Tinta Socialista No. 132. El Estado mexicano viola los derechos humanos por omisión, comisión o aquiescencia

Ciudad de México a 17 de septiembre de 2020

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En México sí se violan los derechos humanos, ya sea por comisión, omisión y aquiescencia, se transgreden por funcionarios, policías estatales, municipales y las fuerzas armadas; el “castigo” institucional es para el campesino, indígena, estudiante, trabajador de la educación, de la salud, pueblo que protesta y defiende sus derechos y libertades políticas.

La retórica oficial que señala, “se respetan los derechos humanos y se castiga al culpable, sea quien sea”, axioma envuelto en un halo de demagogia, porque en la vía de los hechos se conculcan y las instituciones sólo respetan el derecho que protege los intereses políticos y económicos de empresarios del país como del extranjero.

La existencia de presos políticos es un ejemplo claro de que en el país se “castiga” al luchador social que defiende el legítimo derecho a la posesión de la tierra, al trabajador de la educación que lucha por el derecho a la educación y al trabajo, al profesionista que denuncia las graves violaciones a los derechos humanos y se solidariza con los familiares de las víctimas de la desaparición forzada para exigir JUSTICIA.

Señalar desde el Ejecutivo federal que “ahora hay justicia para el pobre y en materia de seguridad ya no manda la delincuencia organizada, como era antes. Ya no hay torturas, desapariciones ni masacres; se respetan los derechos humanos y se castiga al culpable, sea quien sea. Ya no hay en el gobierno federal funcionarios como (Genaro) García Luna, manifestó”, son conclusiones que rayan en un absurdo, porque en la realidad indica que la estructura que mantuvo a funcionarios de esa calaña está intacta.

Es fácil arengar que hay “justicia” para el pobre, aunque el discurso nunca logre materializarse en la realidad. La pobreza azota los hogares proletarios, los asesinatos, torturas, detenciones arbitrarias, violaciones a los derechos humanos siguen como una constante, esto no cambia sustancialmente con el “descubrimiento” de la podredumbre que hay en la política mexicana.

El caso de los compañeros Javier González Díaz, Armando Hernández Sánchez, Venturino Torres Escobar, Asunción Gómez Sánchez y Leobardo Reyes Meza integrantes del FNLS, así como Rosa del Carmen Hernández López y Juan Díaz Montejo del FDROC, son un botón de muestra de la política institucional que castiga a los luchadores con cárcel por pertenecer a una organización de carácter popular independiente que lucha por mejores condiciones de vida y por el socialismo en México.

Seis son presos políticos del gobierno morenista de Chiapas y uno del gobierno perredista de Michoacán; el primero, alude a ser fiel a los principios del partido político gubernamental que lo encumbró en el Ejecutivo estatal y al pie de la letra sigue los lineamientos del gobierno federal; el segundo, se dice ser del pueblo y respetar los derechos humanos, pero en la vía de los hechos tiene un largo historial de violaciones a los mismos cometidos contra comunidades indígenas, trabajadores de la educación y organizaciones populares.

En los casos jurídicos existe omisión del gobierno federal para atender en su justa dimensión las violaciones a los derechos humanos de las que fueron objeto, por ejemplo, en Chiapas las decisiones de seguridad son consultadas por la Mesa de Seguridad, la cual, está conformada por militares, marinos, la Guardia Nacional, el gobernador de la entidad y un funcionario del gobierno de la República, todo lo que acontece en la entidad pasa por el aval de esa instancia, por tanto, es responsabilidad del gobierno federal las decisiones que tomen.

En esa entidad federativa el gobierno es omiso a las demandas de justicia, la dilación es política de gobierno, a los presos políticos les alargan los procesos jurídicos como una forma de castigo para mantenerlos el mayor tiempo posible en las cárceles de la entidad, lo que devela la falta de acceso a una investigación pronta, expedita y a un debido proceso.

Lo que sucede en esta entidad chiapaneca es una muestra del cometido de violaciones a los derechos humanos, donde la indolencia, burocratismo, dilación, desgaste y entorpecimiento del acceso a la justicia son una constante, política de la que no es ajena en otras entidades federativas, otras de ellas, la Ciudad de México y Michoacán.

En las instituciones de la entidad están los verdugos del pueblo, uno de ellos es el titular de la Fiscalía General de Chiapas, el Lic. Jorge Luis Llaven Abarca, quien tiene denuncias y es señalado por los familiares de las víctimas como el autor material de cometer actos de tortura. En este caso, ¿por qué no se castiga a este agente de Estado?, ¿por qué lo protegen con las leyes burguesas? Y los premian con cargos institucionales.

La tortura es una práctica sistemática y generalizada de las instituciones que se encargan de “impartir la justicia”, fiscales, policías, militares y marinos la utilizan como “método de investigación” para arrancar confesiones a las víctimas u obligarlos a aceptar delitos que no cometieron, ejemplos existen muchos, dos de ellos es lo que hicieron con los compañeros Javier González Díaz y Armando Hernández Sánchez.

Javier fue detenido de manera arbitraria por personas vestidas de civil, quienes lo entregaron a policías municipales, éstos últimos lo llevaron a cinco lugares clandestinos, los cuales, fueron testigos de la tortura que recibió, en la que los agentes policíacos al torturarlo le pedían información de la organización a la que pertenece, así como nombres de sus compañeros, al ver que no les decía nada, lo presentan a las instancias judiciales.

Armando, fue detenido de manera arbitraria por agentes policíacos vestidos de civil, lo subieron a una camioneta, donde lo golpearon y amenazaron de muerte. A él lo trasladan al CERSS No.14, pero, en lugar de presentarlo a los tribunales, lo lleva a una celda oscura, donde los amarran de pies y manos, le tapan la cara y le ponen una cobija para golpearlo y echarle agua en el rostro con la intención de causarle la sensación de ahogamiento. También le mostraban fotografías en un teléfono celular para que dijera los nombres de compañeros de la organización.

Lo anterior son ejemplos claros de que la tortura en México se comete de manera recurrente, incluso en las instituciones judiciales las aplican para arrancar confesiones a las víctimas u obligarlas a que acepten delitos que no cometieron. Incluso cuando es evidente el cometido de este crimen de lesa humanidad, hacen lo imposible para negar el cometido, lo irónico es que documenten que la propia víctima se lastimó.

El ejército y la marina también están señalados por cometer ejecuciones extrajudiciales y actos de tortura, graves violaciones a los derechos humanos que no son castigadas por los responsables, tratan de proteger la labor de las Fuerzas Armadas con la intención de olvidar los cientos de miles de crímenes cometidos por sus agentes.

La realidad objetiva es muy clara, las violaciones a los derechos humanos se cometen por agentes policíacos, esos son la punta de lanza de la represión, son los que objetivan el cometido de crímenes de Estado y de lesa humanidad contra el pueblo organizado y no organizado. La única manera de hacerles frente es con la documentación, denuncia y acción política. Nunca más simulación de respeto a los derechos humanos.

Atentamente
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS