2 de octubre: la impunidad y la política del paramilitarismo persisten en el gobierno que dice ser diferente

Chiapas, México a 02 de octubre de 2020

A los medios de comunicación

Al sector estudiantil

2 de octubre: la impunidad y la política del paramilitarismo persisten en el gobierno que dice ser diferente

Se cumplen 52 años del crimen de Estado cometido contra el movimiento estudiantil y popular en Tlatelolco, Ciudad de México, hecho histórico que yace en la memoria del pueblo y que se traduce en la exigencia de justicia y el castigo a los responsables, lucha que se desarrolla en un contexto de perpetuidad de la impunidad y del paramilitarismo en un gobierno quien dice ser diferente a los demás.

La relación del presente con ese hecho histórico estriba en la persistencia de los crímenes de Estado, violaciones a los derechos humanos y la articulación de diversos grupos paramilitares de diferente nomenclatura, en suma, constituyen una política represiva. De igual modo persiste la impunidad y la protección a los criminales de Estado, en ese mismo sentido las demandas de los diferentes sectores populares siguen sin ser resueltas.

Chiapas, Michoacán, Jalisco, Oaxaca, Guerrero, Chihuahua son algunos estados donde se expresa con mayor nitidez en estos momentos la existencia de la violencia institucional; presos políticos, activistas perseguidos por sus convicciones, crímenes de Estado… sintetizan la existencia de gobiernos eminentemente antipopulares, represivos, profascistas y proempresariales.

Nuevos grupos paramilitares emergen para diseminar el terror en las comunidades organizadas, pueblo inconforme ante sus demandas no cumplidas. A pesar de que en el discurso se niegue e insista que no hay represión, ni violaciones a los derechos humanos, la realidad es que la lista de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura, detenciones arbitrarias continúa en aumento.

La movilización y protesta del pueblo en dichos estados es la expresión de que las demandas no están resueltas ni existe voluntad de los gobiernos estatales y federal por resolverlas, por ejemplo, la demanda de presentación con vida de los detenidos desaparecidos, libertad de los presos políticos, justicia, el respeto a los derechos laborales de los trabajadores de la educación, pago de sus salarios devengados, las demandas estudiantiles… etc. no son atendidas.

A cada una de las exigencias del pueblo, el gobierno decide responder con represión y la impunidad, ésta última es disfrazada con maniobras políticas y jurídicas donde lo que se busca es simular la justicia pero la esencia se mantiene, hablamos por un lado de la decisión de un juez de girar órdenes de aprehensión contra funcionarios estatales implicados en la desaparición forzada de los revolucionarios Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, por otro lado, la constitucionalidad dada a la consulta sobre el enjuiciamiento a expresidentes.

En el primer caso los responsables no se encuentran únicamente en funcionarios estatales, sino también en funcionarios federales que estaban en funciones en el año 2007 fecha en la que fueron detenidos desaparecidos los revolucionarios, hubo participación del ejército y como consecuencia de su máximo comandante que es el Ejecutivo federal, un acto de justicia significaría castigar a Felipe Calderón Hinojosa responsable de aquel caso y de cientos de crímenes más.

Consultar si se enjuicia a expresidentes es una maniobra político jurídica y una burla para las víctimas, porque la justicia pone en tela de juicio y no procede a castigarlos de manera inmediata por sus crímenes. La responsabilidad en el cometido de crímenes de lesa humanidad no debe detenerse ante el fuero que otorga la representación institucional, el derecho a la vida está por encima de todo tratado positivista de derecho burgués.

Con esto se comprueba una vez más que el estado de derecho está hecho a modo para proteger a los que administran los intereses de las cámaras empresariales, por esta misma razón funcionarios que están implicados en actos de corrupción no son encarcelados y si lo hacen, no tardan en salir y vuelven a tomar cargos públicos.

La Dra. Olga Sánchez Cordero Secretaria de Gobernación del gobierno federal expresó hace unos meses que tiene la intención de devolverle al pueblo la confianza hacia las instituciones de justicia, hecho que manifiesta el buen deseo que no se hace patente en tanto no haya justicia y sólo exista simulación.

¿Cómo confiar en las instituciones castrenses o de justicia si se mantiene en la impunidad miles de crímenes en el actual gobierno? ¿Es posible que el pueblo pueda confiarle su vida al Ejército si son quienes continúan ejerciendo la violencia contra el pueblo trabajador? Es imposible y basta con señalar que la ejecución extrajudicial del joven Damián Genovés Tercero y la desaparición forzada de Alejandro Tercero Meza en Nuevo Laredo, Tamaulipas, la cometió el Ejército, el 2 de julio.

Las víctimas de la política represiva en el país son miles. En Chiapas, algunos de ellos son nuestros compañeros presos de manera injusta en el CERSS núm. 14 y 5. Armando Hernández, Venturino Torres, Asunción Gómez y Javier González, respectivamente; el profesor y compañero Leobardo Reyes por el en Michoacán y los compañeros Juan Díaz y Rosa del Carmen Hernández del FDROC en prisión domiciliaria. Todos ellos en condición de rehenes políticos por el gobierno actual.

Si el gobierno estatal mantiene la política represiva y el gobierno federal prolonga su silencio a las graves violaciones a los derechos humanos, sólo se confirma que es una política del orden federal, es decir, que es política de Estado y carácter de un gobierno burgués y pro oligárquico.

En el marco del 2 de octubre, se observa que la impunidad se práctica en detrimento de los derechos humanos del pueblo, un ejemplo tangible es la persistencia de la violencia contra el pueblo, como ocurre la connivencia de los actos criminales de los grupos paramilitares en diferentes entidades del país.

El respeto a los derechos humanos ocurre únicamente en el discurso, porque en los hechos, quienes representan el régimen en este momento histórico indican cómo reproducen las medidas autoritarias al momento de ejercer nuestro derecho a la protesta, práctica como antaño vejó la integridad física y psicológica del movimiento estudiantil y popular en 1968.

A más de cinco décadas de la masacre de estudiantes revela que la justicia para las víctimas en un régimen opresivo y demagógico exige de los familiares, compañeros de lucha y pueblo solidario mantener la denuncia, firmeza en nuestra exigencia para evitar el olvido, así como la impunidad por cada violación a los derechos y libertades políticas de los desposeídos.

¡Por la unidad, obrero, campesino, indígena y popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo