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Las órdenes de aprehensión contra luchadores sociales es el testimonio de la persecución política

Viernes 4 de septiembre de 2020, por Ciudad de México

Ciudad de México a 4 de septiembre de 2020

A la opinión pública

La persecución política contra luchadores sociales, activistas políticos y defensores de los derechos humanos está evidenciada con la existencia de órdenes de aprehensión giradas contra quien protesta y ejerce sus derechos constitucionales a la movilización y manifestación de ideas. Es una práctica que ilustra la continuidad de la violencia institucional a través de mecanismos que criminalizan la protesta popular y judicializan la actitud consciente del activista político.

La utilización del derecho para perseguir a quien lucha contra las injusticias fue el distintivo de gobiernos autoritarios, el mecanismo para extender una injusticia por medio de todo el andamiaje jurídico, por tanto, el ardid leguleyo para cercenar la dignidad de un pueblo que siente y vive las injusticias de administraciones abiertamente represivas.

Las carpetas de investigación sustentadas en hechos inverosímiles indican que no hay derecho neutral, que es el interés del empresario el que sale beneficiado al final de la balanza, al pobre se le criminaliza e incrimina, se le persigue con la ley en la mano, mientras que los verdaderos criminales de Estado son tratados con total impunidad.

La compañera Noemia Calles Ríos y el compañero Jorge Ceja Ramos son perseguidos políticos de la administración gubernamental que representa Silvano Aureoles Conejo, situación similar acontece en el estado de Chiapas gobernado por Rutilio Escandón Cadenas, quien desde su arribo al Ejecutivo estatal mantiene una ofensiva contra comunidades campesinas indígenas, colonias populares y organizaciones populares, y amenaza al FNLS con la existencia de más de 200 carpetas de investigación.

Ser luchador social y desarrollar crítica política para que se erradiquen las injusticias no es sinónimo de delincuente, se es un luchador por la justicia social; denunciar las injusticias que vive a diario el pueblo no es una actividad ilícita, por ello, cuando un activista político pisa la cárcel motivado por su actuar y forma de pensamiento, es un preso político.

¿Cuál es el trato que reciben los delincuentes confesos de cuello blanco y los luchadores sociales acusados injustamente? Sin duda es un trato preferencial para aquellos políticos de oficio vinculados a todo un entramado de corruptelas y que profanaron el nombre de la nación, para ellos todas las prerrogativas de la ley, con diversos artilugios evaden tocar la prisión y son tratados con singular distinción.

Al luchador social se le fustiga con todas las mañas que aprenden los jueces y fiscales, lo que señala su condición venal y el trato por consigna contra el sujeto político consciente. Las inconsistencias jurídicas son mantenidas como sustento de carpetas de investigación creadas exprofeso para castigar la voluntad de lucha del pueblo trabajador.

La experiencia de las masas organizadas es concreta, no importa qué personaje de la política institucional se encuentre en el poder, las violaciones a los derechos humanos se mantienen inamovibles. La alternancia de las siglas partidistas en las estructuras gubernamentales no significa variación en la situación de violencia que aqueja al pueblo trabajador.

Hay mucha dignidad en las organizaciones populares cuando se enfrentan a gobiernos tiranos, existen gestos de valentía cuando el pueblo desarrolla la creatividad para hacer frente a la espiral de represión que busca eliminar la iniciativa popular contra las injusticias. Por cada violación a los derechos humanos, por cada preso o perseguido político, por cada hermano de clase sujeto a represión, existe una razón para mantener la lucha consciente.

Libertad a JAVIER, ARMANDO, ASUNCIÓN, VENTURINO y LEOBARDO. Alto a la persecución política contra NOEMIA y JORGE.

Atentamente
Comité de Familiares de Presos Políticos “Voces de Libertad”
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS

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