PRONUNCIAMIENTO: EN TORNO LA VISITA DEL EJECUTIVO FEDERAL A MICHOACÁN

26 de junio de 2020, Morelia, Michoacán

La visita del representante del Ejecutivo Federal: Andrés Manuel López Obrador a la ciudad de Morelia, Michoacán para la inauguración de un cuartel de la Guardia Nacional pone de manifiesto el carácter autoritario, pro fascista, pro imperialista y antipopular del régimen. Al igual que el discurso del ejecutivo federal, las palabras del gobernador Silvano Aureoles Conejo denotan la misma vocación represiva, por lo que la visita a la ciudad de Morelia se trata de una junta para afinar los planes de contrainsurgencia y represión en el país, al respecto cabe señalar como el gobierno federal hace caso omiso a las recomendaciones de organismos de derechos humanos de la ONU, que en su momento hicieron en torno a la formación de la guardia nacional, que no es un instrumento para defender la soberanía nacional .

La cobertura de la conferencia matutina ofrecida por el mandatario federal en las instalaciones de la XXI Zona Militar estuvo a cargo tanto de las instancias de gobierno y un grupo selecto de medios de comunicación nacionales, lo cual demuestra que la dictadura de la opinión se sigue ejerciendo como política de Estado, en tanto que a los medios de comunicación locales se les prohibió la entrada a la conferencia, los temas tratados en ella nada tuvieron que ver con los grandes problemas nacionales, entre los que cabe mencionar los relacionados con la existencia de miles de detenidos desaparecidos, presos políticos, casos de tortura y asesinatos por defender diversos derechos.

Bajo el discurso de respetar los acuerdos internacionales como el T-MEC, el ejecutivo federal adopta una posición conciliadora respecto a la voracidad del imperialismo estadounidense, que se traduce en sumisión respecto a las políticas económicas del imperialismo para los países dependientes cuya función es la de proveer materias primas y fuerza de trabajo como es el caso de México. Por ello es que independiente de las quejas de diferentes sectores energéticos privados, el actual gobierno prioriza la defensa de los intereses del imperialismo y de cierto grupo de oligarcas a los cuales sirve, ejemplo de ello es el despojo de tierras llevado a cabo en Chiapas donde el gobierno morenista de Rutilio Escandón Cadenas reprime a las organizaciones populares y a las comunidades indígenas campesinas para entregar la tierra a los caciques y oligarcas como Alfonso Romo.

La controversia entre el ejecutivo federal y el gobernador Silvano Aureoles Conejo es una muestra de las pugnas interpartidistas entre los políticos de oficio, mientras que el ejecutivo federal dice que la actuación de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública “ya está establecido en la constitución”, da muestra que esta se impuso sin tomar en cuenta a los organismos defensores de derechos humanos y sectores populares, es una muestra de autoritarismo que ha venido impregnado al actuar de las pasadas administraciones que impulsaron la militarización del país.

Por su parte, el gobernador Silvano Aureoles Conejo al decir que “el tema de controversia no es contra el presidente ni contra las fuerzas armadas” y declarar que “yo soy admirador y defensor de las fuerzas armadas”, admite sin pudor alguno su vocación pro fascista y represivo, pues independientemente del color que vista, tanto el cómo el ejecutivo federal y estatal, unen esfuerzos para militarizar el país, la diferencia estriba en que AMLO actúa bajo el manto de “legitimidad” que le brinda el pueblo mientras que Silvano desde el sexenio de Enrique Peña Nieto ha impulsado la militarización del país y el intento de imponer la Ley de Seguridad Interior (LSI).

Si bien ambos representantes del gobierno federal y estatal se consideran ser de “izquierda”, sus actos los evidencian como agentes reaccionarios, mucho discurso para al último decir que la militarización de la vida pública del país seguirá independientemente de las denuncias de las organizaciones populares y defensoras de derechos humanos. Ambos personajes encuentran también coincidencias cuando se trata de defender a las fuerzas armadas lo cual en los hechos se traduce en darles protección jurídica e impunidad, por lo que reiteramos, nada tiene de digno pertenecer a los cuerpos policiacos cuando estos cumplen la función de ser los verdugos del pueblo.

No cabe duda que la política de terrorismo de Estado y el cometido de crímenes de lesa humanidad forman parte de la forma de gobierno a nivel federal y estatal, en Michoacán esto se traduce en la amplia coordinación entre los tres niveles de gobierno para ejercer la concentración de cuerpos represivos y ejercer la criminal represión contra quienes luchan y se organizan, botón de muestra está la concentración de distintos cuerpos policiacos como la Policía Ministerial, la FGE, Policía Michoacán y Guardia Nacional para ejercer la represión contra las escuelas normales, comunidades indígenas campesinas y organizaciones populares como el FNLS.

De nada sirve cuando el ejecutivo federal menciona que “en la democracia hay pluralidad y se tiene que garantizar el derecho a disentir” cuando solamente se da voz a la burguesía mientras que al pueblo trabajador se le somete y se le trata de acallar por medio de la fuerza policíaca militar. Se reprime y criminaliza a quien por la vía de los hechos hace valer su derecho a disentir por medio de la protesta. La existencia de presos políticos en el país como es el caso de nuestros compañeros Javier González Díaz, Armando Hernández Sánchez, Venturino Torres Escobar y Asunción Gómez Sánchez y de otras organizaciones populares así como el caso de la abogada Susana Prieto demuestran que para el Estado Mexicano, el disentir de sus políticas gubernamentales equivale al castigo de ser encarcelado de manera injusta.

El discurso Silvanista de reconocer la vocación del presidente de respetar el “derecho divino y sagrado de decir lo que pensamos” cae por su propio peso, pues este se ha negado rotundamente a escuchar las demandas de las masas trabajadoras a la vez que ha ejercido toda una política antipopular con el pueblo michoacano, por su parte el gobierno federal se sigue negando a entablar una mesa de diálogo con el FNLS para tratar el caso de la desaparición forzada de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya y el caso de nuestros compañeros presos políticos en estado de Chiapas.

Independiente del color del partido que representen, tanto el gobierno federal y estatal en Michoacán no pueden esconder su verdadera esencia y vocación, por tanto que se hable la pluralidad, lo real es que seguimos viviendo bajo la dictadura burguesa donde es más importante defender los intereses de la burguesía que resolver las necesidades de las masas trabajadoras, por lo que continuamos en pie de lucha por la defensa de los derechos humanos y constitucionales del pueblo trabajador, por la libertad de todos los presos políticos del país, la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos de ayer y hoy y por el socialismo en México.

FRATERNAL Y COMBATIVAMENTE:

FRENTE NACIONAL DE LUCHA POR EL SOCIALISMO
FNLS