Pronunciamiento. La situación que prevalece en la entidad chiapaneca es única y exclusivamente responsabilidad del gobernador Rutilio Escandón Cadenas

Ciudad de México a 13 de junio de 2020

A la opinión pública

La situación política y social de la entidad chiapaneca es responsabilidad del gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, es él quien insiste en dar una salida represiva a las demandas más sentidas de comunidades campesinas indígenas. La indolencia y la dilación institucional para atender las necesidades de antaño conduce a la movilización política, cuya respuesta es la represión, el cometido de crímenes de lesa humanidad y de Estado.

Es ilustrativa la manera en que la autoridad gubernamental insiste en criminalizar la actividad de protesta, con la amenaza de crear carpetas de investigación y sus respectivas órdenes de aprehensión. La pregunta es obvia,

¿Por qué no consideró con esa prestancia la denuncia penal que interpusieron los familiares por la detención ilegal de nuestros compañeros? ¿Cuál es la explicación de que hasta ahora los avances son nulos en la investigación por el crimen de desaparición forzada y ejecución extrajudicial de integrantes de nuestra organización?

El actuar del grupo paramilitar indica la red de complicidades que existe entre las autoridades municipales de Ocosingo y Altamirano, en contubernio con el gobierno de la entidad. Es inadmisible que este grupo criminal pueda moverse en total libertad con sus armas en zonas urbanas donde existe un constante patrullaje policíaco, donde hay una cantidad amplia de cámaras.

Es amplio el historial de actividades criminales del grupo paramilitar “Los petules”, no sólo realizan sus fechorías contra organizaciones populares o comunidades organizadas, en su haber hay extorsiones, amenazas, robo, entre otras contra las comunidades circunvecinas. Su responsabilidad es esparcir la violencia en la región, misma que beneficia a las autoridades gubernamentales de la entidad.

La utilización de personas desclasadas y descompuestas que reniegan de su pasado campesino, no les importa asesinar, desaparecer o cometer otras actividades delictivas, su propósito es fungir como el puntal de represión que justifique el cometido de otros crímenes contra las organizaciones populares.

El despliegue de la Guardia Nacional en las regiones aledañas de las comunidades organizadas en el FNLS es la comprobación de que las corporaciones policíacas no son creadas para salvaguardar los intereses colectivos de la población, de lo contrario ¿por qué no se implementan los mismos operativos en el campamento paramilitar donde mantienen privados de su libertad a nuestros compañeros?

No puede haber confusión, la verdad empieza a ser dilucidada. En Chiapas existe un gobierno represor, criminal y con una vocación profascista. Las problemáticas que hoy existen en la entidad son debido a la actitud omisa y complaciente para que el paramilitarismo actúe con total impunidad.

La violencia institucional en la entidad chiapaneca alcanza a diversos sectores, a varias organizaciones populares y al pueblo en general. Son múltiples los testimonios que describen la complicidad de las autoridades de los gobiernos municipal y estatal, porque por más denuncias de violación a los derechos humanos y procedimientos jurídicos que interpongan las víctimas para acceder a la justicia, ésta no llega.

El pasado político del gobernador chiapaneco lo envuelve en una maraña de corruptelas para llegar a la administración del estado, en un entramado de crímenes con investidura de otros partidos políticos, hoy con la representación de MORENA, insiste en mantener los ideales de la administración federal, sin embargo, lo que en los hechos se observa es la continuidad de la violencia institucional.

La diferencia de partido político no es sustancial para que exista otra diferenciación que no sea más que de matiz, en la práctica concreta importa que el presidente municipal sea de MORENA y el de Altamirano del PVEM, entre ellos existe la coordinación y complicidad para ejercer la represión contra las masas organizadas.

Para ejercer la violencia institucional hay común acuerdo, en eso se reduce la instalación de las mesas de seguridad donde acuerdan en qué momento cometer crímenes y contra quiénes. Desde aquí se les brinda protección e impunidad para el actuar paramilitar de diversos grupos en varias regiones de la entidad chiapaneca.

El gobierno federal es responsable por omisión, en tanto que no busca los mecanismos efectivos para poner un freno a la vocación represiva del gobierno chiapaneco. Conforme pasa el tiempo y el mutismo identifica su actitud política, lo hace corresponsable de lo que pueda acontecer en la entidad.

Para nadie es desconocido el historial represivo que caracteriza a la actual administración chiapaneca, esta denuncia llegó hasta las salas del palacio legislativo donde un grupo de diputados de la misma sigla partidista propuso un punto de acuerdo para conminar al gobierno estatal a desistir de su vocación criminal y represiva.

¿De qué lado están los criminales? ¿Quién es el que miente? Sin duda que los criminales están investidos con alguna representación formal de la democracia institucional, ello les garantiza inmunidad para ejercer sus planes represivos. Ellos son los que mienten al pretender colocar a la organización popular de las masas trabajadoras como el enemigo a vencer a través de la calumnia, la mentira y el vituperio.

El pueblo tiene el legítimo derecho a la organización y a la acción política de masas cuando está de por medio la integridad colectiva de las organizaciones y comunidades. No lo olviden señores del gobierno estatal, el FNLS siempre estuvo en disposición de dialogar para llegar a soluciones duraderas, pero fueron ustedes quienes mandaron a su emisario para propalar amenazas y no fueron capaces de cumplir la minuta que suscribieron, por el contrario, un día bastó para que toda posibilidad de diálogo quedará nulificada, porque al siguiente día de esta reunión ejecutan la detención del compañero Armando Hernández Sánchez.

Hay razón sobrada para que no exista confianza en un gobierno mentiroso, represivo y criminal. Por ello, la solución de las demandas pasa inexorablemente por la instalación de una mesa de trabajo con funcionarios del gobierno federal con capacidades resolutivas. En tanto que nuestra solicitud sea omitida, será su responsabilidad por omisión de lo que acontezca.

Por la unidad obrero, campesino, indígena y popular
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS