Ponencia del FNLS presentada en el Encuentro Nacional. La criminalización de la protesta popular y la judicialización como política de gobierno para contener la protesta popular

Ejido Río Florido, municipio de Ocosingo, Chiapas a 7 de agosto de 2020

ENCUENTRO NACIONAL DE ORGANIZACIONES CONTRA LA REPRESIÓN Y POR LA LIBERTAD DE LOS PRESOS POLÍTICOS

Saludamos a todos los compañeros y compañeras presentes en este ENCUENTRO NACIONAL DE ORGANIZACIONES CONTRA LA REPRESIÓN Y POR LA LIBERTAD DE LOS PRESOS POLÍTICOS, los saludamos desde la Ciudad de México, lugar donde desarrollamos lucha política e ideológica para lograr la libertad de nuestros compañeros Javier, Armando, Asunción, Venturino y Leobardo, así como la presentación con vida de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez, Edmundo Reyes Amaya y nuestro compañero Fidencio Gómez Sántiz.

Expresamos en estas líneas nuestra reflexión sobre la criminalización de la protesta popular y la judicialización como política de gobierno para contener la protesta popular. Política que enfrentamos en diversos momentos de la lucha.

La criminalización de la protesta popular es política de gobierno en el país, una práctica institucional aplicada por los gobiernos en turno, ya sea municipal, estatal o federal, para contener la protesta popular y acallar las voces críticas al régimen neoliberal. Una forma de presentar ante la opinión pública como delincuentes a todo luchador social, defensor de los derechos humanos o activista político como “transgresor” de la ley burguesa por recurrir a su legítimo derecho a la protesta, así como defender sus derechos constitucionales.

Criminalizar la lucha del pueblo organizado es uno de los mecanismos represivos a los que recurre el Estado mexicano para buscar inmovilizar al conjunto del movimiento popular y a la vez, sirva como ejemplo para todos aquellos que de manera organizada exigen el cumplimiento de sus demandas.

La criminalización de la protesta popular va de la mano con la judicialización como política de gobierno para incriminar a todo aquel que luche por sus derechos y libertades políticas, la elaboración de expedientes incriminatorios es una muestra de esta práctica institucional, la cual, tiene como objetivo mantener en las cárceles el mayor tiempo posible a los luchadores sociales.

Esta política no es nueva en el país, en los gobiernos priistas y panistas se ejercía contra el pueblo organizado, las cárceles albergaban, por un lado, a luchadores sociales o defensores de los derechos humanos por el simple hecho de defender el legítimo derecho a la posesión de la tierra, la salud, educación o vivienda; por el otro, con la supuesta declaración de guerra contra el narcotráfico y la delincuencia organizada (2006), empezaron a criminalizar a todo joven de origen proletario al señalarlo como miembro de algún grupo criminal, hecho con el que el gobierno en turno justificó cientos de miles de desapariciones forzadas o ejecuciones extrajudiciales.

Práctica que se intensificó en los tres últimos sexenios, dos panistas y uno priista, donde cualquier joven que pasaba por un retén militar o de la policía era señalado, según su lógica, como sospechoso, motivo por el cual eran detenidos y trasladados a cárceles clandestinas o en las mismas academias de policías donde sus familiares ya no los volvían ver. Con esos crímenes se consumaron cientos de miles de crímenes de Estado y de lesa humanidad en toda la geografía mexicana.

Las cárceles estaban llenas de hombres y mujeres incriminados injustamente, quienes, por el simple hecho de ser vistos como sospechosos por el ejército, la marina o policía fueron detenidos y consignados, algunos sin recibir sentencia alguna, otros mediante tortura aceptaron crímenes que no cometieron.

La administración actual no es ajena a esta política institucional, pese a que el titular del Ejecutivo federal dijo ser el “gobierno del cambio”, al señalar que no iba a reprimir, perseguir, ni mantener en las cárceles a luchadores sociales, en los hechos se materializan a través de detenciones arbitrarias, persecución política, impedimento al derecho a la protesta, al coartar el derecho a la libertad de expresión y manifestación de ideas, en sí, violaciones a los derechos humanos cometidas por policías municipal, estatal y federal, así como la recién creada Guardia Nacional.

La política que hoy se aplica contra las organizaciones populares es de dilación, porque ofrecen “atención” a sus demandas, incluso acercan a funcionarios sin capacidad de respuesta para simular que los atienden, pero éstas quedan en promesas y en un protocolo burocrático; por otro lado, criminalizan, descalifican y ponen un estigma a todo aquel que ejerce su derecho a la protesta, ante una actividad justifican que violentan el estado de derecho burgués, que lo constituyen como un delito y le quitan el contenido político a la actividad de denuncia.

La política actual del gobierno es perversa, porque a través de la demagogia intentan maquillar una realidad que no existe, pretenden generar opiniones a favor de las políticas impuestas en las administraciones en turno para beneficio de los grupos de poder político y económico. Modifican las leyes en materia judicial, incluso la propia Constitución para generar mecanismos de contención de la protesta y judicializarla con la intención de mantener presos a todo aquel que se oponga a las políticas gubernamentales.

Ejemplo de lo anterior es la aprobación de la ley que prohíbe “bloquear” calles y obras por el Congreso local de Tabasco, donde señalan que sancionarán hasta con 20 años de cárcel a quienes “impidan” la ejecución de obras públicas o calles en la entidad. El dictamen fue aprobado en lo general para que el artículo 308 Bis del Código Penal de la entidad se discutiera y aprobara en lo particular.

La modificación quedó de la siguiente manera, se sancionará "Al que extorsione, coercione, intente imponer o imponga cuotas o impida total o parcialmente el libre tránsito de personas y vehículos, maquinaria, equipo especializado o similar para la ejecución de trabajos y obras públicas o privadas en las vías y medios de comunicación de jurisdicción local al que se refiere el artículo 306, se le impondrá prisión de 6 a 13 años y multa de mil a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, sin perjuicio de las penas que correspondan por otros delitos que resulten”.

En esa lógica, el “extorsionador” es aquel que realiza una acción política de masas como medida de protesta para que el gobierno atienda las demandas, en los hechos coartan el derecho a la organización y a la libre manifestación de ideas con el objetivo de contener la movilización política de las masas. En esas condiciones, no se puede protestar porque todo sería tasado en las leyes burguesas y tratado como si se fuera criminal.

La conceptualización que le da el congreso local en esa entidad no es casual ni espontánea, obedece a una política institucional para aplicar en toda la República mexicana, como las reformas en materia de prisión preventiva oficiosa que avaló el senado, el pasado 30 de julio del año en curso, donde sancionarán con cárcel a las personas que cometan “actos ilícitos” contra las vías generales y vías de transporte. En él se da el trato de delincuente al pueblo que proteste para exigir el cumplimiento de una demanda que no es escuchada por los gobiernos en turno.

En entidades como Tabasco, Puebla, Michoacán y la Ciudad de México, los funcionarios aplican esa medida criminalizadora, en reiteradas ocasiones públicamente han dicho que no van aceptar ningún tipo de chantaje o extorsión, porque su política es “atender” a todo aquel que se acerque. Incluso en las actividades de denuncia como mítines, volanteo o acciones políticas de masas manifiestan que no van aceptar ningún “chantaje”. Con estas actitudes no se puede protestar, ni hacer actividades de denuncia para exigir demandas específicas del pueblo.

Las formas de criminalizar son varias, siempre van a anteponer una justificación jurídica ante cada acto de protesta que realicen las masas organizadas, a un bloqueo de carreteras le anteponen el concepto de obstrucción de las vías de comunicación, a las pintas o pegas de cartel los señalan como daño a la propiedad privada, a un volanteo informativo lo van a conceptualizar como extorsión, aspectos a los que nos hemos enfrentado como organización en los estados de Chiapas y Michoacán con la detención arbitraria e injusta de cinco compañeros, quienes hoy son presos políticos.

En los casos de nuestros compañeros se observa claramente la política criminalizadora de la administración en turno, porque fueron detenidos después de realizar acciones políticas de masas, en algunos casos como los de Javier González Díaz y Armando Hernández Sánchez fueron detenidos de manera arbitraria por sujetos vestidos de civil; el primero, víctima de desaparición forzada, los gobiernos locales negaron su paradero, tiempo en el que fue brutalmente torturado y presentado ante los juzgados después de realizar acciones políticas de masas; el segundo, fue detenido por personas vestidas de civil, trasladado al CERSS No. 14. El Amate, lugar donde fue torturado por 30 minutos para después presentarlo ante las autoridades, en ambos casos la tortura y amenazas de muerte estuvieron presentes.

En los casos de los compañeros Asunción Gómez Sánchez, Venturino Torres Escobar y Leobardo Reyes Meza se configura la detención injusta, fueron detenidos después de armar su expediente incriminatorio para justificar su reclusión en los centros penitenciarios de los estados de Chiapas y Michoacán. En estos casos los expedientes son fabricados, amañados y es evidente la consigna de mantenerlos en prisión, aunque no tengan justificación jurídica alguna.

En los cinco casos los delitos son fabricados, cada uno de los expedientes tiene inconsistencias jurídicas que no justifican su detención, no obstante, como hay consigna política de los gobiernos estatales, alargan los tiempos a través de prórrogas para evitar que en libertad lleven el proceso judicial.

A través de la persecución judicial y el encarcelamiento pretender minar la combatividad de lucha del pueblo organizado. Hoy, los centros penitenciarios del país albergan nuevos luchadores sociales que contradicen el discurso oficial, quienes son acusados de delitos que no cometieron, en las detenciones se configuran múltiples violaciones a los derechos humanos con tal de justificar su detención y mantenerlo el mayor tiempo posible tras las rejas.

La criminalización de la protesta popular se presenta de varias formas, otra de ellas es la prohibición del derecho a la protesta a través de señalar que un volanteo o pega de cartel violenta los reglamentos civiles o administraciones de las entidades federativas, ejemplo de ello es lo que sucedió con compañeros en la Ciudad de México, donde detuvieron de manera arbitraria a dos compañeras de la Organización de Lucha por la Emancipación Popular (OLEP) por pegar carteles en la vía pública, hecho considerado por las policías de la ciudad como una falta administrativa, por no tener el permiso para realizarlas.

Lo mismo sucedió con nuestros compañeros del FNLS, quienes realizan mítines políticos afuera de Palacio Nacional y con tal de que no pusieran las lonas en las vallas, colocaron a mujeres policías, para evitar que coloquen las mantas con consignas como ¡Presos políticos libertad! Y lonas con los rostros impresos de sus familiares presos políticos.

A eso se agrega la prepotencia y abuso de autoridad de la Policía Interbancaria en la estación Pino Suárez del metro de la Ciudad de México contra una compañera del Comité de Familiares de Presos Políticos “Voces de Libertad”, quienes por distribuir un volante en las inmediaciones del metro fueron amenazadas con detenerlas y presentarlas ante un juez de lo civil.

Los hechos no tienen otro nombre más que violaciones a los derechos humanos, sobre todo, en administraciones morenistas que señalan en todo momento respetarlos, pero, en la realidad objetiva expresan indolencia y desprecio al pueblo que se organiza fuera de los marcos corporativos gubernamentales.

Recientemente, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la Dra. Claudia Sheinbaum aprobó un Protocolo de Actuación Policial para manifestaciones y marchas en la misma entidad, donde reconocen los “derechos humanos de los policías”, con ello lo que hacen es proteger vía institucional y legal a sus cuerpos represivos, además de intentar reglamentar las marchas o manifestaciones para mantener el control sobre las masas organizadas que defienden sus derechos y libertades políticas.

Los hechos parecieran insignificantes, pero en sí expresan el condicionamiento institucional a las actividades de protesta; se pueden manifestar, pero en el lugar, tiempo y día que decida la autoridad, ello nos habla de un gobierno que poco a poco coarta los derechos e intenta inhibir la protesta popular.

Vivimos momentos complejos para el conjunto del movimiento popular independiente, la necesidad de mantener la lucha ideológica y las actividades políticas de masas es apremiante, por muy adversas que sean las condiciones que enfrentamos como organización.

La libertad de nuestros compañeros es una necesidad, mantengamos la denuncia y acciones políticas de masas hasta que estén en libertad. Porque ser luchador social no es sinónimo de delincuente. ¡Presos políticos! ¡Libertad!

Atentamente
¡Por la unidad obrera, campesina, indígena y popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS