Portada del sitio > Distrito Federal > Tinta Socialista 128. La continuidad de la violencia institucional acorde (...)

Tinta Socialista 128. La continuidad de la violencia institucional acorde a los parámetros del fortalecimiento del Estado policíaco militar

Sábado 1ro de agosto de 2020, por Ciudad de México

Ciudad de México a 01 de agosto de 2020

Descarga aquí Tinta Socialista

La violencia institucional no cesa, adquiere nuevos bríos con el amparo del fortalecimiento del Estado policíaco militar a través del supuesto combate de nuevas nomenclaturas delincuenciales. La ruta esbozada por los gobiernos anteriores para mantener en vilo los deseos belicistas es mantenida con el propósito de acostumbrar al pueblo a la presencia militar en las calles.

La Guardia Nacional (GN) ya demostró la esencia para la que fue creada, ejercer el control social en espacios geográficos donde está asentado el interés empresarial. Lo acontecido en el estado de Chihuahua es ilustrativo en este sentido, donde militares y la GN arremetieron contra campesinos que exigían el cese al uso irracional de los mantos acuíferos para satisfacer necesidades mezquinas de los grupos empresariales.

El diferendo que hizo que el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) se separara de ese cargo es un indicativo más de la vocación belicista de la actual administración, si bien ésta política gubernamental se encuentra matizada por el supuesto desarrollo del país, en los hechos existe el remozamiento de las labores de los cuerpos policíaco militares en funciones que en otro momento tenían a su cargo autoridades civiles.

La militarización de toda la vida política del país dio inicio en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, él comenzó a nombrar a elementos militares en activo y en retiro en puestos de seguridad pública, con lo cual el despliegue de elementos castrenses en las calles era respaldado desde las instituciones públicas.

La fórmula gubernamental de incentivar el desarrollo económico con base en la permanencia de las fuerzas armadas en las calles dista mucho de ser una propuesta que emane de un gobierno que presume de democrático, con esta política gobernaron las administraciones del PAN y el PRI, cuyas deleznables consecuencias son conocidas para el pueblo, más de un millón de desplazados por la violencia institucional, más de 300 mil detenidos desaparecidos y más de medio millón de ejecutados extrajudicialmente.

Nadie duda de la existencia de estructuras criminales cuyo poder de fuego es considerable, pero lo que resulta inverosímil es la actuación al margen de determinado grupo de poder empresarial ligados a ciertos políticos de oficio. Al final de la ecuación resulta una empresa que comercia con productos ilegales que se rige por las mismas leyes de desarrollo capitalista, es decir, se rigen por la lógica del monopolio, proceso que empuja hacia la ruta de la concentración y centralización de este negocio ilegal.

Las escaramuzas entre grupos de poder que se disputan el control de rutas de mercado tanto de mercancía legal como ilegal debe ser explicado bajo el crisol del reacomodo de éstos, mediante las leyes de la competencia que empuja al surgimiento de una sola sigla monopólica. El epicentro de la actividad criminal es pasado a otro punto de la República, hoy figura Guanajuato en los reflectores, como en su momento fue Chihuahua o Tamaulipas, lo que indica la pugna visceral entre los oligarcas y políticos de oficio.

Las divergencias entre oligarcas son dirimidas en pactos o acuerdos comerciales, no obstante, cada uno defiende sus intereses hasta las últimas consecuencias, de ello se desprende que ese reacomodo puede llegar a adquirir características violentas como las que hoy se viven en varias partes del territorio nacional, donde al final los muertos los pone el pueblo y no siempre ligado de forma real a los negocios ilícitos.

La afirmación de que más del 70 por ciento de los homicidios en el país tiene relación con la delincuencia organizada es una conclusión muy temeraria, por decir lo menos, porque aún permanece en la memoria una actitud similar del entonces presidente Calderón, cuando sin mayor cortapisas sentenciaba que los asesinatos tenían que ver con ajustes de cuentas entre grupos criminales o bajas colaterales.

Conclusiones de esta naturaleza exigen un mayor rigor científico y no sólo basarse en conclusiones especulativas, por principio viola la presunción de inocencia del sujeto, porque nadie merece la muerte por muy atroz que sea su actitud antijurídica, mucho menos sin un proceso legal que compruebe tales hechos, a la vez que criminaliza su condición de pertenencia a las masas trabajadoras, revictimiza a las víctimas y sus familiares.

El gobierno federal debe saber distinguir entre la crítica vulgar de sus adversarios políticos de aquella voz escrutadora del movimiento popular, es real que la administración actual enfrenta pugnas nada tersas, sin embargo, el enemigo a combatir no se encuentra en las masas trabajadoras, por lo tanto, si la intención consiste en distinguirse de los otrora gobiernos represores, debe iniciar por evitar criminalizar e incriminar a priori a las víctimas de la violencia institucional y de la descomposición del régimen.

El impulso que fue otorgado a las fuerzas armadas trajo consigo el incremento de violaciones a los derechos humanos y a las libertades políticas, esto no es una puntada que surja de la pura especulación, parte de hechos concretos que a diario vive el pueblo trabajador, por ello, la atención de las demandas populares no pasa por el uso de la bota militar para coaccionar la protesta popular.

Ningún mexicano en su sano juicio se opone al desarrollo económico del país, pero si éste se finca en la sangre del pueblo trabajador, es obvio que la respuesta será de rechazo. De qué otra manera pueden responder las masas cuando les asesinan a sus hijos, como sucedió en el estado de Oaxaca donde hubo masacre contra habitantes de comunidades que se oponen a la construcción de proyectos eólicos.

La pregunta sigue en el aire, si desde el gobierno federal existe la insistencia de que no ordena la represión, ¿quién faculta a las fuerzas armadas a cometer violaciones a los derechos humanos? ¿Desde dónde parte la cadena de mando para ejecutar los planes represivos contra las masas inermes?

Parte del pueblo quiso creer que el remozamiento de las estructuras castrenses redundaría en generar el sentimiento de seguridad, pero los hechos demuestran que la seguridad es para quien posee grandes sumas de capital, para los empresarios nacionales y del extranjero que deciden expoliar los recursos naturales y energéticos. En esto se constriñen varios crímenes de lesa humanidad en Morelos, Oaxaca, Veracruz y Jalisco.

Erraron quienes supusieron que la transformación del país transitaba por los rieles de la creación de nuevos cuerpos represivos, ello sólo redundó en fortalecer el poder del Estado policíaco militar, en otorgar nuevas y mejores facultades para el desarrollo de planes represivos que apuntalen los intereses de grupos empresariales.

Por irónico que parezca, la tesis de la creación del enemigo interno sigue vigente, no necesariamente debe tener el control total el gobierno federal de su engendro, porque la figura presidencial en última instancia representa una parte del poder político, otra parte importante la poseen los gobernadores, políticos de oficio y grupos empresariales, con los cuales el presidente de la República debe establecer acuerdos para mantener su proyecto en pie.

Lo anterior no significa que el titular del Ejecutivo federal esté al margen de las violaciones a los derechos humanos que se comenten en todo el territorio nacional, al final es el jefe supremo de las fuerzas armadas y como tal debe estar al tanto de lo que cometen sus subalternos, por ello la denuncia debe centrarse en exigir el cese a esos actos que vulneran los derechos y libertades políticas.

La continuidad de la violencia institucional es real e inobjetable, en muchos casos tiene relación con el cometido de violaciones a los derechos humanos y en otras con la descomposición social del régimen, pero en ambos casos la responsabilidad recae en la figura del titular del Ejecutivo federal para poner un freno a esta situación que desangra a las masas trabajadoras.

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS

¿Un mensaje, un comentario?

moderación a priori

Este foro es moderado a priori: su contribución sólo aparecerá una vez validada por un/a administrador/a del sitio.

¿Quién es usted?
Su mensaje

Para crear párrafos, deje simplemente líneas vacías.