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Alto a la represión contra las organizaciones populares en el estado de Michoacán

Viernes 11 de septiembre de 2020, por Puebla

H. Puebla de Zaragoza a 11 de septiembre de 2020

La Red de Defensa de los Derechos Humanos, integrante de la Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos, condena los actos represivos en contra de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga en Triripetío, Michoacán por parte de la Personal de la Unidad del Restablecimiento del Orden Público (UROP), en donde elementos policiacos a bordo de un camión de la Policía Estatal de Michoacán embistieron con toda intencionalidad a varios normalistas que se encontraban defendiéndose de los ataques de la policía. Resultado de ello es que normalistas se encuentran en un estado de salud delicado.

Señalamos de igual forma el manejo informativo de algunos medios de comunicación al manejar la palabra enfrentamiento y hacer énfasis en que existen elementos policiacos heridos; inclusive se atreven a decir que pese a haber sido atropellados se encuentran bien o dar una versión falaz de los acontecimientos, cuando en el material audiovisual difundido en redes sociales principalmente, se percibe la velocidad y dirección con la que arremete contra los normalistas, es decir había dolo por parte del operador del transporte.

No existe un enfrentamiento cuando la violencia únicamente proviene del Estado pues es el que cuenta con el poder económico, político, mediático y el marco jurídico a modo para configurar como delitos las distintas manifestaciones de protesta. El pueblo frente al aparato represivo del Estado tiene el derecho a la autodefensa y fue lo que ocurrió el día de hoy en Tiripetío.

Criminalizar el derecho de manifestación y expresión es una flagrante violación a los derechos humanos, se emplea de modo perverso parte del Estado para así justificar la represión y que ante la llamada “opinión pública” se toleren los actos ocurridos el día de hoy por parte de las fuerzas represivas.

Cabe mencionar que desde el día 10 de septiembre se encuentran detenidos 23 estudiantes normalistas, incluyendo a 3 compañeras de la normal rural Lic. Benito Juárez de Pantola Tlaxcala que tomaron autobuses en la autopista federal de Occidente,; por lo que las acciones de protesta del día de hoy por parte de los normalistas tenían como parte de las demandas la libertad de los presos políticos.

No es la primera vez que en el gobierno del estado representado por Silvano Aureoles Conejo ejerce la represión contra las organizaciones populares. El 28 de abril, compañeros de la Organización de Normales del Estado de Michoacán (ONOEM) fueron agredidos con armas de fuego por parte de las fuerzas del estado mientras protestaban contra el recorte de matrícula; el 29 de junio de 2020 fue detenido el profesor Leobardo Reyes Meza integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo y existen otras órdenes de aprehensión contra Noemia Calles Ríos y Jorge Ceja Ramos; el 30 de agosto fueron reprimidas estudiantes de la norma de educadoras e intento de ingreso de la policía al plantel.

Responsabilizamos a Silvano Aureoles Conejo, Gobernador del estado de Michoacán de la integridad física y psicológica de cada uno de los integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México FECSM que se encuentren movilizándose en dicha entidad.

Al ejecutivo federal Andrés Manuel López Obrador solicitamos se garantice la integridad física y psicológica de cada una de las delegaciones de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México FECSM que participen en movilizaciones en las distintas entidades del país donde tienen presencia.

Exigimos la libertad inmediata de los normalistas detenidos quienes actualmente se encuentran en condición de presos políticos.

Recordamos que la responsabilidad primaria de protección de los derechos humanos recae de acuerdo con los principios constitucionales y los tratados y convenios internacionales sobre el Estado mexicano, al ser éste el sujeto responsable de velar por el cumplimiento de lo consagrado en la Carta Magna y por ser el que adquiere los compromisos en materia de derechos humanos y de derecho internacional humanitario ante la comunidad internacional. Por tal razón, su mayor deber jurídico es el de prevenir las violaciones frente a estos derechos y tomar las medidas necesarias para investigar, identificar, juzgar y sancionar a los responsables por su acción, omisión, o aquiesencia, o tomar las medidas correctivas de carácter administrativo o político que impida que estos crímenes se sigan perpetrando.

Atentamente

Angel Lueza Ruiz
Coordinador General de la Red de Defensa de los Derechos Humanos
Dignidad, Justicia, Libertad
Red de Defensa de los Derechos Humanos
REDDH

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