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Zócalo de la Ciudad de México emblema de la resistencia popular cerrado completamente

Domingo 4 de octubre de 2020, por Ciudad de México

Ciudad de México a 4 de octubre de 2020

A la opinión pública

La Plaza de la Constitución mejor conocido como Zócalo de la Ciudad de México (CDMX), emblema de la resistencia popular, permanece completamente cerrado por este nuevo gobierno para evitar que las manifestaciones confluyan en dicho espacio y expresen las demandas más sentidas del pueblo. El fenómeno pandémico sirve de parapeto para montar un cerco perimetral que impide el acceso al primer cuadro de la ciudad, so pretexto de evitar los supuestos contagios.

El Zócalo de la CDMX ha cobijado las grandes manifestaciones estudiantiles, magisteriales, de campesinos, electricistas y otros sectores populares con diversas demandas gremiales y políticas. Esto lo convierte en un símbolo de la resistencia, en una tribuna de denuncia y en una caja de resonancia, por ello, la significancia de mantenerlo cerrado bajo la coartada de la pandemia, representa el impedimento de la protesta donde está edificado la representación más alta del poder político en México.

Esta plaza pública ha sido testigo de diversos actos represivos donde a través de operativos policíacos conjuntos entre el gobierno de la CDMX y el federal se reprime a la protesta popular, como el brutal desalojo al plantón de maestros en septiembre de 2013, de tal manera, que el cierre total de acceso a la protesta y la implementación de operativos represivos expresa la coordinación y connivencia entre el gobierno de la ciudad y el federal.

Es emblema de la resistencia popular por ubicarse en el corazón del país, así como albergar la principal sede del poder Ejecutivo: Palacio Nacional, aunque por más de cien años fue de manera simbólica. Miles de protestas y manifestaciones que provienen de todos los rincones del país tienen como punto central concluir en el Zócalo capitalino con el tradicional mitin político. En otros escenarios muchas de estas manifestaciones no han podido concluir porque previamente han sido disueltas, reprimidas o simplemente por tener el acceso restringido.

Así transcurrió, por ejemplo, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto donde las manifestaciones ya no podían concluir en este punto de la ciudad, pues este se encontraba completamente cerrado por cientos de granaderos además de las vallas metálicas que impedían el paso. Desde muchas cuadras previas el gobierno de la ciudad en contubernio con el federal, implementaban el cerco que cercenaba la protesta y no pocas veces desataban la represión con el cuerpo de granaderos.

La administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) retomó la sede de Palacio Nacional como oficinas centrales, luego de que por más de cien años no se utilizara dicho recinto con ese propósito. Empero, lejos de recibir a las manifestaciones o estar al tanto de las demandas que el pueblo exige, aplicado una política de oídos sordos, simula escuchar, incluso atender, pero en los hechos no resuelve las demandas.

Durante el primer año de gobierno, el Zócalo se vio lleno de manifestaciones, las marchas, mítines y plantones, aunque muchos sectores y organizaciones prefirieron esperar y dar tiempo a la nueva administración para que se concretaran los cambios que prometió, otros decidimos que la necesidad de manifestarse es vigente, pues la represión seguía a la orden del día.

Como FNLS, participamos e instalamos dos plantones en el Zócalo de la CDMX. El primero, junto con otras organizaciones agrupadas en la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada durante la Semana Internacional del Detenido Desaparecido, del 25 al 30 de mayo de 2019, con el objetivo de señalar al nuevo gobierno la deuda pendiente del Estado mexicano con las víctimas de desaparición forzada, el caso especial de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, entre otros.

El segundo plantón se instaló durante 46 días, del 29 de julio al 13 de septiembre, a raíz de la detención arbitraria, desaparición forzada y tortura de nuestro compañero Javier González Díaz por el gobierno de Rutilio Escandón Cadenas en el estado de Chiapas. Si bien no hubo ningún impedimento en mantener tomado un espacio frente a Palacio Nacional, nuestras demandas no fueron escuchadas durante todo ese tiempo, hasta que se acercaba el festejo del grito de independencia, sólo entonces el gobierno buscó dialogar con nosotros para que desalojáramos nuestro plantón.

Funcionarios menores de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación simularon atendernos y expresaron que nuestra demanda era de pronta solución, no obstante, mientras en las mesas con el gobierno federal simularon atendernos, en Chiapas la represión del Estado cobró una nueva víctima, la detención arbitraria y tortura de nuestro compañero Armando Hernández Sánchez. Con esto, quedó demostrado el doble discurso del gobierno federal que dijo que “no iba a reprimir al pueblo” pero que en la práctica rompió todo intento de diálogo con la represión.

Hoy tenemos a cinco compañeros presos por motivos políticos: Javier, Armando, Asunción, Venturino y Leobardo, todos ellos presos políticos en el gobierno que afirma impulsar la cuarta transformación en Chiapas y Michoacán. Nuestras acciones de protesta se han multiplicado y mantenido por más de un año, pero la respuesta del gobierno ha sido nula.

La pandemia del Covid 19 sirvió como pretexto para imponer medidas restrictivas y represivas para la protesta popular. Pero la crisis económica es inocultable y con la pandemia ésta se agudizó, por consiguiente, también las necesidades del pueblo, poco a poco las manifestaciones retomaron su curso. Las calles principales en las inmediaciones del Zócalo se llenaron de plantones y todos los días las protestas confluían ya sea frente a Palacio Nacional o frente al Palacio de Gobierno de la CDMX.

Desde el 25 de mayo nos hemos mantenido en una Jornada Nacional de Lucha “Demanda pendiente, presentación con vida de los detenidos desaparecidos y libertad a los presos políticos” las actividades políticas se desarrollan en los estados donde tenemos presencia y arraigo, en la CDMX se realizan mítines políticos frente a Palacio Nacional. Con nuestra presencia, somos testigos de la política del gobierno federal y de la CDMX contra la protesta popular.

Mientras que el gobierno federal sigue sin atender nuestras demandas, ignora o pasa por inadvertidas las tres solicitudes de audiencia que se han presentado a la Secretaría de Gobernación donde exigimos una mesa de trabajo con la Dra. Olga Sánchez Cordero, el Gobierno de la CDMX que encabeza la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo empieza a mostrar su verdadero rostro represivo, porque son funcionarios de su administración quienes buscan inhibir la protesta por medio de provocadores y con amenazas de prisión por faltas administrativas.

La disolución del cuerpo de granaderos que durante décadas reprimió de manera brutal al pueblo, constituye un acto de mero protocolo, porque sus integrantes pasaron a formar parte de un nuevo agrupamiento de élite, el Comando de Operaciones Especiales, quienes en conjunto con la Unidad Táctica de Auxilio a la Población en coordinación con la Guardia Nacional coordinan las tareas de seguridad en la Ciudad, dentro de las que se encuentran el control “apoyo” a las manifestaciones, que se traduce en represión y violaciones a los derechos humanos.

La represión en este nuevo gobierno tiene otro rostro, pero su esencia se mantiene en la violación sistemática a los derechos humanos, principalmente al derecho a la manifestación y a la protesta. La constante repetición del discurso “no se va a reprimir al pueblo” no es suficiente para frenar la violencia de Estado, por ello, durante la marchas y manifestaciones brotan los hechos de violencia que reflejan el uso abusivo de la fuerza policíaca contra el pueblo.

Hostigamientos, acordonamientos y hasta desalojos se han aplicado contra los manifestantes en el Zócalo; la prohibición del uso de los espacios públicos para la protesta, la criminalización de la protesta popular al no permitir la venta de artesanías durante las manifestaciones o cuando éstas son “acompañadas” por una gran cantidad de elementos policíacos… en los hechos representa la misma política que aplicó el anterior gobierno perredista, en dónde quedó aquel discurso que haría diferente la presente administración.

El uso y abuso de gas pimienta para disolver las manifestaciones y los recientes encapsulamientos por más de cinco horas para impedir la marcha de mujeres en la ciudad, sin olvidar los casos concretos de brutalidad policíaca contra la joven Melanie de 16 años durante una manifestación, son elementos para sostener sin equivocación que la violencia institucional distingue a gobiernos presentes.

Con el pretexto de la pandemia y a la manifestación de FRENAA en la plancha del Zócalo, el gobierno adoptó como medida el cierre total de las inmediaciones del centro histórico capitalino con el falso argumento de evitar aglomeraciones y supuesta confrontación entre manifestantes, pero en los hechos, niega el derecho a la manifestación y a la protesta al impedir que las manifestaciones se desarrollen o terminen en este punto.

La tribuna política que representa el Zócalo de la ciudad se ha convertido en emblema de la resistencia popular, es el pueblo quien debe retomar este y otros espacios de denuncia que son negados desde las instituciones. No hay argumento para evitar que el pueblo se movilice, no existe parangón en la movilización por la conquista de las curules con aquella que busca la superación del oprobio capitalista.

Atentamente
¡Por la unidad obrera, campesina, indígena y popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS

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