresarial.

Rutilio Escandón Cadenas es un político de oficio vinculado a los personajes que de antaño operaron crímenes contra el pueblo, los apellidos de viejos caciques que hoy emergen como nuevos empresarios, son lo que flanquean la nueva administración chiapaneca. Ello es la explicación de la saña con que se conduce contra las colonias populares, comunidades campesinas y en general, contra todo proyecto organizativo que pugne por un mejor desarrollo de las comunidades organizadas.

Sobre el gobierno chiapaneco debería existir un extrañamiento especial en función de que son identificados por la misma sigla partidista, los vínculos de compadrazgo no deben interferir para ejercer medidas de justicia contra los responsables de una ola de violencia contra las masas trabajadoras, por tal motivo, en tanto la impunidad cubra a políticos de oficio responsables de crímenes de Estado, las razones para protestar serán diversas.

En Michoacán existe un gobierno distinguido por su amplia vocación profascista, los crímenes cometidos contra normalistas, comuneros, campesinos y magisterio democrático es el distintivo de un político de oficio a pesar que lo identifican las siglas de la denominada oposición, establece alianzas con lo más recalcitrante de la política con tal de satisfacer sus mezquinos intereses.

Silvano Aureoles Conejo es distinguido por las filas del partido que en su momento levantó las expectativas en una parte del pueblo, pero este tipo de personajes no poseen ningún tipo de principios más que garantizar sus mezquinos intereses. Sus alianzas con lo más recalcitrante de la reacción, los hechos en los que se conduce con una vocación profascista, habla de que no son los ideales, sino el rancio interés empresarial.

El silencio de las autoridades gubernamentales a nivel federal se convierte en complicidad y connivencia, es el permiso tácito para continuar la ofensiva represiva contra el pueblo organizado. El gobierno federal no puede permanecer indiferente ante agravios contra las masas empobrecidas que dice son su prioridad, permanecer esa pasividad que se traduce en permisibilidad.

La situación de represión contra el FNLS en diferentes estados nos condujo a la Ciudad de México para denunciar la política de agresión en contra nuestra, la movilización es el elemento metodológico de las masas organizadas para exigir un alto a la política de hostigamiento y colocar en la opinión pública que no todo es como se afirma con insistencia en el discurso oficial.

El PLANTÓN POPULAR. DEMANDA PEDIENTE: PRESENTACIÓN CON VIDA DE TODOS LOS DETENIDOS DESAPARECIDOS, LIBERTAD A LOS PRESOS POLÍTICOS, cumple con una etapa de la jornada de lucha permanente por la justicia ante casos de desaparición forzada y prisión por motivos políticos. La Secretaría de Gobernación (SEGOB) a través de la Unidad de Gobierno asume el compromiso de entablar un proceso de diálogo para dar respuesta a nuestras demandas.

La protesta y denuncia tienen motivación en injusticias cometidas contra las masas trabajadoras, no son actos de necedad o intransigencia. En la medida que las demandas son atendidas, las razones para la denuncia adquieren otra característica.

Los presos políticos existen en el país, no sólo son los que heredaron las administraciones anteriores, sino que en la actual la lista crece. Nuestros compañeros Javier, Armando, Venturino, Asunción y Leobardo son el fiel testimonio de hechos que vulneran los derechos humanos y que la detención arbitraria es política de gobierno contra el movimiento popular organizado fuera de los marcos corporativos del Estado.

La persecución política no es un acto de hostigamiento que quedó en el pasado, en la actualidad se persigue a luchadores sociales por su militancia, sus convicciones ideológicas de defender los derechos constitucionales y luchar por mejores condiciones de vida para las masas trabajadoras. Hecho que devela su carácter transexenal, se comete independientemente de quien asuma la silla presidencial.

El uso faccioso del derecho se convirtió en el flagelo con el cual se castiga la decisión de luchar por los derechos y las libertades políticas. Éste se aplica contra aquel que protesta, que manifiesta inconformidad a las políticas gubernamentales. Ahí es donde se aplica el estado de derecho burgués, el cual, está en función de defender los intereses políticos y económicos de los grupos de poder económico.

La privación de libertad de luchadores sociales es el indicativo de la existencia de jueces venales que hacen de la ley el ariete para castigar la crítica política de las masas trabajadoras. Eso comprueba que la ley es para castigar con prisión a todo aquel que haga crítica política al régimen.

Cumplimos una etapa de lucha, la consigna, PRESOS POLÍTICOS LIBERTAD y PRESENTACIÓN CON VIDA DE TODOS LOS DETENIDOS DESPARECIDOS permanece, en tiempo que tarden en atender las demandas de justicia es el mismo para realizar denuncia y acciones políticas de masas. PORQUE SER LUCHADOR SOCIAL NO ES SINÓNIMO DE DELINCUENTE.

Atentamente
¡Por la unidad obrera, campesina, indígena y popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS