Tinta Socialista No.134. El gobierno de la Ciudad de México criminaliza la protesta popular

Ciudad de México a 8 de octubre de 2020

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El gobierno de la Ciudad de México (CDMX) encabezado por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo del partido MORENA mantiene una política represiva contra el pueblo, por más que se ufane en ser un gobierno distinto y que impulsa la “cuarta transformación” en la capital del país, los hechos nos demuestran que la represión y la criminalización de la protesta popular, como política de gobierno, no cesan contra el pueblo.

Una de las primeras medidas que tomó este gobierno al entrar en funciones fue la desaparición del cuerpo de granaderos, corporación policíaca que protagonizó los más brutales hechos represivos contra manifestaciones populares en el pasado reciente, su desintegración y posterior reincorporación de sus elementos en otras corporaciones policíacas nos demuestran una vez más que los cambios son de matiz, mas no de esencia.

En las administraciones pasadas, el escudo, el tolete, las granadas de gas lacrimógeno, las balas de goma, incluso armas de fuego eran usadas de forma desproporcional contra los manifestantes, hoy el gobierno busca regularlas bajo protocolos de actuación policial, así como acuerdos donde se establecen mecanismos de coordinación entre autoridades, sin embargo, esto no significa que se deje de emplear la fuerza y otros métodos violentos para reprimir y coartar los derechos del pueblo.

A través de las fuerzas policíacas se ejecutan medidas contra la población bajo el supuesto de garantizar el orden y la seguridad pública, así, por ejemplo, recientemente se han presentado varios actos represivos contra comerciantes ambulantes, donde son tratados como si fueran criminales: les tiran y decomisan sus mercancías, expropian sus triciclos (herramienta principal de trabajo), son desalojados de espacios públicos y llevados al Juez cívico.

Esta situación refleja, por un lado, la falta de empleos y la precarización en el trabajo informal y por el otro, evidencia el rostro de un gobierno antipopular, que, en lugar de resolver las necesidades del pueblo, los trata como criminales. ¿Esta es la respuesta del Gobierno de la Ciudad de México que se dice ser vanguardia en la transformación del país?

Como Frente Nacional de Lucha por el Socialismo hemos sido víctimas de hostigamiento, amenazas e intimidación por elementos policíacos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en diversos puntos de la CDMX donde realizamos actividades de difusión y protesta en exigencia de libertad a los presos políticos y presentación con vida de los detenidos desaparecidos, ello indica que de nueva cuenta son los cuerpos represivos quienes imponen la política de cercenar los derechos y libertades políticas.

El argumento de dichos elementos policíacos se basa en que se comete una falta administrativa al realizar pegas de carteles, distribucion de un volante informativo o mítines en los espacios públicos, nos amenazan con ser llevados al Juez Cívico por dicha falta. Incluso compañeras de la Organización de Lucha por la Emancipación Popular (OLEP) fueron detenidas de manera arbitraria bajo el mismo argumento por realizar las mismas actividades.

El actuar represivo de los cuerpos de seguridad de la CDMX es sistemático y obedece a una política antipopular que prevalece desde los gobiernos anteriores, éste se justifica con la existencia de un marco jurídico que permite la violación de los derechos humanos como el derecho a la libre manifestación de ideas, el derecho a la protesta y a la organización, entre otros.

El cierre del acceso al zócalo capitalino con el pretexto de evitar que se instale el Frente Nacional Anti AMLO (FRENAA), significó el argumento pueril para impedir que otros esfuerzos organizativos ejerzan el derecho a la protesta, con ello queda al descubierto la vocación pro fascista de gobiernos que en la retórica dicen favorecer la libertad de expresión, pero en los hechos la coartan.

Este hecho implica que el gobierno federal mida por igual la crítica de la derecha con la crítica política de masas, maniobra política que tiene por objetivo callar las exigencias de justicia y la libertad de los presos políticos que nada tiene que ver con las demandas de personajes afines a gobiernos de sexenios pasados mismos que son responsables de crímenes de lesa humanidad como el PRI y el PAN.

La política del gobierno capitalino es desigual en el trato a las manifestaciones y exigencias del pueblo, porque aplica la estrategia de oídos sordos, dilación, desgaste y hostigamiento con aquellos esfuerzos organizativos que se conducen bajo los estrechos marcos constitucionales para ejercer la protesta, sin embargo, quienes conducen su actividad bajo los parámetros de la catarsis colectiva son atendidos de inmediato.

La Ley de Cultura Cívica de la CDMX en sus artículos 28 y 29, establecen como infracciones “Usar el espacio público sin contar con la autorización que se requiera para ello” y “Pintar, adherir, colgar o fijar anuncios o cualquier tipo de propaganda en elementos del equipamiento urbano, de ornato o árboles, sin autorización para ello”, bajo estos argumentos leguleyos el gobierno pretende negar el derecho no solo a la manifestación sino al acceso a la justicia para los presos políticos y los detenidos desaparecidos.

En el discurso Claudia Sheinbaum dijo que los “policías son garantes de los derechos humanos”, mensaje que tiene por objetivo tratar de limpiar la imagen de éstos, quienes se han visto involucrado en diversos actos de abusos de autoridad de esa manera emerge la esencia represora de la policía en la Ciudad de México.

Ejemplos de ello, está el de la anciana que fue despojada de sus mercancías en el Centro Histórico, la detención injusta de ocho artistas callejeros en Bellas Artes, la detención injusta de una menor de edad en las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro por ganarse el sustento.

La naturaleza de represión que distingue el gobierno de Claudia Sheinbaum conduce a equiparar la actividad política de las organizaciones independientes con aquellas formas propagandísticas de los partidos políticos en tiempos electorales, por ello, a través de diversos reglamentos leguleyos cercena el derecho a la protesta del pueblo trabajador.

Realizar los mítines políticos en los espacios públicos es una necesidad para dar a conocer al pueblo las injusticias que se viven en el país, es exigir a los gobiernos correspondientes solución a nuestras demandas, es denunciar a los criminales en el gobierno que atentan contra el pueblo.

Pegar carteles en los postes, paredes y mamparas con los rostros de los presos políticos y detenidos desaparecidos es reivindicar la dignidad de compañeros y luchadores sociales pues el gobierno se ha encargado de mancillar sus nombres.

Las leyes locales o reglamentos municipales no pueden negar o condicionar el ejercicio de nuestros derechos, así como no pueden estar por encima de la Constitución o de los pactos internacionales que México ha firmado en materia de derechos humanos.

La jefa de gobierno de la ciudad de México criminaliza la protesta popular a través de medidas jurídicas, esta realidad debe ser ampliamente denunciada porque indica la contradicción entre el discurso y la práctica, máxime porque el pueblo tiene demandas inmediatas que no son cumplidas, en suma, es necesario organizar el descontento popular mediante las banderas de la lucha popular independiente.

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS