La reactivación y creación de nuevos grupos paramilitares es política de gobierno de la actual administración en Chiapas

Ciudad de México a 9 de junio de 2020

A la opinión pública

El gobierno chiapaneco que encabeza Rutilio Escandón Cadenas delinea su política institucional en la reactivación y creación de nuevos grupos paramilitares para intentar contener el avance de las organizaciones populares en la exigencia de sus derechos elementales. Es una política ruin que busca enfrentar al explotado contra el explotado, sólo que una de las partes dejó de sentirse identificado con las masas populares.

El paramilitarismo es una política contrainsurgente que pretende generar la idea de que los conflictos sociales tienen punto de partida en inconformidades intercomunitarios, sin embargo, esto sólo es la cortina de humo con la cual se encubre una estructura policíaco militar y los intereses del Estado mexicano, con el propósito de generar el clima idóneo para el actuar represivo de las fuerzas represivas.

Ocultar las insignias de tal o cual corporación policíaca militar es una medida perversa que busca hacer más difícil el acceso a la justicia en el cometido de un crimen de lesa humanidad, es con el propósito de eludir la responsabilidad de las estructuras políticas de la objetivación de múltiples violaciones a los derechos humanos y crímenes de Estado.

“Los petules” son un grupo de campesinos que decidieron estar del lado de los opresores, perdieron todo vínculo con las comunidades campesinas desde el momento que optaron por accionar como punta de lanza de la represión, en el cometido de múltiples fechorías que van desde los asaltos, amenazas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.

No existe forma de argumentar un conflicto comunitario, porque desde el principio este grupo de personas se amparó al cobijo de las autoridades del municipio de Ocosingo y del estado. Fueron éstas las que los parapetaron con armas y municiones, aunado a que les otorgaron viviendas, claves para escuelas y energía eléctrica, cuando estas demandas son exigencias que en las comunidades organizadas son negadas sistemáticamente.

Hoy cometen la detención del compañero Carlos López Gómez y lo mantienen privado de su libertad en su campamento paramilitar. No existe otra explicación que la relación que tienen con agentes del Estado, de otra manera no es posible admitir la cantidad de municiones que disparan contra la comunidad “El Carrizal” y la protección que le brinda patrullas de la policía estatal en las inmediaciones de su campamento paramilitar.

La impunidad con la que actúa este grupo paramilitar es tal que sin mayor pudor realizan rondines en las comunidades con sus armas de alto poder visibles a ojos de todos. Así está constatado en la incursión que hicieron a la comunidad de San Agustín para amenazar a las autoridades ejidales, a mujeres y niños que participan en el FNLS.

El actuar de este grupo paramilitar no puede entenderse al margen de la autoridad gubernamental, sus actos delictivos son conocidos en la región por diversos testimonios y su vínculo con las instituciones del gobierno estatal está explicada en la impunidad que encubre sus fechorías.

Sobre la responsabilidad de este grupo paramilitar pesa la ejecución extrajudicial del compañero Humberto Morales Sántiz, quien tenía apenas 13 años de edad cuando fue víctima de las balas asesinas de este grupo de desclasados, hay testimonio sólido de que la comunidad el “Nacimiento” fue uno de los lugares a donde fue trasladado el compañero Fidencio Gómez Sántiz después de ser víctima de desaparición forzada.

Arrebatar la vida a un menor de edad no tiene definición dentro de los parámetros de la humanidad, en este acto develaron su total descomposición social que los conduce a actuar contra un niño sin mayor remordimiento, todo con tal de obtener las prebendas que les otorga el Estado mexicano.

El vínculo que une a un grupo paramilitar es muy nítido, sólo aquel que no quiere ver niega estos hechos. En Chiapas es una práctica común que está delineada desde las denominadas mesas de seguridad, ahí confluyen funcionarios de gobierno federal donde quedan en común acuerdo de incentivar la descomposición social de algunas comunidades con el objetivo de utilizarlos como punta de lanza de la represión.

En todas las regiones de la entidad surgen nuevas siglas y son reactivados grupos paramilitares que de antaño tienen el nexo con las autoridades de cada gobierno en turno. La autoridad federal no puede obviar hechos tan claros de violación a los derechos humanos, máxime cuando comparten la misma sigla partidista. Las cosas como son, hay connivencia, mutuo acuerdo o la esencia represiva es mantenida sin variaciones muy a pesar de la promesa institucional.

Para las organizaciones populares y las comunidades organizadas en toda la geografía nacional hay una verdad insoslayable, la permanencia de la violencia de clase e institucional que cada día cobra más víctimas. No es el maniqueísmo el que orienta nuestros juicios, es la realidad objetiva la que lacera diariamente a las masas trabajadoras.

Existe un hecho irrefutable, cada año que realizamos actividades de denuncia y protesta por la presentación con vida de los detenidos desaparecidos, de manera particular por los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, así como la de nuestro compañero Fidencio Gómez Sántiz es cuando el Estado mexicano intenta cometer crímenes contra nuestra con el propósito de hacernos desistir de nuestras jornadas de lucha.

El linchamiento en Hidalgo y Veracruz contra compañeros de una larga data en la lucha campesina; el hostigamiento y nula voluntad de atención en Michoacán; las agresiones paramilitares y encarcelamiento injusto en Chiapas; son sólo algunos elementos que indican la sistematicidad de la represión y del intento de acallar la voz de denuncia con más crímenes y violaciones a los derechos humanos.

La exigencia de presentación con vida es justa, así como la libertad de los presos políticos, a ella sumamos la presentación con vida de nuestro compañero Carlos López Sánchez y el cese al hostigamiento contra las comunidades y compañeros que formamos parte del FNLS. Cualquier agresión será responsabilidad de las autoridades estatales correspondientes y del gobierno que representa Andrés Manuel López Obrador.

Por la unidad obrero, campesina, indígena y popular
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS